El Ayuntamiento reforzará la revisión de proveedores con inspecciones físicas, identificación de beneficiarios y nuevos requisitos, mientras continúan las investigaciones por contratos millonarios.
León, Guanajuato, 26 de octubre de 2026. — El Gobierno Municipal de León busca cerrarles la puerta a las empresas fachada mediante nuevas reglas para verificar quién está detrás de los proveedores, dónde operan y si realmente tienen capacidad para cumplir los contratos que reciben.
Las medidas forman parte de las reformas al Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Comodatos y Contratación de Servicios, aprobadas por el Ayuntamiento en octubre.
Los síndicos María Esther Santos de Anda y Román Cifuentes Negrete explicaron al periódico AM que las modificaciones pretenden evitar la simulación de operaciones y reforzar la vigilancia sobre el uso de recursos públicos.
¿Qué cambiará para los proveedores de León?
Las nuevas disposiciones incorporan mecanismos para comprobar que las empresas contratadas realmente existen y cuentan con los recursos necesarios para prestar sus servicios.
Entre los principales controles se encuentran:
- Identificación del beneficiario controlador: conocer a las personas que realmente controlan o se benefician de una empresa.
- Georreferenciación: identificar la ubicación exacta de los domicilios declarados por los proveedores.
- Inspecciones físicas: verificar directamente la existencia de instalaciones.
- Comprobación de infraestructura: revisar maquinaria, equipo y otros recursos necesarios para cumplir los contratos.
- Verificación laboral y fiscal: solicitar documentación sobre trabajadores registrados ante el IMSS y obligaciones fiscales estatales.
También se contempla revisar la documentación que justifique los esquemas de subcontratación utilizados por las empresas.
Sin embargo, existe un pendiente: las autoridades reconocieron que todavía no se contempla un presupuesto específico para realizar inspecciones fuera de León.
Contratos millonarios bajo investigación
La reforma llega después de investigaciones periodísticas que señalaron presuntas irregularidades en la contratación de proveedores municipales.
Entre los casos documentados por AM se encuentra Office and Publicity MDF, empresa que obtuvo 12 contratos por más de siete millones de pesos entre 2024 y 2025.
También figura Centro Publicitario y de Marketing TLGR, que recibió 35 contratos por más de 11.9 millones de pesos entre 2022 y 2024.
Las investigaciones periodísticas cuestionaron la operación de estas compañías y señalaron posibles irregularidades relacionadas con sus domicilios, socios y vínculos comerciales.
Estos señalamientos dieron lugar a investigaciones administrativas y denuncias, pero no equivalen por sí mismos a una determinación judicial de responsabilidad.
Contraloría todavía tiene cuentas pendientes
Mientras el municipio implementa nuevos controles, las investigaciones sobre las contrataciones anteriores continúan abiertas.
El 13 de octubre, la Contraloría Municipal informó que las indagatorias registraban un avance aproximado del 85%.
La contralora Viridiana Margarita Márquez Moreno explicó que todavía era necesario realizar diligencias adicionales y volver a citar a algunas personas relacionadas con los expedientes.
Posteriormente, los síndicos municipales solicitaron que las investigaciones concluyan y que se determinen las responsabilidades correspondientes, en caso de acreditarse irregularidades.
Román Cifuentes informó que existe una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y que se ha proporcionado documentación complementaria para las investigaciones.
¿Serán suficientes los nuevos controles?
Aunque las autoridades municipales defienden las reformas, integrantes de la oposición han cuestionado su alcance.
Durante la discusión reglamentaria, regidores señalaron que las nuevas medidas podrían resultar insuficientes si no se garantiza la verificación efectiva de los proveedores y se atienden los posibles conflictos de interés.
Otro cuestionamiento se relaciona con las inspecciones a empresas ubicadas fuera del municipio.
El debate ocurre mientras la administración municipal busca recuperar la confianza en sus procedimientos de contratación.
Por ahora, las nuevas disposiciones representan un intento de reforzar la vigilancia sobre los proveedores. Su efectividad dependerá de cómo se apliquen las verificaciones y de los resultados que entreguen las autoridades encargadas de investigar las contrataciones cuestionadas.