León.- El Comité de Adquisiciones del municipio ha aprobado la celebración de un convenio para la afectación de un terreno de 3,516.65 metros cuadrados en el entronque de la carretera León-Cuerámaro, junto al acceso principal de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León (ENES UNAM). Este proyecto, que busca mejorar el acceso vial a la institución educativa, requerirá una inversión de 2,127,573.25 pesos para adquirir dicha parcela, propiedad de María de los Ángeles Estrada Gómez.

La aprobación se realizó durante la sesión del 21 de septiembre por parte de los integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Comodatos y Contratación de Servicios. Marco Antonio García Monzón, director de Derecho de Vía, justificó la necesidad de este convenio al señalar que, aunque ya existen carriles de acceso y salida a la ENES León, la ampliación es necesaria para optimizar el flujo vehicular en la zona.

El proceso de validación del proyecto está respaldado por un oficio de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, que asegura la total disponibilidad del terreno, así como un certificado de libertad de gravamen que confirma la ausencia de deudas o limitaciones sobre el inmueble. Además, se destacó que, al ser una parcela y no estar inscrita en el catastro, actualmente no genera impuestos prediales.

El avalúo oficial del terreno, realizado por Catastro y el Colegio de Maestros en Valuación de León, determinó un costo promedio de 605 pesos por metro cuadrado. La ENES León cuenta con aproximadamente 1,500 estudiantes y 400 docentes, además de ofrecer servicios de salud en sus áreas de Odontología, Optometría y Fisioterapia, lo que aumenta la importancia de una infraestructura vial adecuada en la zona.

León, Guanajuato.- Un operativo realizado en un domicilio de la colonia Paseos de Miravalle resultó en el aseguramiento de 531 botellas de alcohol presuntamente adulterado. Este hallazgo se enmarca dentro de una investigación derivada de denuncias presentadas por ciudadanos que reportaban afectaciones a su salud y seguridad.

La intervención fue coordinada por la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Consejo Regulador del Tequila (CRT), y posteriormente la investigación fue trasladada a la Fiscalía General de la República (FGR) debido a la naturaleza federal del delito. Durante el operativo se identificaron varias marcas y presentaciones, entre ellas 102 botellas de 1800 Cristalino Añejo, 216 de Centenario Añejo y 192 de Maestro Dobel Diamante, entre otros.

La FGE informó que los productos fueron asegurados para respaldar las investigaciones y atender las quejas de la comunidad. Las autoridades han confirmado que las botellas quedaron bajo resguardo como parte del proceso investigativo. Este incidente pone de manifiesto la importancia de la vigilancia y la denuncia en la lucha contra la venta de productos nocivos o ilegales en León.

León, Guanajuato.- El establecimiento conocido como Hart Club, situado en Plaza Las Palmas, colonia Villa del Juncal, fue clausurado por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE). Esta acción, que tuvo lugar aproximadamente a las 18:00 horas del pasado domingo, se desarrolla en el contexto de investigaciones relacionadas con la posible privación de libertad, según indicaron fuentes policiales.

El operativo fue llevado a cabo por peritos y agentes de Investigación Criminal (AIC), que realizaron la diligencia en el local localizado sobre el bulevar Juan Alonso de Torres, casi en la esquina con Paseo del Moral. Aunque se han mencionado posibles vínculos con la desaparición de personas, la Fiscalía ha aclarado que esta investigación no está asociada con la venta de alcohol a menores de edad.

El director de Fiscalización y Control de León, Francisco Monjarás, afirmó que su dependencia no participó en la clausura y que la acción fue exclusiva de la FGE. Aclaró que, aunque el Hart Club ha sido objeto de revisiones administrativas, el establecimiento cuenta con toda la documentación y licencia para la venta de bebidas alcohólicas en regla.

Monjarás también destacó que las inspecciones a bares y antros son un proceso continuo, que involucra a varias dependencias, incluidas la Policía y Protección Civil. Estas revisiones buscan asegurar el cumplimiento de horarios de operación y normativas de seguridad.

Por su parte, Jorge Guillén Rico, secretario de Seguridad de León, informó que se revisará un reporte relacionado con el Hart Club para verificar la atención brindada por las autoridades de seguridad. Aseguró que la responsabilidad de la investigación recae en la FGE, mientras que la Secretaría de Seguridad mantiene operativos en coordinación con Fiscalización en toda la ciudad.

El día de hoy, se encontró el cadáver de una mujer con evidentes huellas de violencia en una alcantarilla en la colonia Arroyo Hondo, en León. Este hallazgo, reportado por vecinos de la zona alrededor de las 3 de la tarde, genera preocupación en la comunidad sobre la seguridad local.

La Fiscalía General del Estado (FGE) ha informado que la víctima aún no ha sido identificada y se desconoce el tiempo que el cuerpo estuvo en el lugar. Tras el aviso, la Policía Municipal llegó al sitio, donde confirmaron que se trataba de una mujer y acordonaron el área con cinta amarilla, solicitando la llegada de una ambulancia.

Los paramédicos que respondieron al protocolo de emergencias certificaron que la persona no tenía signos vitales. Posteriormente, peritos de la Fiscalía iniciaron las indagatorias pertinentes y recolectaron evidencias que serán integradas a una carpeta de investigación.

Finalmente, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia correspondiente y se espera que sea reconocido por algún familiar. La comunidad de León permanece en alerta ante este suceso que afecta directamente la seguridad en la zona.

La administración municipal de León ha decidido clasificar como información reservada los nombres de los representantes legales de las empresas constructoras que tienen contratos con el gobierno local. Esta medida, que afecta la transparencia en el sector público, ha sido implementada en respuesta a preocupaciones de seguridad planteadas por miembros de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Guanajuato (CMIC).

Expertos en transparencia han cuestionado esta justificación, señalando que el potencial riesgo no necesariamente valida la ocultación de información vinculada a recursos públicos. Consideran que la administración debe demostrar de manera concreta qué riesgos están siendo mitigados y argumentar por qué la divulgación de estos nombres podría ser perjudicial.

Desde la CMIC, se ha defendido la clasificación como una medida de prevención ante delitos como la extorsión, asegurando que esto no implica una reducción en la transparencia pública. Sin embargo, activistas han destacado la importancia de diferenciar entre datos sensibles y la información básica sobre entidades que reciben fondos públicos.

Roberto Saucedo, un activista en el tema, ha enfatizado que es razonable proteger la información personal que pueda representar un riesgo tangible; sin embargo, considera inaceptable ocultar los nombres de representantes legales, que son fundamentales para la rendición de cuentas ciudadana.

Alejandro Rocha Pedraza, excomisionado del extinto Instituto de Acceso a la Información Pública de Guanajuato, también ha manifestado su preocupación. Subraya que cualquier reserva debe basarse en un análisis riguroso que demuestre un riesgo real, una práctica que, según él, representa un retroceso en materia de transparencia.

Esta controversia surgió tras la documentación de la decisión del gobierno municipal de León de reservar información que antes era accesible. La clasificatoria abarca no solo los nombres de los representantes legales, sino también los domicilios de los contratistas de obra pública, bajo un oficio presentado por la CMIC en mayo, que solicitaba la protección de estos datos.

Desde julio, la administración ha comenzado a testear información en contratos, formalizando una reserva que se extenderá por cinco años. Esta decisión es relevante considerando que el Programa Anual de Obras Públicas y Servicios Relacionados para 2026 incluye cuatrocientos sesenta y ocho proyectos con un presupuesto superior a mil setecientos veintiocho millones de pesos.

La reserva de esta información también es crítica ya que investigaciones periodísticas han utilizado los nombres de los contratistas para evidenciar posibles vínculos entre proveedores y funcionarios públicos de León.

León.- En un trágico suceso ocurrido en la colonia Nueva San Carlos, dos personas, identificadas como Josefina y Cecilio, fueron encontradas sin vida en su domicilio. La investigación a cargo de la Fiscalía de Guanajuato ha determinado que Johan Sebastián, un familiar, es el responsable del asesinato, por lo que fue detenido y sentenciado a 30 años de prisión por feminicidio y homicidio calificado.

La Fiscalía indicó que una de las víctimas murió a causa de un fuerte golpe en el tórax, mientras que la otra presentó lesiones provocadas con un arma blanca en la misma zona. Los hechos se registraron el viernes 11 de septiembre, cuando Johan Sebastián llegó a la vivienda y, tras el ataque, se dio a la fuga.

El hallazgo de los cuerpos ocurrió el domingo por la noche, cuando familiares, preocupados por la falta de información, ingresaron a la vivienda ubicada en la calle Flor de Anís, casi esquina con Flor de Melón. Allí encontraron a Cecilio en la sala y a Josefina en la planta alta; ambos presentaban signos de descomposición.

Antes de este hallazgo, los familiares habían estado buscando a la pareja durante varios días, sin obtener respuesta a sus intentos de comunicación, siendo la última interacción el jueves anterior alrededor de las 2 de la tarde. Debido a la falta de noticias, decidieron solicitar apoyo para entrar al domicilio, lo que llevó a que la Fiscalía de Guanajuato iniciara la investigación del caso.

Un adolescente de 16 años perdió la vida ahogado en la presa de Duarte, ubicada en la comunidad del mismo nombre en León, mientras se encontraba en compañía de una joven. La joven logró salir del agua y solicitó ayuda al notar que el menor no emergía, lo que movilizó a las autoridades locales.

El incidente ocurrió alrededor de las 2 de la tarde. Al recibir el reporte, elementos de la Policía Municipal delimitaron la zona con cinta amarilla y pidieron asistencia a los rescatistas de Protección Civil y Bomberos. Tras varias horas de búsqueda, los buzos de Bomberos lograron localizar el cuerpo del menor a las 5:45 de la tarde.

El Ministerio Público ha iniciado investigaciones para esclarecer las circunstancias del acontecimiento, y el cuerpo ha sido trasladado al Servicio Médico Forense para realizar la necropsia correspondiente. Este trágico suceso se suma a otro reciente en la comunidad de Loza de los Padres, donde tres personas fallecieron ahogadas en un banco de tepetate. Las autoridades locales enfatizan la importancia de la seguridad en áreas acuáticas, especialmente durante temporadas de lluvias.

Durante el Maratón León 450, que atrajo a miles de participantes, se llevaron a cabo cierres viales en múltiples puntos de la ciudad, afectando la movilidad de los residentes. Desde las primeras horas de este evento, elementos de Tránsito implementaron restricciones en bulevares clave como Adolfo López Mateos y Francisco Villa, lo que obligó a muchas personas a modificar sus rutas o buscar alternativas de transporte.

Los cambios en las rutas del transporte público generaron inconvenientes adicionales. Juan Antonio, que viajaba desde la zona de Santa María de Cementos, tuvo que bajarse de la ruta L-06 en el bulevar Francisco Villa y continuar a pie, lo que incrementó sus gastos al requerir un servicio de Uber. Además, expresó cómo las modificaciones afectaron su tiempo y desplazamiento, comprometiendo su agenda personal.

Maribel, quien se trasladaba de San Juan Bosco a un evento en la zona del Parque Explora, también enfrentó demoras por los desvíos, complicando su llegada. Ambos, junto a otros ciudadanos, sugirieron que futuros eventos deportivos se realicen en áreas que minimicen el impacto en la movilidad general.

Francisco Zaragoza, resonando un sentimiento similar, indicó que aunque su experiencia personal no fue gravemente afectada, muchos trabajadores que transitan los domingos deben considerar estos cierres. Entre las rutas alteradas se incluyen servicios auxiliares y suburbanos, y los ajustes estaban destinados a durar desde las 5:50 hasta alrededor del mediodía.

La Dirección General de Movilidad había avisado previamente sobre estos cambios, anunciando su colaboración con la Secretaría de Seguridad para optimizar la operación del transporte durante el evento.

Tras finalizar la carrera, las vialidades comenzaron a abrirse gradualmente después de las 8 de la mañana, recuperando la normalidad en el tránsito a mediodía.

Una mujer de 30 años perdió la vida tras un accidente ocurrido en el bulevar Vicente Valtierra, cerca de la intersección con Camino a Alfaro, mientras conducía una motocicleta de pista. Al parecer, la velocidad inadecuada fue un factor determinante en el suceso, que tuvo lugar minutos después de las 9 de la noche del sábado.

La víctima, identificada como Aranzazú Aldama, era conocida en la comunidad como integrante del grupo de motociclistas «Valkirias» y había trabajado previamente como operadora del transporte público en León, específicamente en la base Echeveste, cubriendo las rutas auxiliares X-13 y X-15.

De acuerdo con los reportes de las autoridades, Aranzazú no logró reducir la velocidad al entrar en una curva y terminó chocando contra un árbol. El impacto fue tan fuerte que su motocicleta se proyectó aproximadamente 300 metros más adelante. Testigos que presenciaron el accidente intentaron brindarle asistencia y alertaron al servicio de emergencia al marcar el número 911.

Al llegar, los oficiales de la Policía Vial delimitaron la zona e solicitaron una ambulancia. Los paramédicos, tras realizarle maniobras de reanimación, confirmaron que la mujer carecía de signos vitales y procedieron a cubrir su cuerpo con una sábana azul.

Las autoridades del Ministerio Público iniciaron las indagatorias pertinentes para establecer las causas del accidente y, posteriormente, el cuerpo de Aranzazú fue trasladado a las instalaciones del Semefo para la necropsia de ley. Este trágico suceso resalta la importancia de adoptar precauciones al conducir, en aras de salvaguardar la vida y la seguridad de todos los usuarios de la vía en León.

León.- El Gobierno Municipal de León, encabezado por la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos, ha clasificado como información reservada varios datos de los contratos de obra pública, afectando la transparencia en la gestión pública. Los nombres de los representantes legales de las empresas que ejecutan obras para el municipio, así como su domicilio fiscal y medios de contacto, ya no serán accesibles al público, limitando así el control y seguimiento de los recursos públicos.

Esta decisión se tomó tras una solicitud de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Delegación Guanajuato, bajo el argumento de que estos datos podrían usarse para extorsiones a empresarios. Hasta ahora, esta información era pública desde la implementación de la Ley Federal de Transparencia en 2002.

La presidenta municipal, Alejandra Gutiérrez Campos, ha manifestado su compromiso con la transparencia, aunque ahora se enfrenta a cuestionamientos sobre esta acción que contradice sus declaraciones previas. A partir de julio, el municipio ha comenzado a reservar información que antes estaba disponible, lo que dificulta la vigilancia ciudadana sobre el uso de los recursos destinados a infraestructura.

El cese de la disponibilidad de estos datos coincide con investigaciones previas que revelaron posibles vínculos entre contratistas y funcionarios municipales. León proyecta una inversión de mil 728 millones de pesos en su Programa Anual de Obra Pública 2026, que abarca 468 obras, y la falta de transparencia en este contexto podría suscitar desconfianza entre los ciudadanos.

La alcaldesa ha declarado que la titular de la Unidad de Transparencia, Luz Araceli Andrade, será la encargada de brindar mayores aclaraciones sobre esta decisión. Por su parte, Andrade se ha deslindado de la responsabilidad, afirmando que actuó conforme al procedimiento legal establecido.

La solicitud hecha por la CMIC se presentó el 29 de mayo, y desde entonces, el Gobierno Municipal ha comenzado a implementar restricciones sobre la divulgación de la información, a pesar de que esta había sido accesible hasta ahora. La CMIC sostiene que esta medida es necesaria para proteger a sus afiliados ante amenazas relacionadas con la seguridad.

El debate sobre este asunto ha llevado a diversas opiniones entre funcionarios locales. La síndica María Esther Santos de Anda y otros regidores consideran que la decisión de reservar información podría suponer un retroceso en materia de transparencia, señalando la importancia de que los ciudadanos tengan acceso a los procesos de asignación de obras públicas.

La dependencia estatal Transparencia para la Gente también ha insistido en que la regla general debe ser la máxima publicidad respecto al manejo de recursos públicos. La situación actualmente refleja la tensión entre la necesidad de proteger la seguridad de quienes trabajan en la construcción y la obligación de mantener la transparencia en los procesos administrativos del municipio.