Unidades de Seguridad de León, involucradas en 1,711 percances viales

El balance abarca de 2024 a octubre de 2026. Una respuesta de Transparencia citada por Periódico Correo reporta 19 vehículos declarados pérdida total. El costo para el municipio sigue sin verificarse.

LEÓN, GUANAJUATO. Las unidades de la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León estuvieron involucradas en 1,711 percances viales entre 2024 y octubre de 2026. En ese periodo, 19 vehículos fueron declarados pérdida total, según la respuesta municipal de Transparencia con folio SSI-2026-2031, citada por Periódico Correo el 8 de noviembre.

El recuento registra percances en los que participaron unidades de Seguridad. La cobertura disponible no detalla cuántos vehículos distintos estuvieron involucrados ni en cuántos casos se atribuyó responsabilidad a un conductor de la corporación.

¿Quién cubrió las reparaciones?

Según la respuesta municipal citada por el medio, la aseguradora gestiona y cubre las reparaciones y los daños. La información difundida no precisa cuánto pagó la aseguradora, cuánto desembolsó el municipio en deducibles ni cuánto costó reponer las unidades declaradas pérdida total.

Ese desglose permitiría saber qué parte del costo absorbió el seguro y qué parte salió del presupuesto municipal.

¿Cómo se determina la responsabilidad en los percances?

El síndico Román Cifuentes Negrete, presidente de la comisión municipal de Seguridad, explicó a Periódico Correo que, cuando una unidad se ve involucrada en un percance, se revisan los partes informativos para determinar qué reporte atendía y bajo qué código de emergencia circulaba. También señaló que el manejo forma parte de la capacitación de la Academia Metropolitana.

La Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales indicó que los procedimientos disciplinarios del personal operativo quedan fuera de sus atribuciones. Con la información publicada hasta ahora, sigue pendiente conocer cuántos percances derivaron en investigaciones y cuántos terminaron en sanción.

ASF DESMIENTE SEÑALAMIENTOS DE MEDIO CONTRA MAURICIO TREJO POR 52 MILLONES

La ASF dio por solventados cuatro pliegos de San Miguel de Allende. Los 52.47 millones de pesos aparecen en una solicitud de aclaración cuyo desenlace sigue sin verificarse.

SAN MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO. Los 52,468,738.33 pesos que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) pidió aclarar al gobierno municipal de Mauricio Trejo Pureco tienen un folio distinto al del pliego que el organismo dio por solventado en julio de 2025. Ambos documentos corresponden a la auditoría 1065 de la Cuenta Pública 2023. La diferencia está en la acción que identifica cada uno.

En su informe individual, la ASF registró el monto bajo la solicitud de aclaración 2023-D-11003-19-1065-03-001. El oficio dirigido al alcalde, en cambio, comunica la solventación del pliego de observaciones 2023-D-11003-19-1065-06-001. El oficio acredita el cierre de ese pliego. Para saber si también resolvió la solicitud por los 52.47 millones hace falta consultar el historial de la acción o una resolución que vincule ambos folios.

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Qué pidió aclarar la ASF

La auditoría revisó 61.08 millones de pesos en operaciones financiadas con participaciones federales de 2023. Al emitir el informe, la ASF reportó que seguían por aclarar 52.47 millones, equivalentes al 85.9% de la muestra auditada. El organismo pidió documentación que acreditara la entrega de bienes y la prestación de servicios pagados por el Ayuntamiento.

Entre los documentos faltantes, la ASF identificó el acta de entrega de un compactador vibratorio, las actas de entrega de cuatro vehículos y la constancia de su alta en el padrón vehicular. También señaló que faltaba acreditar los entregables de un servicio integral de salud y de un contrato relacionado con spots. El Ayuntamiento presentó información durante la revisión y aclaró parte de lo observado. La ASF emitió la solicitud por el monto que quedó sin aclarar al cierre del informe individual.

Cuatro pliegos solventados al corte de julio

En un informe remitido al Ayuntamiento el 17 de agosto de 2026, con corte al 31 de julio, la ASF registró cuatro pliegos solventados y con seguimiento concluido. Uno correspondía a la Cuenta Pública 2022, otro a 2023 y dos a 2024. En ese conjunto, el reporte contabilizó cero pliegos en seguimiento, en tránsito de notificación o remitidos a las áreas de Investigación y Responsabilidades.

FEDERAL 2022-2024

2022 | Luminarias. La ASF notificó el 10 de octubre de 2024 la solventación del pliego 2022-D-11003-19-0968-06-001. La auditoría había observado 731,960 pesos por la falta de evidencia fotográfica de 200 luminarias reportadas como instaladas en el municipio.

FEDERAL 2022

2023 | Participaciones federales. El oficio AESII/SOL-0260/2025, fechado el 1 de julio de 2025 y dirigido a Mauricio Trejo Pureco, comunica la solventación del pliego 2023-D-11003-19-1065-06-001. El documento identifica la auditoría y el pliego, pero omite tanto el monto como la clave de la solicitud de aclaración.

FEDERAL 2023

2024 | Alumbrado público. La ASF emitió el pliego 2024-D-11003-19-1049-06-001 por 15,679,029.80 pesos. Entre las deficiencias señaladas figuraban la falta de reportes de inspección y de evidencia fotográfica en un contrato para adquirir 4,300 luminarias LED. La ASF notificó su solventación el 8 de mayo de 2026.

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2024 | Retiro de lirio en la presa Ignacio Allende. El pliego 2024-D-11003-19-1049-06-002 se emitió por 3,672,969.48 pesos. La auditoría señaló que faltaban bitácoras, reportes fotográficos y avances validados del servicio de extracción y acarreo de lirio acuático. La ASF notificó su solventación también el 8 de mayo de 2026.

FEDERAL 2024-1

El documento que falta

El Ayuntamiento puede identificar qué documentación entregó para atender la solicitud 2023-D-11003-19-1065-03-001. A la ASF le corresponde precisar en qué terminó su revisión y, si la solicitud dio origen a otra acción, indicar su clave y el monto correspondiente.

El informe individual permite fechar el señalamiento: los 52.47 millones de pesos estaban por aclarar cuando la ASF emitió los resultados de la auditoría. Los oficios posteriores permiten fechar la solventación de los cuatro pliegos. La resolución de la solicitud 03-001 es la pieza que falta para saber qué pasó con ese monto.

León aprueba $5.1 millones para adornos navideños por 33 días

La contratación contempla diez elementos decorativos, además de su instalación y mantenimiento. Morena cuestionó el costo y el procedimiento; Turismo defendió el servicio por su impacto en la llegada de visitantes.

LEÓN, GUANAJUATO. La Comisión de Desarrollo Económico, Innovación y Turismo aprobó una contratación por 5 millones 97 mil 353 pesos para colocar decoración navideña durante 33 días en el Centro Histórico de León.

La propuesta recibió cinco votos a favor y uno en contra durante la sesión del lunes 9 de noviembre. El servicio anunciado incluye logística, traslado, instalación, mantenimiento y desmontaje de piezas de gran formato.

¿Qué adornos se instalarán en León?

La decoración se distribuirá en el Arco de la Calzada, la Plaza Expiatorio y la Plaza Principal. El conjunto contempla un león heráldico, iluminación para el Arco, un ciervo gigante, una estrella fugaz, un pino navideño y cinco esferas temáticas con luz y sonido.

Las esferas representarán un pesebre, campanas, peces en el río, un tambor y a Rodolfo el reno.

Morena cuestiona el costo y la adjudicación

La regidora Vanessa Montes de Oca Mayagoitia, de Morena, votó en contra. Cuestionó el monto y que la contratación no se hubiera sometido al Comité de Adquisiciones. También pidió conocer el estudio de mercado utilizado para elegir al proveedor.

La edil planteó revisar si al Municipio le convendría adquirir los adornos para reutilizarlos en otras temporadas.

Turismo defiende la contratación

La directora de Hospitalidad y Turismo, Yazmín Quiroz López, sostuvo que se revisan propuestas para valorar calidad, innovación y costo. La dependencia presentó la contratación como un servicio integral y argumentó que la decoración contribuye a atraer visitantes al centro de la ciudad.

Durante la comisión se explicó que el gasto fue clasificado como de orden social y cultural, fundamento utilizado para excluirlo de la revisión del Comité de Adquisiciones. El estudio de mercado mencionado por Turismo no se presentó durante esa sesión, según la cobertura consultada.

Víctor Flores, el estratega de marcas que está dando de qué hablar en Guanajuato

Con cinco libros publicados y una metodología propia, el consultor guanajuatense impulsa Verbomarketing, una propuesta que busca transformar la manera en que empresarios, marcas y políticos conectan con las personas.

En un mundo donde todos quieren destacar, pero pocos logran permanecer en la mente de las personas, Víctor Flores ha encontrado una fórmula para construir marcas que trasciendan.

El escritor y consultor guanajuatense es creador de Verbomarketing, una metodología que rompe con la publicidad tradicional al colocar las emociones, el lenguaje y el comportamiento humano en el centro del posicionamiento.

Su premisa es sencilla, pero poderosa: las marcas no se construyen con lo que dicen ser, sino con lo que hacen sentir y las acciones que las representan.

La propuesta tiene aplicaciones tanto en el mundo empresarial como en la política, donde la diferencia entre ser conocido y generar confianza puede definir el éxito de una marca o un liderazgo.

Autor de cinco libros, entre ellos Verbomarketing: El verbo que nos tocó vivir, Flores apuesta por desarrollar desde Guanajuato una nueva visión de la comunicación estratégica.

Además, trabaja con un laboratorio de neuromarketing, incorporando herramientas de análisis para estudiar las respuestas emocionales y cognitivas de los consumidores, con el objetivo de fortalecer las estrategias de posicionamiento.

El verdadero poder no está en ser visto, sino en ser elegido

En una época donde las marcas pagan por atención y los políticos luchan por conquistar la confianza, Víctor Flores apuesta por algo que el dinero por sí solo no puede comprar: un lugar en la mente y las emociones de las personas.

Su propuesta busca demostrar que desde Guanajuato también pueden surgir ideas capaces de transformar la manera de entender el marketing.

Porque cualquiera puede pagar para que lo vean. Pocos consiguen que los recuerden. Y solo las marcas que realmente conectan logran que las elijan.

Cumplir 18 sin un lugar adonde ir: Laura Mtz impulsa apoyos para jóvenes que egresan del sistema de cuidados

La propuesta «Nadie egresa sola o solo» plantea preparar desde los 15 años a adolescentes que podrían llegar a la mayoría de edad bajo cuidados alternativos. También prevé apoyos voluntarios de vivienda, educación, empleo y salud que podrían extenderse hasta los 25 años.

Para rentar un cuarto suele hacer falta dinero para el depósito. Para conservar un empleo, un lugar desde donde salir cada mañana. Y para terminar la escuela, tiempo y recursos para seguir asistiendo a clases. Para una persona joven que deja una casa hogar al cumplir 18 años sin una red familiar a la cual recurrir, esas tres necesidades pueden llegar juntas.

¿Qué respaldo tendría esa persona si su primer sueldo tarda en llegar o si necesita seguir estudiando? Esa pregunta está en el centro de «De la protección a la autonomía», el proyecto de iniciativa que promueve Laura Mtz con el lema «Nadie egresa sola o solo». El borrador identifica a la diputada federal Magdalena del Socorro Núñez Monreal como proponente y plantea reformar cuatro leyes para que la preparación comience antes de la salida y el apoyo pueda continuar durante los primeros años de la vida adulta.

México ha contado las casas hogar. ¿Qué sabe de quienes salen?

Con base en datos del INEGI, el Instituto Belisario Domínguez del Senado documentó que en 2020 había 1,000 casas hogar para menores de edad, con 24,574 personas usuarias. Es una fotografía del alojamiento residencial en ese año. Saber cuántas personas viven en esos centros permite dimensionar el sistema. Saber cuántas salen al cumplir 18 años, dónde viven después y si continúan estudiando exige otro tipo de seguimiento. bibliodigitalibd.senado.gob.mx

La ley ya contempla el momento de la salida. Desde 2019, el artículo 30 Bis 8 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes obliga a los centros de asistencia social, públicos y privados, a brindar servicios de atención a quienes alcanzan la mayoría de edad bajo su custodia para favorecer su inclusión social. La obligación existe en términos generales. El proyecto busca traducirla en un calendario de preparación, responsabilidades institucionales y apoyos concretos. www.diputados.gob.mx

En su mapeo regional sobre el egreso de cuidados alternativos, Aldeas Infantiles SOS identificó que, al momento del estudio, México carecía de una política pública específica para esa transición. La organización también documentó experiencias de acompañamiento. En su memoria de 2024, reportó que nueve jóvenes concluyeron ese proceso y egresaron en su programa de Ciudad de México. El dato corresponde a ese programa y muestra que el acompañamiento ya tiene una aplicación concreta. aldeasinfantiles.org

La salida se prepararía desde los 15 años

El borrador propone iniciar la preparación a los 15 años cuando exista una posibilidad razonable de que una persona adolescente llegue a la mayoría de edad sin una reintegración familiar, una adopción u otra solución familiar permanente y segura. Si entra al sistema después de esa edad, el proceso comenzaría desde su incorporación.

La Procuraduría de Protección correspondiente, en coordinación con el DIF, iniciaría un Plan Individual de Transición. Su contenido tendría que responder a las circunstancias de cada adolescente. Una persona puede necesitar apoyo para terminar la preparatoria. Otra, orientación para incorporarse al trabajo o una forma de continuar un tratamiento de salud después del egreso. La preparación ocurriría mientras las autoridades siguen buscando una solución familiar segura.

La propuesta incluye tanto a quienes viven en un centro de asistencia social como a quienes están con una familia de acogida. Si después del egreso la persona joven y la familia desean conservar el vínculo y existen condiciones de seguridad, las autoridades podrían facilitar esa continuidad. La familia podría seguir formando parte de la vida de la persona joven sin asumir por ese solo hecho obligaciones de manutención o vivienda.

Una dirección para la primera noche

Entre las medidas del proyecto, la vivienda enfrenta la necesidad más inmediata del egreso. Una beca, una oportunidad de empleo o una cita médica sirven de poco si la persona tiene que resolver primero dónde va a dormir o si cambia de alojamiento cada semana.

El borrador plantea dar prioridad en materia habitacional a quienes egresen sin una red de apoyo suficiente. Las opciones incluyen apoyos temporales para alojamiento, depósitos o garantías para rentar, vivienda compartida y alojamiento de transición en la comunidad. El acceso dependería de la disponibilidad presupuestaria, la normatividad y los programas aplicables. La diferencia entre la prioridad escrita y una solución disponible estaría en cuántas opciones existan cuando la persona las necesite.

El acompañamiento abarcaría también la continuidad educativa, la vinculación laboral, la atención de salud y el apoyo temporal para cubrir necesidades básicas. Después de los 18 años, la participación sería voluntaria. Los apoyos podrían mantenerse hasta los 25 años, según la valoración individual y los lineamientos del programa. La duración dependería de las necesidades de cada persona.

El alcance se decidiría en el presupuesto

Para sostener ese esquema, el proyecto plantea reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley de Asistencia Social, la Ley de Vivienda y la Ley Federal del Trabajo. El borrador prevé una implementación progresiva y dispone que, si el decreto entra en vigor, el proyecto de presupuesto federal del ejercicio siguiente identifique los recursos necesarios para operar el programa.

También abre una vía para jóvenes de 18 a 25 años que ya hubieran egresado antes de la entrada en vigor. Durante la etapa inicial podrían solicitar una valoración para incorporarse, conforme a los lineamientos y a la capacidad de cobertura. Para alguien que ya salió del sistema, esa disposición podría significar la posibilidad de pedir apoyo después de haber empezado su vida independiente.

En la práctica, la pregunta llegaría antes del cumpleaños. ¿Dónde vivirá esa persona al salir, cómo continuará sus estudios o su tratamiento y a quién podrá acudir si pierde el empleo o el alojamiento? La prueba del programa estaría en que cada joven pueda responder esas preguntas antes de hacer la maleta.

Ricardo Gómez Escalante: entre Morena y la política, ¿de qué vive ?

Ricardo Gómez Escalante

Su trayectoria pública está ligada principalmente a cargos partidistas y responsabilidades gubernamentales. Sin embargo, persisten interrogantes sobre su actividad profesional y sus fuentes actuales de ingresos fuera de la política.

IRAPUATO, GUANAJUATO. — En medio de los movimientos políticos rumbo a las elecciones municipales de 2027, el nombre de Ricardo Gómez Escalante comienza a figurar entre los perfiles de Morena que buscan abrirse camino hacia la presidencia municipal de Irapuato.

Pero más allá de sus aspiraciones políticas, existe una pregunta que su trayectoria pública no permite responder con claridad: ¿a qué se dedica actualmente y de dónde provienen sus ingresos?

Gómez Escalante ha construido buena parte de su carrera alrededor de la actividad partidista y el servicio público. Entre sus antecedentes destacan una candidatura a diputado federal, su paso por la Secretaría de Bienestar como subdelegado de Programas para el Desarrollo en León y su participación como secretario de Organización de Morena en Guanajuato.

No obstante, la información pública disponible en la que se basa esta revisión no permite identificar con suficiente certeza una actividad empresarial, empleo privado o ejercicio profesional independiente que explique su situación económica actual.

Una trayectoria marcada por la política

Durante los últimos años, Ricardo Gómez Escalante ha mantenido presencia en la estructura política de Morena, participando en actividades de organización y operación partidista.

Tras su salida de la dirigencia estatal en octubre de 2026, surgen nuevas interrogantes sobre su ocupación actual.

¿Mantiene algún empleo remunerado? ¿Desarrolla actividades comerciales? ¿Cuenta con una profesión que ejerza fuera de la política? ¿Recibía ingresos por sus responsabilidades dentro del partido?

Estas preguntas no implican, por sí mismas, la existencia de irregularidades. Sin embargo, forman parte del escrutinio público al que puede estar sujeto cualquier personaje que aspire a ocupar un cargo de elección popular.

¿Es suficiente la experiencia partidista para gobernar?

La discusión también abre un debate sobre los perfiles que buscan dirigir uno de los municipios más importantes de Guanajuato.

Irapuato enfrenta retos relacionados con la seguridad, los servicios públicos, la infraestructura y el desarrollo económico. Su administración requiere capacidad de gestión, conocimiento presupuestal y experiencia para tomar decisiones que afectan directamente a miles de ciudadanos.

Aunque la experiencia política puede aportar herramientas para ejercer responsabilidades públicas, no necesariamente acredita por sí sola todas las capacidades administrativas que exige un gobierno municipal.

En el caso de Gómez Escalante, conocer con mayor detalle sus antecedentes laborales y profesionales permitiría a los ciudadanos evaluar su preparación más allá de los cargos ocupados dentro de Morena.

La transparencia también comienza con los aspirantes

Quienes buscan administrar recursos públicos deben estar preparados para responder preguntas sobre su trayectoria, su experiencia y, dentro de los límites establecidos por la ley, sus posibles intereses económicos.

La ausencia de información pública suficiente sobre una actividad privada no demuestra que esta no exista, ni permite concluir que haya ingresos irregulares.

Sin embargo, Ricardo Gómez Escalante podría despejar las dudas dando a conocer su currículum completo, sus actividades profesionales y los antecedentes que considere pertinentes para explicar su trayectoria.

En una contienda electoral donde los aspirantes buscan ganarse la confianza ciudadana, la transparencia puede convertirse en un elemento fundamental.

Porque antes de preguntar qué pretende hacer un político con el presupuesto de Irapuato, también resulta válido conocer cuál ha sido su experiencia para administrar recursos y desarrollar una actividad profesional.

Por ahora, la interrogante permanece:

Ricardo Gómez Escalante quiere participar en el futuro político de Irapuato, pero fuera de Morena, ¿a qué se dedica?

Entre muros, rejas y derechos rotos: 90 quejas de mujeres encarceladas y solo cuatro recomendaciones

Quejas de mujeres encarceladas en Guanajuato

Una respuesta de transparencia revela que la PRODHEG inició 90 expedientes relacionados con mujeres privadas de la libertad en Guanajuato desde 2018. Los señalamientos incluyen presuntos tratos degradantes, afectaciones a la integridad física, negligencia médica y violaciones a otros derechos fundamentales.

Por Rosario Martínez de la Vega

Guanajuato. Mientras el discurso oficial insiste en la reinserción social, la dignidad humana y el respeto a los derechos de las personas privadas de la libertad, las cifras de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG) exhiben una realidad que exige explicaciones.

De 2018 al periodo de corte de la solicitud de información, el organismo inició 90 expedientes de queja promovidos por mujeres encarceladas o en su favor, pero durante ese mismo lapso reportó únicamente cuatro resoluciones de recomendación.

La información fue proporcionada mediante una respuesta de transparencia fechada el 27 de octubre de 2026, identificada con el folio 2190200000003426.

Los registros incluyen señalamientos por presuntas violaciones a derechos fundamentales, ejercicio indebido de la función pública, tratos indignos, afectaciones a la integridad física, discriminación y problemas relacionados con el acceso a servicios de salud.

La diferencia entre las quejas recibidas y las recomendaciones emitidas plantea una pregunta sobre el funcionamiento del organismo encargado de proteger los derechos humanos: ¿qué ocurrió con los expedientes que no concluyeron en una recomendación?

León concentra 37 expedientes de queja

La respuesta oficial permite identificar los centros penitenciarios donde se originaron las denuncias.

De los 90 expedientes, la distribución es la siguiente:

  • Centro Estatal de León: 37 expedientes.
  • Centro Estatal de Valle de Santiago: 28 expedientes.
  • Centro Estatal de Guanajuato: 24 expedientes.
  • Centro Estatal de Celaya: un expediente.

León concentra el mayor número de casos registrados, con poco más del 41% del total.

Sin embargo, la cantidad de expedientes no necesariamente refleja la totalidad de las situaciones de violencia o vulneración de derechos que pudieron ocurrir dentro de los centros penitenciarios.

Los datos corresponden exclusivamente a los asuntos que fueron formalmente registrados ante la PRODHEG durante el periodo solicitado.

León: tratos indignos y presuntas agresiones

En el Centro Estatal de León, donde se originaron 37 expedientes, la PRODHEG identificó diferentes tipos de hechos presuntamente violatorios.

El registro incluye 21 incidencias por posibles violaciones a los derechos de las personas privadas de la libertad.

También se contabilizaron:

  • Seis incidencias por ejercicio indebido de la función pública.
  • Cuatro por violación del derecho al trato digno.
  • Dos por afectaciones al derecho a la integridad física.
  • Una por negativa o inadecuada prestación de servicios públicos.
  • Una por negligencia médica.
  • Una por transgresión del derecho a vivir una vida sin violencia y maltrato.
  • Una por vulneración del derecho a la seguridad jurídica.

La documentación señala que, en 22 supuestos, las quejas estuvieron dirigidas contra personal en funciones administrativas de la Secretaría de Seguridad Pública, mientras que en 15 se señaló a personal en funciones operativas.

Estos registros muestran que las inconformidades no se limitaron a un solo tipo de conducta.

Las mujeres privadas de la libertad o quienes presentaron las quejas en su nombre señalaron posibles afectaciones tanto en el trato cotidiano como en el ejercicio de sus derechos fundamentales.

Valle de Santiago: señalamientos sobre legalidad y régimen penitenciario

El Centro Estatal de Valle de Santiago registró 28 expedientes de queja.

En el desglose de presuntos hechos violatorios aparecen:

  • 22 incidencias relacionadas con derechos de las personas privadas de la libertad.
  • Dos por violaciones al derecho a la legalidad y seguridad jurídica.
  • Una por aplicación arbitraria del sistema penitenciario.
  • Una por ejercicio indebido de la función pública.
  • Una clasificada como indeterminada.
  • Una por violación del derecho al trato digno.

La PRODHEG precisó que, en 14 supuestos, las quejas señalaron a personal administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública y, en otros 14, a personal operativo.

Los datos colocan bajo observación tanto las condiciones de reclusión como la aplicación de procedimientos y decisiones dentro del centro penitenciario.

Guanajuato capital: discriminación y salud

En el Centro Estatal de Guanajuato se registraron 24 expedientes.

La respuesta de transparencia identifica:

  • 13 incidencias por presuntas violaciones a los derechos de las personas privadas de la libertad.
  • Seis por ejercicio indebido de la función pública.
  • Dos por violaciones al derecho a la protección de la salud.
  • Dos por violaciones al derecho al trato digno.
  • Una por discriminación.
  • Una por violación del derecho a la integridad física.
  • Una por vulneración del derecho al libre desarrollo de la personalidad.

En 15 supuestos se señaló a personal administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública y en nueve a personal operativo.

La presencia de señalamientos relacionados con salud, discriminación y trato digno resulta particularmente relevante en un entorno donde las mujeres se encuentran bajo custodia estatal y dependen de las instituciones para acceder a diversos servicios.

Celaya: una queja por integridad física

En el Centro Estatal de Celaya, la PRODHEG reportó un expediente.

El hecho señalado corresponde a una presunta violación del derecho a la integridad física.

La respuesta identifica como autoridad señalada a personal en funciones administrativas de la Secretaría de Seguridad Pública.

Aunque se trata de un solo expediente, forma parte del registro general de inconformidades relacionadas con las condiciones de reclusión de mujeres en Guanajuato.

Los señalamientos no equivalen a violaciones acreditadas

La propia PRODHEG explica que un mismo expediente puede contener más de un señalamiento contra una o varias autoridades, así como distintos hechos presuntamente violatorios.

Por esa razón, las incidencias descritas en las tablas no deben sumarse como si fueran expedientes independientes.

También es necesario distinguir entre la presentación de una queja y la acreditación de una violación a derechos humanos.

Las cifras muestran qué conductas fueron denunciadas ante el organismo, pero no permiten concluir que todas hayan quedado demostradas después de una investigación.

Esa diferencia vuelve especialmente importante conocer cómo se resolvió cada expediente.

Cuatro recomendaciones para 90 expedientes

El dato que concentra las principales interrogantes aparece en la tercera página de la respuesta oficial.

La PRODHEG informó que, durante el periodo solicitado, se dictaron cuatro resoluciones de recomendación.

La cifra contrasta con los 90 expedientes iniciados por quejas relacionadas con mujeres privadas de la libertad.

En términos numéricos, se registró una recomendación por cada 22.5 expedientes de queja.

Sin embargo, esta relación no constituye una tasa de impunidad ni demuestra que las otras 86 quejas hayan sido archivadas, desestimadas o declaradas improcedentes.

Las recomendaciones son una de las posibles formas de conclusión de una investigación de derechos humanos, pero no la única.

El problema es que la respuesta oficial no presenta el estado procesal ni el tipo de resolución de los demás expedientes.

Sin ese desglose, resulta imposible conocer cuántas quejas fueron atendidas mediante otros mecanismos, cuántas permanecen abiertas y cuántas concluyeron sin acreditar violaciones.

La ausencia de esa información impide construir una evaluación completa sobre la atención que recibieron las denuncias de las mujeres encarceladas.

📄 DOCUMENTO OFICIAL | RESPUESTA DE LA PRODHEG

Respuesta 3426

La respuesta oficial, identificada con el folio 2190200000003426 y fechada el 27 de octubre de 2026, documenta los 90 expedientes de queja, su distribución por centro penitenciario, los hechos presuntamente violatorios y las cuatro recomendaciones reportadas.

Consulta el documento completo para conocer las cifras proporcionadas por la autoridad.

La PRODHEG remite información al Poder Ejecutivo

La respuesta de transparencia también exhibe otra dificultad para conocer el panorama completo de las condiciones penitenciarias.

El organismo informó que únicamente era competente para proporcionar parte de los datos solicitados.

Respecto de otros puntos, señaló que carecía de atribuciones para poseer, generar o administrar esa información, debido a que correspondía a un ámbito institucional distinto.

Por ello, orientó a la solicitante a presentar los requerimientos faltantes ante la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato.

La PRODHEG proporcionó los datos de contacto de dicha unidad, ubicada en el domicilio oficial de la administración estatal.

Esta respuesta significa que, para completar la información sobre las condiciones penitenciarias y las actuaciones de las autoridades, la investigación requiere acudir a otra instancia gubernamental.

Aunque la orientación se fundamenta en la distribución legal de competencias, también evidencia que la información relevante se encuentra dispersa entre distintas dependencias.

La transparencia, entre distintas ventanillas

Para conocer las condiciones en las que viven las mujeres privadas de la libertad no basta con saber cuántas quejas se presentaron.

También es necesario identificar qué autoridades fueron señaladas, qué investigaciones se realizaron, cuáles fueron sus resultados y qué medidas se adoptaron.

La respuesta de la PRODHEG permite conocer una parte de ese panorama, pero deja pendientes otros elementos.

No precisa, por ejemplo, el destino individual de los expedientes que no derivaron en recomendaciones.

Tampoco permite determinar, con la información proporcionada, si existieron sanciones administrativas contra servidores públicos, medidas correctivas dentro de los centros penitenciarios o acciones para evitar que las conductas denunciadas se repitieran.

La investigación documental pone así sobre la mesa un problema de acceso a información pública: para reconstruir el seguimiento de las denuncias es necesario consultar distintas instituciones y relacionar sus respuestas.

¿Quién protege a las mujeres detrás de las rejas?

Las mujeres privadas de la libertad mantienen sus derechos humanos, con las restricciones que legalmente corresponden a su situación jurídica.

Su permanencia en un centro penitenciario no elimina el derecho a recibir atención médica, a ser tratadas con dignidad ni a vivir libres de violencia y discriminación.

Además, al encontrarse bajo custodia del Estado, dependen de las autoridades para satisfacer necesidades esenciales y garantizar condiciones adecuadas de reclusión.

Por ello, los señalamientos relacionados con posibles agresiones, malos tratos, negligencia médica y arbitrariedades administrativas requieren investigaciones efectivas y mecanismos de supervisión.

La existencia de 90 expedientes demuestra que estas inconformidades llegaron formalmente al organismo estatal de derechos humanos.

Pero el registro de las denuncias no es suficiente para evaluar la eficacia de su atención.

Es indispensable conocer las resoluciones, las medidas de reparación y las acciones preventivas que, en su caso, se hayan adoptado.

Derechos que no pueden quedarse en el papel

Los datos obtenidos mediante transparencia revelan una diferencia que merece explicaciones: 90 expedientes de queja frente a cuatro recomendaciones.

La documentación permite identificar los centros penitenciarios involucrados, las autoridades señaladas y las conductas presuntamente violatorias.

Sin embargo, no ofrece un panorama completo sobre el destino de las denuncias.

La PRODHEG proporcionó parte de la información y remitió otros puntos al Poder Ejecutivo, por lo que persisten interrogantes sobre el seguimiento institucional de los casos.

La pregunta central no es únicamente cuántas mujeres presentaron quejas desde prisión, sino qué ocurrió después de que esas denuncias llegaron a manos de las autoridades.

¿Cuántas fueron investigadas hasta su conclusión? ¿Qué hechos se acreditaron? ¿Qué medidas se adoptaron para proteger a las mujeres afectadas?

Mientras esas respuestas no estén disponibles, las cifras seguirán mostrando solo una parte de la realidad que se vive detrás de los muros penitenciarios.

Porque la privación de la libertad no debe convertirse en privación de derechos.

Investigación de Rosario Martínez de la Vega.

Fuente documental: respuesta de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, folio 2190200000003426, fechada el 27 de octubre de 2026.

Empresas fachada: Contraloría pone fecha límite

Empresas fachada en León

La investigación por presuntas irregularidades en contratos municipales de León registra un avance del 85%. La Contraloría busca emitir una resolución durante octubre, aunque todavía necesita recabar testimonios.

LEÓN, GTO.– La investigación sobre las presuntas empresas fachada que obtuvieron contratos del Gobierno Municipal de León podría llegar a una etapa decisiva antes de que termine octubre. Después de seis meses de indagatorias y cuestionamientos de integrantes del Ayuntamiento, la Contraloría Municipal anunció que buscará emitir una determinación este mismo mes.

El caso, que involucra a compañías presuntamente relacionadas con el exsecretario de Vinculación y Atención a los Leoneses, Allan León Aguirre, continúa abierto y todavía no cuenta con una resolución definitiva.

Durante una sesión de la Comisión de Contraloría, Transparencia y Combate a la Corrupción, la titular del organismo, Viridiana Márquez Moreno, informó que el expediente registra un avance aproximado del 85%.

Sin embargo, reconoció que todavía es necesario recibir declaraciones de personas vinculadas con las empresas investigadas.

Seis meses de investigación y sin resolución

Las indagatorias comenzaron en abril de 2026, después de que se hicieran públicos señalamientos sobre posibles irregularidades en la contratación de proveedores municipales.

El procedimiento quedó registrado bajo el expediente CM/DCS/037/2026.

Entre los aspectos revisados se encuentran los contratos otorgados por distintas dependencias del Ayuntamiento y la documentación relacionada con las empresas señaladas.

El caso también alcanzó al entonces secretario de Vinculación y Atención a los Leoneses, Allan León Aguirre, quien renunció a su cargo el 17 de abril.

De acuerdo con lo informado por Noticieros en Línea, la salida del exfuncionario se presentó como una medida para facilitar las investigaciones.

No obstante, su renuncia no constituye por sí misma una acreditación de responsabilidad administrativa o penal.

¿Qué falta para concluir la investigación?

La contralora Viridiana Márquez explicó que ya se recopiló la documentación relacionada con los contratos y expedientes de las compañías involucradas.

La siguiente etapa consiste en completar testimonios de personas identificadas como socios o representantes de las empresas.

Algunas deberán ser citadas nuevamente, lo que podría modificar el calendario previsto para cerrar el expediente.

Durante la sesión, la funcionaria señaló que la investigación se encuentra aproximadamente al 85% y que todavía existen diligencias pendientes.

La intención de la Contraloría es emitir una determinación durante octubre, aunque el cumplimiento de esa meta dependerá de la asistencia de las personas citadas.

Por ahora, no existe una fecha exacta confirmada para la resolución.

Regidores exigen respuestas a la Contraloría

El avance de las investigaciones fue uno de los temas abordados durante la sesión de la Comisión de Contraloría.

La regidora Graciela Rodríguez Martínez solicitó información sobre el momento en que podría concluir el procedimiento.

Los cuestionamientos se suman a las solicitudes de seguimiento realizadas por la síndica María Esther Santos de Anda, quien ha insistido en la necesidad de resolver las investigaciones pendientes.

La preocupación de integrantes del Ayuntamiento se relaciona con el tiempo transcurrido desde el inicio del caso y la falta de una determinación administrativa.

La Contraloría sostiene que ha avanzado en la recopilación de evidencia, pero reconoce que todavía debe completar las diligencias necesarias antes de emitir conclusiones.

Fiscalía no ha solicitado expedientes formalmente

Otro punto relevante surgió cuando la regidora independiente Norma López Zúñiga preguntó si la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción había solicitado información relacionada con las indagatorias.

La contralora respondió que su dependencia no había recibido un requerimiento formal de expedientes por parte de esa instancia.

Este dato no significa necesariamente que la Fiscalía haya cerrado o suspendido alguna investigación.

Lo que establece es que, hasta el momento referido durante la sesión, la Contraloría Municipal no tenía registrada una solicitud formal de documentación vinculada con este caso.

La distinción es importante porque las investigaciones administrativas y penales siguen procedimientos diferentes.

Informes cada quince días hasta cerrar el caso

Ante la falta de una resolución definitiva, integrantes de la Comisión de Contraloría acordaron mantener un seguimiento periódico.

La propuesta contempla recibir informes de avance cada quince días hasta que concluya el expediente.

Con esta medida, los regidores buscan contar con información sobre las diligencias pendientes y conocer si se cumple la meta de resolver durante octubre.

El seguimiento también permitirá identificar posibles retrasos relacionados con las comparecencias o con el análisis de la documentación.

¿Habrá responsabilidades por los contratos?

Esa es la principal pregunta que continúa sin respuesta.

La investigación busca esclarecer si existieron irregularidades en los procedimientos de contratación y si hay elementos suficientes para determinar responsabilidades administrativas.

Hasta ahora, la Contraloría no ha informado públicamente una conclusión definitiva sobre las empresas señaladas ni sobre la participación de las personas investigadas.

Por ello, no es posible afirmar que se hayan acreditado faltas administrativas o delitos.

Octubre será un mes clave para conocer si la Contraloría concluye el expediente CM/DCS/037/2026 o si las diligencias pendientes obligan a extender nuevamente la investigación.

Mientras tanto, el caso permanece bajo vigilancia de integrantes del Ayuntamiento y mantiene abiertas preguntas sobre los controles aplicados a los proveedores del Gobierno Municipal de León.

ROVIN: emprender también se aprende en familia

ROVIN

Roberta Barba y su papá, Roberto, crearon en Irapuato una marca de vinagre de piña. Detrás del proyecto hay pruebas que no salieron como esperaban, aprendizaje sobre la marcha y el reto de ser familia y socios al mismo tiempo.

Por Héctor Isaías Zamora Lara | Fueguito News

Las primeras compras llegaron de personas cercanas. Pero hubo una venta que Roberta Barba recuerda de manera especial: la de alguien que encontró ROVIN en Mercado Libre y compró sin conocerlos.

Era alguien que no pertenecía a su círculo de amigos ni a su familia. Por eso, para ella y su papá, ese primer pedido fue una señal de que el producto comenzaba a despertar interés fuera de casa.

“Esa persona que compró nunca me ha visto”, recuerda Roberta en entrevista con Fueguito News.

En la entrevista, Roberta cuenta cómo llegaron hasta ahí: los proyectos que dejó pendientes, las pruebas que no le gustaban y las dificultades de trabajar con su papá

Volver a Irapuato y comenzar de nuevo

Antes de ROVIN, Roberta ya había explorado otros emprendimientos. Con un tío desarrolló una marca de bikinis que no avanzó por falta de inversión. También participó con su papá en un proyecto de productos para el cuidado de la piel, del que se alejó cuando se mudó a Ciudad de México.

Las ganas de tener algo propio estaban ahí. Sin embargo, reconoce que entonces no se sentía preparada para sostener un negocio.

“Siento que antes no tenía las herramientas, a lo mejor emocionales y mentales, como para poder llevar un negocio”, explica.

Tiempo después regresó a Irapuato por una relación sentimental. Cuando esa etapa terminó, pensó en volver a la capital. Una conversación con su papá abrió otra posibilidad: quedarse cerca de su familia y emprender juntos.

Decidió quedarse. Junto con su papá comenzó a investigar, leer y hacer pruebas para desarrollar el producto que hoy venden.

Dos Robertos detrás del nombre

La idea del vinagre de piña surgió de Roberto, su papá. Según cuenta Roberta, en su casa los alimentos fermentados ya formaban parte de la vida cotidiana, y él tenía experiencia elaborando otros productos.

El nombre de la marca también salió de esa relación: ROVIN reúne una referencia a Roberto y Roberta con la palabra vinagre. Además, suena como “Robin”, el apodo con el que familiares y amigos la conocen desde niña.

Para poner en marcha el proyecto aprovecharon una bodega y parte del equipo que su papá ya tenía. Él aportó la inversión económica; ella se involucró en la imagen, el diseño de la etiqueta y la comunicación.

Aprender a manejar redes sociales, responder mensajes y mostrar el producto se convirtió en otra parte del trabajo. Roberta cuenta que ha tomado cursos y utilizado herramientas digitales para desarrollar esas tareas.

Hoy es también la cara de la marca: aparece en sus videos, comparte preparaciones y conversa con quienes preguntan cómo comprar.

Las pruebas que no convencían ni a Roberta

Encontrar el producto que querían vender tomó varios intentos. Las primeras versiones resultaban demasiado dulces o tenían una consistencia que no les gustaba.

“Yo le decía a mi papá: ‘Siento que estoy tomando jugo de piña’”, recuerda.

De acuerdo con su explicación, actualmente utilizan la piña completa, excepto la corona, mediante prensado en frío. Después incorporan agua y azúcar mascabado para el proceso de fermentación, que describe como un periodo aproximado de dos semanas, durante el cual revisan parámetros como azúcar, alcohol y acidez.

Uno de los primeros lotes les dejó una lección especialmente clara: embotellaron antes de tiempo y dos botellas guardadas en la despensa de su casa se rompieron por la presión acumulada.

Al darse cuenta, su papá acudió a revisar las que tenían en la bodega. También avisaron a familiares que habían recibido producto.

Después de ese episodio, tuvieron que ajustar el momento de envasado y prestar más atención al proceso de fermentación.

Roberta cuenta que, además de hacer pruebas, acudieron a laboratorios para conocer qué contenía el producto. “Para ver si lo que pensábamos que tenía, pues era cierto”, explica.

El reto de trabajar con papá

Cuando se le pregunta por la dificultad más grande del emprendimiento, Roberta habla de la relación entre los socios.

“Siento que el tropiezo más difícil somos nosotros mismos”.

Trabajar con su papá y vivir en la misma casa ha exigido aprender a separar las conversaciones del negocio de la convivencia familiar. Reconoce que ambos tienen conocimientos distintos y que ponerse de acuerdo no siempre resulta sencillo.

Para ordenar esa dinámica establecieron reglas: durante la comida no se habla de ROVIN, los desacuerdos se atienden entre ellos y los asuntos laborales se discuten en la oficina.

También dividieron responsabilidades para que cada uno pudiera concentrarse en su parte.

“Él no lo puede hacer sin mí y yo no lo puedo hacer sin él”, afirma.

Entre diferencias y acuerdos, Roberta considera que el proyecto también los ha unido. Ambos han tenido que aprender cosas que desconocían y reconocer lo que el otro aporta.

Lo que sigue para ROVIN

La respuesta de los compradores ha impulsado nuevas ideas. Entre los planes que Roberta menciona están desarrollar presentaciones individuales, explorar espacios de venta físicos y ampliar la oferta con otros vinagres.

Son posibilidades para una siguiente etapa. Mientras tanto, quiere fortalecer la comunicación de la marca y compartir más contenido sobre el producto y sus formas de preparación.

En lo personal, dice que ahora enfrenta de otra manera las críticas. La lectura y las experiencias de los últimos años la ayudaron a dejar de buscar constantemente la aprobación de otros y a concentrarse en lo que quiere construir.

Si pudiera hablar con la Roberta que estaba por comenzar, su consejo sería sencillo:

“Enfócate, todo va a salir bien”.

Roberta quiere seguir creciendo con ROVIN y con su papá. Todavía tienen ideas por desarrollar, pero ahora cuentan con algo que antes les faltaba: experiencia trabajando juntos y compradores que han comenzado a confiar en su producto.

Héctor Isaías Zamora Lara
Fueguito News

 

Señalan residencia de $10 millones atribuida a Ludovico Mata

Ludovico Mata residencia

GUANAJUATO, GTO.– Una residencia atribuida a Manuel Ludovico Mata Vega, actual presidente del Consejo Directivo del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato (SIMAPAG), fue valuada en aproximadamente 10 millones de pesos, de acuerdo con una investigación publicada por Contacto Noticias.

La publicación señala que el inmueble habría sido construido en Guanajuato capital y atribuye la estimación de su valor comercial a un perito valuador. La cifra, sin embargo, corresponde a una estimación de mercado presentada por dicho medio y no acredita por sí misma el costo de construcción, la fecha de adquisición ni el origen de los recursos utilizados.

Mata Vega ocupa actualmente la presidencia del Consejo Directivo del SIMAPAG, cargo que asumió en mayo de 2026. El propio organismo lo identifica oficialmente como su consejero presidente. SIMAPAG

Antes de incorporarse al organismo operador de agua, Mata desarrolló una trayectoria de varios años dentro de la administración municipal de Guanajuato. Documentación oficial lo identifica como coordinador general de Administración y acredita que ocupaba ese puesto desde octubre de 2021. Oficialia Partes

Investigación cuestiona origen de recursos

Contacto Noticias plantea interrogantes sobre la relación entre el valor estimado de la propiedad y los ingresos públicos que Mata habría percibido durante su trayectoria en el gobierno municipal.

El señalamiento requiere distinguir entre valor comercial, costo de construcción y patrimonio personal, pues no son conceptos equivalentes. Tampoco es posible concluir únicamente mediante una comparación salarial cuál fue el origen de los recursos utilizados para adquirir o construir un inmueble.

La investigación periodística sostiene que ha solicitado conocer la declaración patrimonial de Mata y que también buscó entrevistarlo para obtener su postura sobre los cuestionamientos planteados, sin recibir respuesta hasta el cierre de su publicación.

Ludovico Mata llegó al SIMAPAG en 2026

Mata fue elegido integrante del Consejo Directivo del SIMAPAG en abril de 2026 y posteriormente designado presidente del organismo. PortalGuanajuato.MX

Su designación estuvo acompañada de cuestionamientos públicos. El diputado local Juan Carlos Romero Hicks cuestionó el proceso de renovación del Consejo y posteriormente manifestó dudas respecto al perfil y experiencia de Mata en materia hídrica. Esas declaraciones corresponden a la postura del legislador y no constituyen determinaciones administrativas o judiciales contra el funcionario. PortalGuanajuato.MX

La publicación de Contacto Noticias también vincula sus cuestionamientos patrimoniales con observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación al municipio en diferentes ejercicios.

Sin embargo, para establecer alguna responsabilidad individual sería necesario acreditar documentalmente que una observación corresponde directamente a actos realizados por Mata y, posteriormente, que la autoridad competente determine la existencia de una irregularidad.

Hasta contar con esas determinaciones, los cuestionamientos sobre el inmueble y su patrimonio deben mantenerse en el terreno de los señalamientos y preguntas de interés público, no presentarse como enriquecimiento ilícito comprobado.