León mantiene pendientes 48 recomendaciones de Derechos Humanos

El balance atribuido al Ayuntamiento incluye resoluciones todavía en proceso de cumplimiento. La cobertura del informe presenta diferencias en los totales históricos de quejas y recomendaciones.

León, Guanajuato.— El gobierno municipal de León mantiene 48 recomendaciones de Derechos Humanos pendientes o en proceso de cumplimiento, según declaraciones del subsecretario de Protección de los Derechos Humanos, Víctor Aguirre Armenta, difundidas en medios locales el 16 y 17 de noviembre.

El funcionario explicó que algunas medidas requieren procedimientos adicionales, particularmente cuando involucran compensaciones económicas a las víctimas.

Sin embargo, la información publicada también presenta diferencias en los totales históricos. Por ello, las cifras de quejas contra funcionarios de León deben distinguirse de las recomendaciones emitidas y de las acciones que siguen sin concluir.

¿Qué falta para cumplir las recomendaciones?

De acuerdo con la explicación de Aguirre Armenta recogida por TV4, algunas resoluciones incluyen compensaciones cuya cuantificación corresponde a la instancia estatal de atención a víctimas.

Ese procedimiento requiere integrar un expediente y, en determinados casos, realizar peritajes para establecer los montos.

El funcionario señaló que estos trámites pueden prolongarse durante años. La explicación difundida no precisa cuántas de las 48 recomendaciones pendientes o en proceso dependen de esa cuantificación.

Tampoco permite identificar, por sí sola, qué medidas ya fueron atendidas dentro de cada expediente.

Las cifras históricas presentan diferencias

Las publicaciones consultadas coinciden en la existencia de recomendaciones pendientes, pero presentan distintos acumulados de quejas.

Zona Franca reportó 1,392 quejas entre enero de 2016 y octubre de 2026, además de 296 recomendaciones.

Por su parte, Radio Fórmula publicó un acumulado de 1,315 quejas y 250 recomendaciones, también atribuido a información del funcionario municipal.

Medio Quejas reportadas Recomendaciones reportadas
Zona Franca 1,392 296
Radio Fórmula 1,315 250

Los reportes disponibles no permiten establecer si las diferencias responden a fechas de corte, criterios de clasificación o errores de publicación. En consecuencia, no resulta adecuado presentar uno de esos acumulados como un total definitivo sin aclaración documental.

Seguridad concentra los señalamientos

Radio Fórmula atribuyó 1,012 quejas a la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana dentro del acumulado de 1,315.

Ambas cifras equivalen aproximadamente al 77%. Ese porcentaje no debe trasladarse al total alternativo de 1,392 quejas, porque produciría una proporción diferente.

El funcionario también mencionó la capacitación del personal como una de las acciones para prevenir que las conductas señaladas se repitan.

El seguimiento debe revisarse por expediente

La Prodheg cuenta con un apartado público para consultar resoluciones y el seguimiento de sus puntos recomendatorios.

Esa revisión permite distinguir entre las medidas solicitadas y su estado de atención. Una queja, una recomendación y un procedimiento de responsabilidad son registros diferentes, por lo que sus cantidades no deben utilizarse como equivalentes.

Para evaluar el avance municipal, queda pendiente conocer el desglose de las 48 recomendaciones, sus fechas, las medidas todavía abiertas y las autoridades responsables de atenderlas.

Despidos en León: PAN señala presiones políticas y 14 casos

Román Cifuentes

El síndico Román Cifuentes aseguró que aproximadamente ocho personas acudieron a la Prodheg. La acusación retoma un conflicto laboral que ya llegó al Ayuntamiento.

LEÓN, GTO.— Las bajas de personal en el gobierno de Alejandra Gutiérrez Campos vuelven al debate público. El síndico panista Román Cifuentes Negrete aseguró que ha acompañado al menos 14 casos de trabajadores separados de sus cargos y señaló que algunas salidas estarían relacionadas con diferencias políticas con la alcaldesa.

En declaraciones difundidas el 5 de noviembre, sostuvo que personas identificadas con el PAN han denunciado presunto hostigamiento, amenazas y discriminación dentro de la administración municipal.

El señalamiento corresponde a la versión del integrante del Ayuntamiento. La información consultada no incluye resoluciones que acrediten motivaciones políticas en esos casos.

Ocho personas habrían acudido a Derechos Humanos

Según Cifuentes, aproximadamente ocho de las personas atendidas presentaron quejas ante la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg). Otras recurrieron a la vía laboral o solicitaron orientación para determinar qué acciones emprender.

El síndico afirmó que existen testimonios y grabaciones sobre presuntas presiones por afinidad partidista. También indicó que algunos trabajadores pidieron mantener su identidad en reserva por temor.

No se difundieron números de expediente ni un desglose verificable por dependencia. Tampoco se localizó una confirmación pública de la Prodheg sobre la recepción y situación de esas ocho quejas.

El conflicto ya había llegado al Ayuntamiento

Las declaraciones tienen un antecedente en la sesión municipal del 22 de octubre, cuando el regidor panista Ramón Hernández Hernández cuestionó presuntos despidos y acoso laboral.

En aquella discusión, la alcaldesa respondió que estaba dispuesta a revisar casos concretos y defendió que algunas bajas correspondían a falta de trabajo o de resultados.

También pidió a los empleados denunciar si recibían presiones de integrantes del Ayuntamiento.

Esa postura es anterior al balance de 14 casos presentado por Cifuentes. No debe confundirse con una respuesta específica a las declaraciones del 5 de noviembre.

Durante el mismo debate, la regidora de Morena Vanessa Montes de Oca reprochó al PAN no haber respaldado cuestionamientos previos sobre separaciones de personal en el Parque Metropolitano.

Las liquidaciones también estarán bajo revisión

Cifuentes adelantó que el gasto por liquidaciones deberá revisarse durante el análisis del Presupuesto de Egresos municipal de 2027.

Como contexto, información publicada en octubre, atribuida a la Dirección de Desarrollo Institucional, reportó 367 bajas y más de 135 millones de pesos en indemnizaciones entre enero y septiembre de 2026.

Ese balance incluye distintas causas de separación, entre ellas terminaciones laborales, jubilaciones, renuncias y defunciones. No corresponde al costo de los 14 casos denunciados ni demuestra que todas las bajas fueran injustificadas.

Qué falta por esclarecer

La información pendiente incluye las razones documentadas de cada separación, la situación de las quejas y los resultados de los procedimientos que, en su caso, se hayan iniciado.

Hasta contar con esas determinaciones, los presuntos motivos políticos deben mantenerse atribuidos a quienes los denuncian.

El avance respecto de los cuestionamientos anteriores es que el síndico ahora presenta un número de personas atendidas y refiere acciones ante Derechos Humanos. Queda por conocer qué acreditan los expedientes y cuál será la respuesta institucional a esos casos específicos.

Romita promete reparar el daño a familias de tres jóvenes

reparación del daño en Romita

El alcalde Pedro Tanamachi anunció ajustes presupuestales para atender a los familiares. La recomendación de Derechos Humanos existe desde julio de 2025.

ROMITA, GTO.— Para las familias de Daniela, Juan Pablo y Carlos, el caso continúa después de que los tres jóvenes fueron detenidos por policías municipales y posteriormente encontrados sin vida en 2023. Ahora, el alcalde Pedro Tanamachi Reyes reiteró que Romita asumirá la reparación del daño y realizará los ajustes presupuestales necesarios para cumplir.

El anuncio, difundido el 4 de noviembre, implica un compromiso de atención a los deudos, pero todavía deja pendientes datos fundamentales: cuánto recibirá cada familia, cuándo se realizarán los pagos y qué medidas han sido cumplidas.

El presidente municipal reconoció la responsabilidad institucional y sostuvo que el cambio de administración no elimina las obligaciones del Ayuntamiento frente a las víctimas.

Una reparación pendiente desde 2025

La intervención de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg) quedó asentada en el expediente 0360/2023, cuya resolución fue emitida el 3 de julio de 2025.

El organismo investigó la detención de las tres personas y concluyó que se actualizaron los elementos de desaparición forzada. Entre sus hallazgos documentó omisiones en los registros de ingreso y salida, así como falta de certeza sobre la persona a quien fueron entregadas.

La resolución reconoció tanto a las víctimas directas como a sus familiares afectados y planteó medidas de reparación.

¿Qué ocurrió con Daniela, Juan Pablo y Carlos?

Los hechos comenzaron el 19 de febrero de 2023, cuando los jóvenes fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal de Romita en un caso relacionado con un incidente vial. Días después, sus cuerpos fueron localizados en una fosa clandestina.

Por estos hechos, el entonces director de Seguridad y tres policías enfrentaron un proceso penal.

En junio de 2025 fueron absueltos, de acuerdo con la información publicada sobre el juicio, porque la Fiscalía no acreditó plenamente la acusación de que habían entregado a los jóvenes a un grupo criminal.

La conclusión de la Prodheg corresponde a una investigación de derechos humanos y debe distinguirse de lo resuelto por el tribunal penal.

La disculpa pública ya tiene antecedentes

El compromiso municipal tampoco comienza con el anuncio de noviembre. En agosto de 2025, Tanamachi ofreció una disculpa pública por el caso.

Posteriormente, la procuradora Karla Alcaraz señaló que se revisaría si ese acto cumplía con los criterios establecidos, debido a que se realizó sin la presencia de las familias. La posibilidad de repetirlo debía valorarse con ellas.

Además de la compensación económica, las medidas recomendadas incluyeron atención psicológica, investigación administrativa y capacitación.

¿Qué falta por conocer?

El anuncio más reciente no precisa los montos de las indemnizaciones ni acredita que los recursos ya hayan sido entregados.

Tampoco permite dar por cumplida la totalidad de la recomendación. Para conocer el alcance de la reparación será necesario contar con información sobre pagos, atención a las familias y seguimiento de cada medida.

Por ahora, Romita ha reiterado que asumirá sus obligaciones. El siguiente paso verificable será documentar cómo y cuándo se cumplen.

Entre muros, rejas y derechos rotos: 90 quejas de mujeres encarceladas y solo cuatro recomendaciones

Quejas de mujeres encarceladas en Guanajuato

Una respuesta de transparencia revela que la PRODHEG inició 90 expedientes relacionados con mujeres privadas de la libertad en Guanajuato desde 2018. Los señalamientos incluyen presuntos tratos degradantes, afectaciones a la integridad física, negligencia médica y violaciones a otros derechos fundamentales.

Por Rosario Martínez de la Vega

Guanajuato. Mientras el discurso oficial insiste en la reinserción social, la dignidad humana y el respeto a los derechos de las personas privadas de la libertad, las cifras de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG) exhiben una realidad que exige explicaciones.

De 2018 al periodo de corte de la solicitud de información, el organismo inició 90 expedientes de queja promovidos por mujeres encarceladas o en su favor, pero durante ese mismo lapso reportó únicamente cuatro resoluciones de recomendación.

La información fue proporcionada mediante una respuesta de transparencia fechada el 27 de octubre de 2026, identificada con el folio 2190200000003426.

Los registros incluyen señalamientos por presuntas violaciones a derechos fundamentales, ejercicio indebido de la función pública, tratos indignos, afectaciones a la integridad física, discriminación y problemas relacionados con el acceso a servicios de salud.

La diferencia entre las quejas recibidas y las recomendaciones emitidas plantea una pregunta sobre el funcionamiento del organismo encargado de proteger los derechos humanos: ¿qué ocurrió con los expedientes que no concluyeron en una recomendación?

León concentra 37 expedientes de queja

La respuesta oficial permite identificar los centros penitenciarios donde se originaron las denuncias.

De los 90 expedientes, la distribución es la siguiente:

  • Centro Estatal de León: 37 expedientes.
  • Centro Estatal de Valle de Santiago: 28 expedientes.
  • Centro Estatal de Guanajuato: 24 expedientes.
  • Centro Estatal de Celaya: un expediente.

León concentra el mayor número de casos registrados, con poco más del 41% del total.

Sin embargo, la cantidad de expedientes no necesariamente refleja la totalidad de las situaciones de violencia o vulneración de derechos que pudieron ocurrir dentro de los centros penitenciarios.

Los datos corresponden exclusivamente a los asuntos que fueron formalmente registrados ante la PRODHEG durante el periodo solicitado.

León: tratos indignos y presuntas agresiones

En el Centro Estatal de León, donde se originaron 37 expedientes, la PRODHEG identificó diferentes tipos de hechos presuntamente violatorios.

El registro incluye 21 incidencias por posibles violaciones a los derechos de las personas privadas de la libertad.

También se contabilizaron:

  • Seis incidencias por ejercicio indebido de la función pública.
  • Cuatro por violación del derecho al trato digno.
  • Dos por afectaciones al derecho a la integridad física.
  • Una por negativa o inadecuada prestación de servicios públicos.
  • Una por negligencia médica.
  • Una por transgresión del derecho a vivir una vida sin violencia y maltrato.
  • Una por vulneración del derecho a la seguridad jurídica.

La documentación señala que, en 22 supuestos, las quejas estuvieron dirigidas contra personal en funciones administrativas de la Secretaría de Seguridad Pública, mientras que en 15 se señaló a personal en funciones operativas.

Estos registros muestran que las inconformidades no se limitaron a un solo tipo de conducta.

Las mujeres privadas de la libertad o quienes presentaron las quejas en su nombre señalaron posibles afectaciones tanto en el trato cotidiano como en el ejercicio de sus derechos fundamentales.

Valle de Santiago: señalamientos sobre legalidad y régimen penitenciario

El Centro Estatal de Valle de Santiago registró 28 expedientes de queja.

En el desglose de presuntos hechos violatorios aparecen:

  • 22 incidencias relacionadas con derechos de las personas privadas de la libertad.
  • Dos por violaciones al derecho a la legalidad y seguridad jurídica.
  • Una por aplicación arbitraria del sistema penitenciario.
  • Una por ejercicio indebido de la función pública.
  • Una clasificada como indeterminada.
  • Una por violación del derecho al trato digno.

La PRODHEG precisó que, en 14 supuestos, las quejas señalaron a personal administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública y, en otros 14, a personal operativo.

Los datos colocan bajo observación tanto las condiciones de reclusión como la aplicación de procedimientos y decisiones dentro del centro penitenciario.

Guanajuato capital: discriminación y salud

En el Centro Estatal de Guanajuato se registraron 24 expedientes.

La respuesta de transparencia identifica:

  • 13 incidencias por presuntas violaciones a los derechos de las personas privadas de la libertad.
  • Seis por ejercicio indebido de la función pública.
  • Dos por violaciones al derecho a la protección de la salud.
  • Dos por violaciones al derecho al trato digno.
  • Una por discriminación.
  • Una por violación del derecho a la integridad física.
  • Una por vulneración del derecho al libre desarrollo de la personalidad.

En 15 supuestos se señaló a personal administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública y en nueve a personal operativo.

La presencia de señalamientos relacionados con salud, discriminación y trato digno resulta particularmente relevante en un entorno donde las mujeres se encuentran bajo custodia estatal y dependen de las instituciones para acceder a diversos servicios.

Celaya: una queja por integridad física

En el Centro Estatal de Celaya, la PRODHEG reportó un expediente.

El hecho señalado corresponde a una presunta violación del derecho a la integridad física.

La respuesta identifica como autoridad señalada a personal en funciones administrativas de la Secretaría de Seguridad Pública.

Aunque se trata de un solo expediente, forma parte del registro general de inconformidades relacionadas con las condiciones de reclusión de mujeres en Guanajuato.

Los señalamientos no equivalen a violaciones acreditadas

La propia PRODHEG explica que un mismo expediente puede contener más de un señalamiento contra una o varias autoridades, así como distintos hechos presuntamente violatorios.

Por esa razón, las incidencias descritas en las tablas no deben sumarse como si fueran expedientes independientes.

También es necesario distinguir entre la presentación de una queja y la acreditación de una violación a derechos humanos.

Las cifras muestran qué conductas fueron denunciadas ante el organismo, pero no permiten concluir que todas hayan quedado demostradas después de una investigación.

Esa diferencia vuelve especialmente importante conocer cómo se resolvió cada expediente.

Cuatro recomendaciones para 90 expedientes

El dato que concentra las principales interrogantes aparece en la tercera página de la respuesta oficial.

La PRODHEG informó que, durante el periodo solicitado, se dictaron cuatro resoluciones de recomendación.

La cifra contrasta con los 90 expedientes iniciados por quejas relacionadas con mujeres privadas de la libertad.

En términos numéricos, se registró una recomendación por cada 22.5 expedientes de queja.

Sin embargo, esta relación no constituye una tasa de impunidad ni demuestra que las otras 86 quejas hayan sido archivadas, desestimadas o declaradas improcedentes.

Las recomendaciones son una de las posibles formas de conclusión de una investigación de derechos humanos, pero no la única.

El problema es que la respuesta oficial no presenta el estado procesal ni el tipo de resolución de los demás expedientes.

Sin ese desglose, resulta imposible conocer cuántas quejas fueron atendidas mediante otros mecanismos, cuántas permanecen abiertas y cuántas concluyeron sin acreditar violaciones.

La ausencia de esa información impide construir una evaluación completa sobre la atención que recibieron las denuncias de las mujeres encarceladas.

📄 DOCUMENTO OFICIAL | RESPUESTA DE LA PRODHEG

Respuesta 3426

La respuesta oficial, identificada con el folio 2190200000003426 y fechada el 27 de octubre de 2026, documenta los 90 expedientes de queja, su distribución por centro penitenciario, los hechos presuntamente violatorios y las cuatro recomendaciones reportadas.

Consulta el documento completo para conocer las cifras proporcionadas por la autoridad.

La PRODHEG remite información al Poder Ejecutivo

La respuesta de transparencia también exhibe otra dificultad para conocer el panorama completo de las condiciones penitenciarias.

El organismo informó que únicamente era competente para proporcionar parte de los datos solicitados.

Respecto de otros puntos, señaló que carecía de atribuciones para poseer, generar o administrar esa información, debido a que correspondía a un ámbito institucional distinto.

Por ello, orientó a la solicitante a presentar los requerimientos faltantes ante la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato.

La PRODHEG proporcionó los datos de contacto de dicha unidad, ubicada en el domicilio oficial de la administración estatal.

Esta respuesta significa que, para completar la información sobre las condiciones penitenciarias y las actuaciones de las autoridades, la investigación requiere acudir a otra instancia gubernamental.

Aunque la orientación se fundamenta en la distribución legal de competencias, también evidencia que la información relevante se encuentra dispersa entre distintas dependencias.

La transparencia, entre distintas ventanillas

Para conocer las condiciones en las que viven las mujeres privadas de la libertad no basta con saber cuántas quejas se presentaron.

También es necesario identificar qué autoridades fueron señaladas, qué investigaciones se realizaron, cuáles fueron sus resultados y qué medidas se adoptaron.

La respuesta de la PRODHEG permite conocer una parte de ese panorama, pero deja pendientes otros elementos.

No precisa, por ejemplo, el destino individual de los expedientes que no derivaron en recomendaciones.

Tampoco permite determinar, con la información proporcionada, si existieron sanciones administrativas contra servidores públicos, medidas correctivas dentro de los centros penitenciarios o acciones para evitar que las conductas denunciadas se repitieran.

La investigación documental pone así sobre la mesa un problema de acceso a información pública: para reconstruir el seguimiento de las denuncias es necesario consultar distintas instituciones y relacionar sus respuestas.

¿Quién protege a las mujeres detrás de las rejas?

Las mujeres privadas de la libertad mantienen sus derechos humanos, con las restricciones que legalmente corresponden a su situación jurídica.

Su permanencia en un centro penitenciario no elimina el derecho a recibir atención médica, a ser tratadas con dignidad ni a vivir libres de violencia y discriminación.

Además, al encontrarse bajo custodia del Estado, dependen de las autoridades para satisfacer necesidades esenciales y garantizar condiciones adecuadas de reclusión.

Por ello, los señalamientos relacionados con posibles agresiones, malos tratos, negligencia médica y arbitrariedades administrativas requieren investigaciones efectivas y mecanismos de supervisión.

La existencia de 90 expedientes demuestra que estas inconformidades llegaron formalmente al organismo estatal de derechos humanos.

Pero el registro de las denuncias no es suficiente para evaluar la eficacia de su atención.

Es indispensable conocer las resoluciones, las medidas de reparación y las acciones preventivas que, en su caso, se hayan adoptado.

Derechos que no pueden quedarse en el papel

Los datos obtenidos mediante transparencia revelan una diferencia que merece explicaciones: 90 expedientes de queja frente a cuatro recomendaciones.

La documentación permite identificar los centros penitenciarios involucrados, las autoridades señaladas y las conductas presuntamente violatorias.

Sin embargo, no ofrece un panorama completo sobre el destino de las denuncias.

La PRODHEG proporcionó parte de la información y remitió otros puntos al Poder Ejecutivo, por lo que persisten interrogantes sobre el seguimiento institucional de los casos.

La pregunta central no es únicamente cuántas mujeres presentaron quejas desde prisión, sino qué ocurrió después de que esas denuncias llegaron a manos de las autoridades.

¿Cuántas fueron investigadas hasta su conclusión? ¿Qué hechos se acreditaron? ¿Qué medidas se adoptaron para proteger a las mujeres afectadas?

Mientras esas respuestas no estén disponibles, las cifras seguirán mostrando solo una parte de la realidad que se vive detrás de los muros penitenciarios.

Porque la privación de la libertad no debe convertirse en privación de derechos.

Investigación de Rosario Martínez de la Vega.

Fuente documental: respuesta de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, folio 2190200000003426, fechada el 27 de octubre de 2026.