Una respuesta de transparencia revela que la PRODHEG inició 90 expedientes relacionados con mujeres privadas de la libertad en Guanajuato desde 2018. Los señalamientos incluyen presuntos tratos degradantes, afectaciones a la integridad física, negligencia médica y violaciones a otros derechos fundamentales.
Por Rosario Martínez de la Vega
Guanajuato. Mientras el discurso oficial insiste en la reinserción social, la dignidad humana y el respeto a los derechos de las personas privadas de la libertad, las cifras de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG) exhiben una realidad que exige explicaciones.
De 2018 al periodo de corte de la solicitud de información, el organismo inició 90 expedientes de queja promovidos por mujeres encarceladas o en su favor, pero durante ese mismo lapso reportó únicamente cuatro resoluciones de recomendación.
La información fue proporcionada mediante una respuesta de transparencia fechada el 27 de octubre de 2026, identificada con el folio 2190200000003426.
Los registros incluyen señalamientos por presuntas violaciones a derechos fundamentales, ejercicio indebido de la función pública, tratos indignos, afectaciones a la integridad física, discriminación y problemas relacionados con el acceso a servicios de salud.
La diferencia entre las quejas recibidas y las recomendaciones emitidas plantea una pregunta sobre el funcionamiento del organismo encargado de proteger los derechos humanos: ¿qué ocurrió con los expedientes que no concluyeron en una recomendación?
León concentra 37 expedientes de queja
La respuesta oficial permite identificar los centros penitenciarios donde se originaron las denuncias.
De los 90 expedientes, la distribución es la siguiente:
- Centro Estatal de León: 37 expedientes.
- Centro Estatal de Valle de Santiago: 28 expedientes.
- Centro Estatal de Guanajuato: 24 expedientes.
- Centro Estatal de Celaya: un expediente.
León concentra el mayor número de casos registrados, con poco más del 41% del total.
Sin embargo, la cantidad de expedientes no necesariamente refleja la totalidad de las situaciones de violencia o vulneración de derechos que pudieron ocurrir dentro de los centros penitenciarios.
Los datos corresponden exclusivamente a los asuntos que fueron formalmente registrados ante la PRODHEG durante el periodo solicitado.
León: tratos indignos y presuntas agresiones
En el Centro Estatal de León, donde se originaron 37 expedientes, la PRODHEG identificó diferentes tipos de hechos presuntamente violatorios.
El registro incluye 21 incidencias por posibles violaciones a los derechos de las personas privadas de la libertad.
También se contabilizaron:
- Seis incidencias por ejercicio indebido de la función pública.
- Cuatro por violación del derecho al trato digno.
- Dos por afectaciones al derecho a la integridad física.
- Una por negativa o inadecuada prestación de servicios públicos.
- Una por negligencia médica.
- Una por transgresión del derecho a vivir una vida sin violencia y maltrato.
- Una por vulneración del derecho a la seguridad jurídica.
La documentación señala que, en 22 supuestos, las quejas estuvieron dirigidas contra personal en funciones administrativas de la Secretaría de Seguridad Pública, mientras que en 15 se señaló a personal en funciones operativas.
Estos registros muestran que las inconformidades no se limitaron a un solo tipo de conducta.
Las mujeres privadas de la libertad o quienes presentaron las quejas en su nombre señalaron posibles afectaciones tanto en el trato cotidiano como en el ejercicio de sus derechos fundamentales.
Valle de Santiago: señalamientos sobre legalidad y régimen penitenciario
El Centro Estatal de Valle de Santiago registró 28 expedientes de queja.
En el desglose de presuntos hechos violatorios aparecen:
- 22 incidencias relacionadas con derechos de las personas privadas de la libertad.
- Dos por violaciones al derecho a la legalidad y seguridad jurídica.
- Una por aplicación arbitraria del sistema penitenciario.
- Una por ejercicio indebido de la función pública.
- Una clasificada como indeterminada.
- Una por violación del derecho al trato digno.
La PRODHEG precisó que, en 14 supuestos, las quejas señalaron a personal administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública y, en otros 14, a personal operativo.
Los datos colocan bajo observación tanto las condiciones de reclusión como la aplicación de procedimientos y decisiones dentro del centro penitenciario.
Guanajuato capital: discriminación y salud
En el Centro Estatal de Guanajuato se registraron 24 expedientes.
La respuesta de transparencia identifica:
- 13 incidencias por presuntas violaciones a los derechos de las personas privadas de la libertad.
- Seis por ejercicio indebido de la función pública.
- Dos por violaciones al derecho a la protección de la salud.
- Dos por violaciones al derecho al trato digno.
- Una por discriminación.
- Una por violación del derecho a la integridad física.
- Una por vulneración del derecho al libre desarrollo de la personalidad.
En 15 supuestos se señaló a personal administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública y en nueve a personal operativo.
La presencia de señalamientos relacionados con salud, discriminación y trato digno resulta particularmente relevante en un entorno donde las mujeres se encuentran bajo custodia estatal y dependen de las instituciones para acceder a diversos servicios.
Celaya: una queja por integridad física
En el Centro Estatal de Celaya, la PRODHEG reportó un expediente.
El hecho señalado corresponde a una presunta violación del derecho a la integridad física.
La respuesta identifica como autoridad señalada a personal en funciones administrativas de la Secretaría de Seguridad Pública.
Aunque se trata de un solo expediente, forma parte del registro general de inconformidades relacionadas con las condiciones de reclusión de mujeres en Guanajuato.
Los señalamientos no equivalen a violaciones acreditadas
La propia PRODHEG explica que un mismo expediente puede contener más de un señalamiento contra una o varias autoridades, así como distintos hechos presuntamente violatorios.
Por esa razón, las incidencias descritas en las tablas no deben sumarse como si fueran expedientes independientes.
También es necesario distinguir entre la presentación de una queja y la acreditación de una violación a derechos humanos.
Las cifras muestran qué conductas fueron denunciadas ante el organismo, pero no permiten concluir que todas hayan quedado demostradas después de una investigación.
Esa diferencia vuelve especialmente importante conocer cómo se resolvió cada expediente.
Cuatro recomendaciones para 90 expedientes
El dato que concentra las principales interrogantes aparece en la tercera página de la respuesta oficial.
La PRODHEG informó que, durante el periodo solicitado, se dictaron cuatro resoluciones de recomendación.
La cifra contrasta con los 90 expedientes iniciados por quejas relacionadas con mujeres privadas de la libertad.
En términos numéricos, se registró una recomendación por cada 22.5 expedientes de queja.
Sin embargo, esta relación no constituye una tasa de impunidad ni demuestra que las otras 86 quejas hayan sido archivadas, desestimadas o declaradas improcedentes.
Las recomendaciones son una de las posibles formas de conclusión de una investigación de derechos humanos, pero no la única.
El problema es que la respuesta oficial no presenta el estado procesal ni el tipo de resolución de los demás expedientes.
Sin ese desglose, resulta imposible conocer cuántas quejas fueron atendidas mediante otros mecanismos, cuántas permanecen abiertas y cuántas concluyeron sin acreditar violaciones.
La ausencia de esa información impide construir una evaluación completa sobre la atención que recibieron las denuncias de las mujeres encarceladas.
📄 DOCUMENTO OFICIAL | RESPUESTA DE LA PRODHEG
Respuesta 3426
La respuesta oficial, identificada con el folio 2190200000003426 y fechada el 27 de octubre de 2026, documenta los 90 expedientes de queja, su distribución por centro penitenciario, los hechos presuntamente violatorios y las cuatro recomendaciones reportadas.
Consulta el documento completo para conocer las cifras proporcionadas por la autoridad.
La PRODHEG remite información al Poder Ejecutivo
La respuesta de transparencia también exhibe otra dificultad para conocer el panorama completo de las condiciones penitenciarias.
El organismo informó que únicamente era competente para proporcionar parte de los datos solicitados.
Respecto de otros puntos, señaló que carecía de atribuciones para poseer, generar o administrar esa información, debido a que correspondía a un ámbito institucional distinto.
Por ello, orientó a la solicitante a presentar los requerimientos faltantes ante la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato.
La PRODHEG proporcionó los datos de contacto de dicha unidad, ubicada en el domicilio oficial de la administración estatal.
Esta respuesta significa que, para completar la información sobre las condiciones penitenciarias y las actuaciones de las autoridades, la investigación requiere acudir a otra instancia gubernamental.
Aunque la orientación se fundamenta en la distribución legal de competencias, también evidencia que la información relevante se encuentra dispersa entre distintas dependencias.
La transparencia, entre distintas ventanillas
Para conocer las condiciones en las que viven las mujeres privadas de la libertad no basta con saber cuántas quejas se presentaron.
También es necesario identificar qué autoridades fueron señaladas, qué investigaciones se realizaron, cuáles fueron sus resultados y qué medidas se adoptaron.
La respuesta de la PRODHEG permite conocer una parte de ese panorama, pero deja pendientes otros elementos.
No precisa, por ejemplo, el destino individual de los expedientes que no derivaron en recomendaciones.
Tampoco permite determinar, con la información proporcionada, si existieron sanciones administrativas contra servidores públicos, medidas correctivas dentro de los centros penitenciarios o acciones para evitar que las conductas denunciadas se repitieran.
La investigación documental pone así sobre la mesa un problema de acceso a información pública: para reconstruir el seguimiento de las denuncias es necesario consultar distintas instituciones y relacionar sus respuestas.
¿Quién protege a las mujeres detrás de las rejas?
Las mujeres privadas de la libertad mantienen sus derechos humanos, con las restricciones que legalmente corresponden a su situación jurídica.
Su permanencia en un centro penitenciario no elimina el derecho a recibir atención médica, a ser tratadas con dignidad ni a vivir libres de violencia y discriminación.
Además, al encontrarse bajo custodia del Estado, dependen de las autoridades para satisfacer necesidades esenciales y garantizar condiciones adecuadas de reclusión.
Por ello, los señalamientos relacionados con posibles agresiones, malos tratos, negligencia médica y arbitrariedades administrativas requieren investigaciones efectivas y mecanismos de supervisión.
La existencia de 90 expedientes demuestra que estas inconformidades llegaron formalmente al organismo estatal de derechos humanos.
Pero el registro de las denuncias no es suficiente para evaluar la eficacia de su atención.
Es indispensable conocer las resoluciones, las medidas de reparación y las acciones preventivas que, en su caso, se hayan adoptado.
Derechos que no pueden quedarse en el papel
Los datos obtenidos mediante transparencia revelan una diferencia que merece explicaciones: 90 expedientes de queja frente a cuatro recomendaciones.
La documentación permite identificar los centros penitenciarios involucrados, las autoridades señaladas y las conductas presuntamente violatorias.
Sin embargo, no ofrece un panorama completo sobre el destino de las denuncias.
La PRODHEG proporcionó parte de la información y remitió otros puntos al Poder Ejecutivo, por lo que persisten interrogantes sobre el seguimiento institucional de los casos.
La pregunta central no es únicamente cuántas mujeres presentaron quejas desde prisión, sino qué ocurrió después de que esas denuncias llegaron a manos de las autoridades.
¿Cuántas fueron investigadas hasta su conclusión? ¿Qué hechos se acreditaron? ¿Qué medidas se adoptaron para proteger a las mujeres afectadas?
Mientras esas respuestas no estén disponibles, las cifras seguirán mostrando solo una parte de la realidad que se vive detrás de los muros penitenciarios.
Porque la privación de la libertad no debe convertirse en privación de derechos.
Investigación de Rosario Martínez de la Vega.
Fuente documental: respuesta de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, folio 2190200000003426, fechada el 27 de octubre de 2026.