El Senado de la República aprobó la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, que tiene como objetivo primordial fomentar el uso de medios de pago electrónicos en trámites gubernamentales y en la adquisición de bienes y servicios, con la intención de reducir las transacciones en efectivo. La nueva legislación establece la CURP Digital y el Expediente Digital Ciudadano como mecanismos para asegurar la confianza en la contratación de servicios financieros. También incluye modalidades de pago como códigos QR, tecnología de comunicación de campo cercano (NFC), tarjetas de débito y crédito, domiciliaciones y transferencias electrónicas.
El proyecto de ley establece que los tres niveles de Gobierno y los proveedores de servicios deberán implementar acciones necesarias para aceptar transacciones digitales. A su vez, confiere a la Secretaría de Hacienda la facultad de designar sectores estratégicos donde se permitirán estos medios de pago. Sin embargo, se contempla que el uso de efectivo o cheques seguirá siendo posible ante contingencias que afecten temporalmente los sistemas digitales. La legislación también otorga al Banco de México la responsabilidad de facilitar las transferencias electrónicas y de armonizar aplicaciones financieras, así como de establecer medidas para ampliar el acceso a estos servicios.
Asimismo, la normativa prevé que las dependencias adopten los modelos de homologación de trámites económicos emitidos por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. La reforma ha sido valorada por algunos especialistas, quienes destacan su potencial para incentivar la bancarización y modernizar las transacciones. Sin embargo, se señala que más del 80% de las operaciones aún se realizan en efectivo, especialmente en sectores de bajos ingresos y en áreas con escaso acceso a internet y a servicios bancarios.
El presidente de la Comisión de Economía del Senado, Emmanuel Reyes Carmona, afirmó que la digitalización ofrece la posibilidad de modernizar el sistema financiero, promover la inclusión económica y favorecer a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) al simplificar sus transacciones y mejorar su acceso al crédito formal. Por su parte, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, puntualizó que la ley no obligará a la digitalización de todas las operaciones. La Secretaría de Hacienda definirá gradualmente los sectores en los que se aplicará esta normativa, permitiendo excepciones por contingencias.
Desde el grupo parlamentario de Morena, Heriberto Marcelo Aguilar Castillo destacó que la reforma no busca eliminar el uso del efectivo, sino ampliar las opciones de pago para facilitar las transacciones y brindar oportunidades a quienes han estado excluidos del sistema financiero. No obstante, algunos legisladores de la oposición, como José Máximo García López del PAN, alertan sobre el riesgo de mayor intervención del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en los ingresos de los trabajadores. Francisco Daniel Barreda Pavón, de Movimiento Ciudadano, expresó preocupación por la exclusión de quienes no disponen de cuentas bancarias, acceso a internet o conocimientos para manejar las herramientas digitales.
La Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos tiene como meta modernizar el sistema financiero, fomentar las transacciones electrónicas e incrementar la inclusión financiera. La legislación estipula que las dependencias de los tres niveles de Gobierno deberán habilitar modalidades de pago electrónico, mientras que la Secretaría de Hacienda determinará los sectores donde estos pagos podrán convertirse en la única forma de pago. En caso de contingencias, se permitirá temporalmente el uso de efectivo o cheques. Legisladores de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano han manifestado que la medida podría limitar la libertad de elección de pago, afectando a personas sin acceso a cuentas bancarias y a tecnología. A su vez, la oposición advierte que los pequeños comercios podrían enfrentar costos adicionales, que eventualmente se trasladarían al consumidor. A pesar de las críticas, Morena sostiene que la reforma busca ampliar las alternativas de pago y fomentar operaciones comerciales, además de combatir la corrupción. El dictamen ahora será enviado al Ejecutivo federal para su publicación.