Guanajuato.- Tras dos años desde que el exgobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo concesionó la administración de la carretera Guanajuato-Silao a la empresa Concesionaria Valle de la Independencia, S.A. de C.V., el proyecto para construir la autopista Silao-San Miguel de Allende no ha iniciado. La actual administración, bajo el mando de Libia García Muñoz Ledo, enfrenta retrasos en la obtención de permisos necesarios y la liberación de terrenos requeridos para el derecho de vía.
El Gobierno del Estado de Guanajuato autorizó una concesión cuyo objetivo es construir una autopista de 53 kilómetros que conecte Silao con San Miguel de Allende. La obra fue asignada a la única empresa que presentó propuesta en la licitación, que incluye a las empresas VISE y Rubau. Hasta la fecha, el inicio de la obra está estancado debido a la falta de permisos federales. De las 409.74 hectáreas necesarias para el derecho de vía, aún se deben liberar 18 hectáreas.
El 16 de junio, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) otorgó la Manifestación de Impacto Ambiental, el primer paso hacia la obtención de los cinco permisos requeridos. Sin embargo, aún faltan otros cuatro permisos, incluido el cambio de uso de suelo que también debe ser autorizado por Semarnat, además de autorizaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
Juan Pablo Pérez Beltrán, secretario de Obra Pública del Estado, estima que la construcción podría comenzar en noviembre, dependiendo de la obtención del permiso de cambio de uso de suelo. Sin embargo, no existe una fecha exacta para el inicio ni para la conclusión de la obra, la cual, según la Semarnat, tiene un plazo de cinco años desde que se obtengan todos los permisos requeridos.
Desde la entrega de la carretera, el Estado ha dejado de percibir ingresos por aproximadamente 436 millones de pesos en peaje, que anteriormente generaba un promedio de 250 millones de pesos anuales. La concesionaria debe remodelar la carretera y reubicar una caseta de cobro, tarea que debía estar concluida en marzo, pero ha sido prorrogada hasta octubre.
La cláusula del contrato estipula que la concesionaria debe pagar al Gobierno del Estado una contraprestación anual del 0.5% de los ingresos brutos. A pesar de esta obligación, las autoridades estatales no han dado detalles sobre las razones del retraso en la autopista.
El informe del Gobierno estatal sugiere que la revisión técnica, financiera y normativa de esta concesionaria está en proceso, con una fecha límite para dar a conocer resultados en diciembre de 2026. Hasta el momento, el proceso de liberación de tierras ha enfrentado dificultades debido a desacuerdos sobre precios con propietarios de terrenos.
Finalmente, los plazos establecidos en el contrato para la entrega de permisos y la conclusión de la obra no se están cumpliendo, lo que genera cuestionamientos sobre la capacidad de la concesionaria para cumplir con sus compromisos. La administración actual asegura que está comprometida con la transparencia y la verificación del cumplimiento de los términos acordados en la concesión.