Un docente del Sistema de Educación Media Superior a Distancia (SABES) en Bajío de Bonillas, Silao, ha sido vinculado a proceso penal por presuntos abusos sexuales contra una estudiante adolescente. La denuncia fue interpuesta por la víctima, quien comunicó el incidente a su familia, lo que llevó a los padres a manifestarse en el plantel educativo para exigir la detención del profesor.

Posteriormente, el profesor Fernando fue aprehendido y presentado ante un juez, quien calificó de legal su detención durante la audiencia inicial. La Fiscalía General del Estado informó que el juez de control dictó prisión preventiva como medida cautelar para asegurar el desarrollo del proceso judicial. Se estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, tras el cual el docente conocerá su situación legal.

Además, la Fiscalía confirmó la recepción de otra denuncia por el mismo delito, la cual derivará en la apertura de una nueva carpeta de investigación. El juez autorizó a la Fiscalía a presentar los cargos correspondientes en la fecha que estipula la ley.

El Gobierno del Estado de Guanajuato informa que ha destinado más de 15.7 millones de pesos para la conservación rutinaria de 30.39 kilómetros del Eje Metropolitano León – Silao y sus ramales, vital para la conectividad y movilidad en la región. La Secretaría de Obra Pública (SOP) es la encargada de implementar estos trabajos, que beneficiarán directamente a 1 millón 924 mil 771 personas.

El Eje Metropolitano, que registra un tránsito diario promedio anual superior a 54 mil vehículos, es una de las vías más transitadas en Guanajuato y esencial para el transporte de personas y mercancías entre los municipios de León y Silao. La conservación de esta infraestructura es considerada una prioridad para garantizar la seguridad y el desarrollo económico del estado.

Las acciones de mantenimiento incluyen limpieza de cunetas, rehabilitación de carpeta asfáltica, bacheo y fresado, renivelaciones locales, mantenimiento de señalización y conservación de defensas metálicas. Estas labores buscan no solo mejorar las condiciones de la carretera, sino también contribuir al bienestar de la ciudadanía.

El titular de la Secretaría de Obra Pública, Juan Pablo Pérez Beltrán, subraya la importancia de esta inversión en infraestructura para el desarrollo y la calidad de vida de los guanajuatenses, bajo la gobernanza de Libia Dennise García Muñoz Ledo. Se espera que la mejora continua de las carreteras impulse aún más la actividad económica en la región.

Durante un patrullaje preventivo en la zona centro de Huanímaro, Guanajuato, elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) aseguraron tres armas largas, tres cargadores, 68 cartuchos útiles y sustancias que podrían ser cocaína y marihuana.

Los eventos ocurrieron el seis de septiembre, cuando los oficiales, pertenecientes a la Comisaría Regional VIII, intervinieron tras detectar a un grupo de personas en la vía pública, una de las cuales aparentemente portaba un arma de fuego. Como resultado de esta intervención, fueron detenidos dos individuos: Carlos Eduardo “N”, de 24 años, e Isael “N”, de 19 años, ambos con residencia en Abasolo.

En el lugar de la detención, además de las armas y municiones, fueron encontradas 20 bolsas que contenían aproximadamente 4.7 gramos de una sustancia similar a la cocaína y dos bolsas con cerca de 29.5 gramos de marihuana. Todos los indicios, junto con los detenidos, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE).

La Secretaría de Seguridad y Paz del estado solicita a la ciudadanía que cualquier información relacionada con actividades ilícitas sea reportada a través de la línea anónima 089.

El alcalde de Manuel Doblado, Gustavo Adolfo Alfaro Reyes, presentó su Segundo Informe de Gobierno en la Plaza de Armas José Antonio Torres, destacando un avance del 85 % en su programa de gestión. A pesar de los logros, reconoció que existen pendientes, especialmente en infraestructura deportiva y otras obras en curso que se deberán atender en el último año de su administración.

Las regidoras de la oposición señalaron la existencia de avances en la gestión del alcalde, pero también identificaron áreas que requieren atención. Alfaro Reyes afirmó que uno de los desafíos será optimizar la capacidad de gestión para multiplicar los recursos del municipio y atender las necesidades restantes.

En su intervención, el alcalde mencionó avances que no son visibles, como la certeza jurídica del terreno para el nuevo panteón municipal, donde se planea habilitar una primera etapa. Indicó que la infraestructura deportiva permanece como un área pendiente debido a problemas legales que han retrasado su rehabilitación.

En el ámbito de infraestructura, se reportó una inversión histórica en 2026, con más de 224 millones de pesos para 68 obras, incluyendo proyectos para la rehabilitación de caminos, pavimentaciones, y obras hidráulicas, así como la reconstrucción del Puente Maravillas, que requerirá 41 millones de pesos.

Asimismo, se destacó la atracción de inversión privada, incluyendo un proyecto fotovoltaico de Green Park Energy, que se estima generará cerca de 1,500 empleos en su fase de construcción. El alcalde reforzó el compromiso de mejorar las oportunidades laborales en el municipio.

Por otro lado, se mencionaron apoyos al campo con una inversión de 27.5 millones de pesos en becas y suministros, y el secretario de Obra Pública de Guanajuato, Juan Pablo Pérez Beltrán, reportó una inversión estatal de 178 millones de pesos en Manuel Doblado.

Finalmente, las regidoras reiteraron la necesidad de atención a la infraestructura y servicios pendientes, resaltando que, a pesar de los avances, se deben concluir las obras planificadas para asegurar un desarrollo sostenido en el municipio.

En Guanajuato, Raymundo Sandoval, miembro de la Plataforma por la Paz y la Justicia, ha denunciado que el Grupo Parlamentario de Morena ha presentado una iniciativa de identificación forense que la Fiscalía del Estado considera innecesaria y plagió aspectos de propuestas previas. La iniciativa busca modificar el artículo 11 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato para crear un Instituto de Ciencias Forenses, destinado a dotar de autonomía a los servicios periciales.

Sandoval explicó que la propuesta original surgió de la sociedad civil en 2022 y fue formalmente presentada por el Partido Verde en 2023, aunque sin discusión. En 2024, Morena retomó la iniciativa sin reconocer su origen, cambiando algunos términos y presentando un documento que, según Sandoval, constituye un “copia y pega”. El activista hizo hincapié en la falta de preparación por parte de Morena para defender la propuesta, dado que la Fiscalía y la Consejería Jurídica han expresado argumentos en contra.

El debate sobre la iniciativa se intensificó durante una sesión de la Comisión de Gobernación en el Congreso, donde diputados de Morena defendieron la necesidad de crear un instituto autónomo para enfrentar la acumulación de cuerpos sin identificar. Sin embargo, representantes de la fiscalía objetaron la propuesta, argumentando que las reformas nacionales mandan mantener los servicios forenses integrados a las instituciones de justicia.

El académico Fabrizio Lorusso, de la Universidad Iberoamericana León, enfatizó que Guanajuato requiere un organismo autónomo para servicios forenses, alineado con estándares internacionales. Lorusso también destacó que otros estados han adoptado modelos similares que permiten mayor autonomía en la gestión forense, lo que puede facilitar la colaboración con la Fiscalía y otros organismos en la búsqueda de personas desaparecidas.

La discusión en el Congreso de Guanajuato concluyó sin consenso sobre la reestructuración del sistema de identificación forense, dejando la situación en un estado de incertidumbre respecto a la implementación de un nuevo modelo que asegure mejores prácticas en el ámbito.

El Gobierno del Estado ha destinado 2 mil 463 millones de pesos a obras y acciones en Irapuato desde septiembre de 2024 hasta el 30 de junio de este año. Esta cifra fue anunciada durante el Segundo Informe de Gobierno de la Presidenta Municipal de Irapuato, Lorena Alfaro García, por la Gobernadora, Libia Dennise García Muños Ledo.

Durante su intervención, la Gobernadora destacó la importancia del trabajo conjunto entre el Gobierno Estatal y Municipal, subrayando que estas inversiones tienen un impacto directo en la calidad de vida de los ciudadanos. Entre las obras realizadas se encuentran la primera etapa del Complejo de Seguridad Ciudadana y un Centro de Educación Ambiental.

Además, se anunciaron nuevas acciones a través del programa Manos a la Obra, que incluirán la rehabilitación y reconfiguración de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, así como la construcción de un puente vehicular en la Calzada de Guadalupe y diversas obras de pavimentación.

La Gobernadora también hizo referencia a la estrategia Aliadas, que abarca 27 programas en áreas clave como salud, educación y empleo. En el contexto de esta iniciativa, se ha entregado más de 165 mil Tarjetas Rosa en Irapuato, con una inversión de 1 mil 025 millones de pesos.

Libia Dennise reafirmó su apoyo a la Alcaldesa y su compromiso con los ciudadanos de Irapuato. En el evento, también estuvieron presentes autoridades locales, representantes del Poder Judicial y de la Guardia Nacional, así como miembros del Ayuntamiento y de cámaras empresariales.

Los diputados del partido Morena en Guanajuato han señalado que el vencimiento del plazo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para modificar las normas que penalizan el aborto en el estado refleja una falta de claridad por parte del Partido Acción Nacional (PAN) en cuanto a la defensa de los derechos de las mujeres. La discusión se centra en la necesidad de modificar los artículos 159, 160, 162 y 163 del Código Penal local, que forman parte del marco legal que penaliza el aborto voluntario. La SCJN declaró inconstitucional la totalidad de los artículos 159 y 160, así como una porción del artículo 162 y el artículo 163 en su totalidad.

Luego de que el Congreso del Estado de Guanajuato no atendiera este requerimiento en el plazo estipulado, se admitió la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 16/2025 por parte de la SCJN, la cual notifica al Congreso para que modifique las disposiciones legales que la Corte ha señalado como inconstitucionales. En un comunicado, los legisladores de Morena manifestaron su desaprobación hacia la aparente inacción del PAN, argumentando que su negativa a legislar sobre los derechos reproductivos ha permitido que la SCJN asuma un rol legislativo en la materia.

Por su parte, la diputada Susana Bermúdez Cano del PAN reiteró el compromiso de su partido con iniciativas que apoyan la vida y el bienestar de las mujeres, como la Ley de Jefas de Familia y propuestas contra la violencia digital. El diputado Rolando Alcántar Rojas defendió la postura de su partido, afirmando que las decisiones legislativas deben basarse en el respeto a las leyes y los alcances específicos de las resoluciones de los órganos jurisdiccionales.

Con la omisión del Congreso para actuar, se abre la posibilidad de que la SCJN elimine las disposiciones que criminalizan la interrupción voluntaria del embarazo. Los legisladores de Morena sostuvieron que este cambio jurídico es fundamental para avanzar en el reconocimiento del derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos. La atención se mantiene sobre el desarrollo de esta situación legal y su impacto en la política pública del estado.

En la Comisión de Justicia del Congreso de Guanajuato se debatió una iniciativa del Partido Acción Nacional (PAN) para tipificar nuevas conductas de acecho y acoso a través de tecnologías de la información. Esta propuesta busca mejorar la legislación en torno a la violencia digital y se originó tras el aumento de agresiones en entornos digitales en el estado.

La iniciativa sugiere reformas al Código Penal estatal centradas en la violencia digital contra mujeres, incluyendo modificaciones sobre acecho y la instigación o apología de delitos. Durante la reunión, Elizabeth Durán Isaís, representante de la Fiscalía del Estado, observó que ciertos aspectos de la propuesta requieren revisión, señalando que la instigación ya está contemplada en el código actual con sanciones más severas que las sugeridas.

Respecto a la apología del delito, Durán Isaís mencionó que existen tipificaciones similares en el Código Penal Federal y en legislaciones de otros estados, sugiriendo que se tome en cuenta dicha normativa para enriquecer la iniciativa local. Destacó la necesidad de vincular expresamente las definiciones de estos delitos con la violencia digital en razón de género, proponiendo la creación de una agravante específica.

Asimismo, subrayó que la regulación no debe limitarse al uso de inteligencia artificial, ya que otras herramientas tecnológicas también pueden alterar material íntimo, erótico o sexual. Recalcó que la violencia digital tiene un impacto significativo en niñas y adolescentes, amplificando sus efectos en entornos digitales.

La discusión también abordó la propuesta de incluir creaciones de imágenes o videos íntimos falsos mediante inteligencia artificial como conductas sancionables. María Magdalena Acevedo Aguiar, de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, aseguró que su opinión se basó en consultas con la Secretaría de Educación de Guanajuato.

Se coincidió en que la redacción actual, que abarca la conducta cometida por cualquier medio, mantiene un alcance suficientemente amplio, aunque se consideró importante mantener la precisión sobre medios digitales para mayor claridad. Además, se sugirió una agravante cuando la víctima sea niña, adolescente o mujer.

Durante la reunión se enfatizó la urgencia de capacitar adecuadamente a las autoridades responsables de recibir denuncias para evitar la revictimización. También se planteó la necesidad de sancionar el almacenamiento no consentido de material sensible y fomentar la educación digital como medida de prevención.

El diputado Carlos Abraham Ramos Sotomayor destacó la importancia de las aportaciones recibidas durante foros en Irapuato, León y Guanajuato capital, donde se llevó a cabo el análisis de la propuesta. La legisladora Susana Bermúdez Cano subrayó que el objetivo del proyecto no es restringir la libertad de expresión, sino proteger los derechos de los individuos en el ámbito digital, donde se reporta un alto índice de violencia, especialmente contra mujeres jóvenes.

La Comisión de Justicia del Congreso se comprometió a considerar todas las sugerencias presentadas para lograr un análisis técnico que enriquezca el proceso de dictaminación de la iniciativa. Se citó un estudio de ONU Mujeres México que indica que más de diez millones de mujeres han sufrido agresiones en entornos digitales en el país, lo que refuerza la necesidad de construir un entorno virtual más seguro.