Ciento cincuenta colectivos de búsqueda, organizaciones de derechos humanos, académicos y familiares de personas desaparecidas emitieron un pronunciamiento en Irapuato, Guanajuato, exigiendo a las autoridades locales reforzar urgentemente las medidas de protección para quienes buscan a sus seres queridos, así como transparencia en las investigaciones sobre las agresiones en su contra y el acceso a la verdad y la justicia.
El pronunciamiento se produce tras el asesinato de Patricia Negrete Tafoya, integrante del colectivo Una Promesa por Cumplir, ocurrido el 24 de junio en Pénjamo. Este caso subraya el riesgo constante que enfrentan los familiares de desaparecidos en la región, donde ha habido un incremento en la violencia contra estos grupos. Según el documento, desde 2018, ocho buscadoras han sido asesinadas en Guanajuato y seis se encuentran desaparecidas.
Los firmantes señalaron la falta de información pública sobre el avance de las investigaciones relacionadas con asesinatos, desapariciones y agresiones hacia los colectivos de búsqueda, lo que obstaculiza el esclarecimiento de estos casos y aumenta la incertidumbre de las familias afectadas. Por lo tanto, hicieron un llamado a la gobernadora Libia García Muñoz Ledo y al fiscal general Gerardo Vázquez Alatriste para que presenten un informe sobre el estado de las investigaciones y los resultados en los casos de violencia contra buscadoras.
El comunicado también destacó que, a pesar del cambio en la burocracia de la Fiscalía General del Estado, permanecen prácticas que limitan el acceso a la justicia y la reparación del daño para las víctimas. Los colectivos denunciaron un ambiente de impunidad y zonas de silencio que complican las búsquedas y aumentan el riesgo de quienes viven estas experiencias.
Asimismo, se instó a detener la criminalización hacia los desaparecidos y sus familias, sugiriendo que este fenómeno debe ser analizado desde una perspectiva integral que incluya la violencia y la posible colusión de autoridades. Finalmente, los colectivos solicitaron a los tres niveles de gobierno que asuman su responsabilidad, fortalezcan la coordinación institucional y garanticen condiciones seguras para las búsquedas.
En respuesta, el secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, expresó que la administración estatal mantiene reuniones periódicas con los colectivos de búsqueda y reconoció los retos que aún persisten. Informó que actualmente, alrededor de nueve buscadoras tienen medidas de protección y que se han realizado más de 350 búsquedas institucionales en lo que va del año, así como la entrega de 17 apoyos inmediatos a madres buscadoras. Reiteró el compromiso del Gobierno del Estado de continuar apoyando a los colectivos y colaborando con ellos para mejorar la situación.