El actual titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), Ernesto Prieto Ortega, ha confirmado su intención de buscar la candidatura para la gubernatura de Guanajuato bajo el partido Morena.

En declaraciones realizadas este martes, Prieto Ortega no precisó la fecha exacta de su renuncia al cargo, pero anticipó que no concluirá su función como titular del Indep este año 2023.

El funcionario explicó que su renuncia se efectuará una vez que se emita la convocatoria para los aspirantes a la gubernatura en el estado de Guanajuato.

Cabe mencionar que Ernesto Prieto previamente se desempeñó como director general de la Lotería Nacional desde el 1 de diciembre de 2018 hasta el 30 de septiembre del 2020, y desde el 1 de octubre del 2020, fue designado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como titular del Indep.

Es importante señalar que Ricardo Sheffield, actual titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), también manifestó en junio pasado sus intenciones de buscar la candidatura a la gubernatura de Guanajuato por el mismo partido. La contienda electoral en este estado promete ser interesante, con diversas figuras políticas aspirando a liderar el rumbo de Guanajuato.

En una declaración contundente, el dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, instó al presidente Andrés Manuel López Obrador a poner fin a la persecución contra sus opositores y en cambio concentrarse en combatir a los grupos criminales, asumiendo su rol como jefe de Estado y no como jefe de pandilla.

En un video difundido este lunes, Zambrano pidió a López Obrador que respete la Constitución y los órganos electorales, y que cese la persecución contra Xóchitl Gálvez, quien busca ser la responsable nacional del Frente Amplio por México.

«El país se encuentra ante un Estado fallido con un gobierno decadente al frente, y lamentablemente el presidente de la República ha optado por perseguir políticamente a sus opositores, como es el caso flagrante de Xóchitl Gálvez en las últimas semanas, especialmente en los últimos días», destacó Zambrano en un comunicado.

El líder del PRD acusó a López Obrador de ignorar las medidas cautelares y sancionatorias del INE (Instituto Nacional Electoral) respecto al respeto a la senadora Xóchitl Gálvez y de intervenir en el proceso electoral de manera indebida.

«El mandatario se ha percatado de que puede perder las elecciones frente a la oposición y cae en abierto desacato de las medidas cautelares del INE», denunció Zambrano.

El perredista también señaló que el presidente protege a sus aliados políticos para que continúen violando la ley y malgastando recursos públicos millonarios en propaganda.

«Esta es mi clara exigencia a López Obrador: que deje de utilizar los instrumentos del Estado mexicano para perseguir a los opositores políticos y, al mismo tiempo, que de manera preocupante, protege a criminales para obtener beneficios electorales», afirmó Zambrano.

Por su parte, el presidente López Obrador reiteró sus ataques contra Xóchitl Gálvez, aspirante presidencial del Frente Amplio. Sin embargo, aseguró que acatará bajo protesta las órdenes de las autoridades electorales y que dejará de referirse a las empresas de la senadora cuando reciba la notificación correspondiente.

«Vamos a cumplir con todas las disposiciones legales, como siempre lo hemos hecho, y con las decisiones de los organismos electorales, aunque lo hagamos bajo protesta, ya que es muy injusto que un grupo de potentados que se creían dueños de México, con su dinero, sus medios de información y sus intelectuales a sueldo, estén atacándonos, y las autoridades limiten nuestra libertad», enfatizó López Obrador.

Es evidente que la tensión política continúa en aumento, mientras las autoridades electorales vigilan de cerca el desarrollo de los acontecimientos.

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, acusó este lunes al presidente Andrés Manuel López Obrador de recurrir a la difamación contra Xóchitl Gálvez Ruiz, aspirante a la candidatura presidencial del Frente Nacional por México, argumentando que sus «corcholatas» están perdiendo apoyo.

En un comunicado, el líder del PAN calificó la estrategia de López Obrador como burda y de ataque, descalificación y difamación contra su principal contrincante, su partido y sus aspirantes, ya que sus «corcholatas» se están desinflando.

Cortés aseguró que la difusión de contratos de empresas de Gálvez Ruiz por parte del presidente constituye un delito, y afirmó que se presentaron documentos falsos. El PAN respaldará a Gálvez Ruiz en las acciones legales que emprenda contra el mandatario, pues consideran que violó varias leyes y esto no puede pasarse por alto.

Asimismo, el líder del PAN responsabilizó al presidente de cualquier daño a la integridad de Gálvez, su familia y sus clientes, y exigió que cese los ataques contra la senadora.

Por otro lado, Cortés hizo un llamado al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, para que no participe en activismo político en contra de la oposición. Esto surge después de que el funcionario participara en un evento de Morena y acusara de corrupción a los partidos opositores.

En su conferencia matutina de este lunes, el presidente López Obrador reiteró sus ataques contra Xóchitl Gálvez, aunque afirmó que acatará bajo protesta la orden de las autoridades electorales y dejará de hablar de las empresas de la senadora cuando sea notificado por ellas.

López Obrador expresó su compromiso de cumplir con todos los ordenamientos legales, pero lo hará bajo protesta, ya que considera injusto que el grupo de potentados que se sentían dueños de México, con todo su dinero y medios de información, estén lanzados en contra de su gobierno y que las autoridades limiten su libertad.

En un reciente pronunciamiento, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó su descontento ante las medidas implementadas por el gobierno de Texas en la frontera con México. El mandatario calificó como «publicitarias» y «muy vulgares» las nuevas barreras fronterizas, que incluyen un cerco de alambre y una barrera de boyas en el río Bravo, con la finalidad de impedir el paso de migrantes.

Durante su conferencia de prensa matutina, AMLO instó a sus compatriotas a no votar por el gobernador de Texas, Greg Abbott, ni por los legisladores del Partido Republicano que apoyan dichas medidas. Afirmó que estas acciones buscan engañar al pueblo estadounidense y a los texanos, sugiriendo que son estrictos con la migración y el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

El presidente desestimó la efectividad de estas acciones, tachándolas de «puro cuento» y «pura mentira». En mayo pasado, el gobernador de Texas anunció la colocación de boyas gigantes para construir una barrera flotante en el río Bravo, con el objetivo de reforzar la seguridad en la frontera.

Sin embargo, AMLO minimizó la extensión de las boyas y señaló que solo cubren 300 metros, mientras que la frontera entre México y Estados Unidos cuenta con más de 3 mil kilómetros. El presidente cuestionó la demora en completar la barrera y señaló que hay temas más importantes que requieren atención.

Respecto al extrañamiento enviado por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México a Estados Unidos, donde se argumentó que la colocación de las boyas viola el Tratado de Aguas entre ambos países, AMLO restó importancia al asunto, calificándolo como «politiquería».

En conclusión, el presidente de México mostró su desacuerdo con las acciones del gobierno de Texas en la frontera, señalando que son meramente políticas y que se enfocan en la publicidad más que en abordar temas de relevancia para ambos países.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha mencionado de forma continua a Xóchitl Gálvez, aspirante opositora, durante sus conferencias matutinas con el objetivo de desacreditarla, destaca un artículo publicado en el Wall Street Journal. La periodista Mary Anastasia O’Grady también señala que el presidente se ha negado a recibir a Xóchitl Gálvez para ejercer su derecho de réplica, a pesar de la orden de un juez.

«AMLO no respeta la ley cuando pretende destruir a un oponente (…). Cuando no está abusando de su poder en su contra, Xóchitl Gálvez, lo está insultando descaradamente», se menciona en el texto. La articulista afirma que López Obrador considera a Xóchitl Gálvez como una amenaza de cara al próximo proceso electoral.

«El presidente tiene razón al estar preocupado (…). Morena parecía invencible hace apenas un mes», se lee en la publicación del WSJ. Es importante mencionar que Xóchitl Gálvez, aspirante del Frente Amplio por México, ya ha presentado una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por violencia política de género y violaciones a la equidad electoral.

«Xóchitl Gálvez es la peor pesadilla del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador», añade Mary Anastasia O’Grady en su publicación. El pasado 4 de julio, Xóchitl Gálvez se registró para participar en el proceso interno del Frente Amplio, que actualmente se encuentra en la fase de recolección de firmas. Los 13 aspirantes deberán obtener el respaldo de 150,000 personas en al menos 17 estados del país para continuar en la contienda. La senadora del PAN anunció el pasado 27 de junio su intención de buscar la candidatura presidencial para el próximo año, asegurando que será la próxima presidenta del país a través de un video publicado en su cuenta de Twitter.

Han pasado dos semanas desde el trágico asesinato de Hipólito Mora, el valiente agricultor de limón que en 2013 se levantó en armas para enfrentar a la delincuencia organizada en la región de Tierra Caliente, Michoacán.

Latinus tuvo la oportunidad de entrevistar a Hipólito Mora en el comedor de su casa en el poblado de La Ruana, municipio de Buenavista, un mes y 13 días antes de su fatídico asesinato. Durante la entrevista, Mora expresó su orgullo por haber organizado a los ciudadanos para vigilar y denunciar a los delincuentes que han tomado el control de Tierra Caliente a través de extorsiones, cobros de piso, asesinatos y desapariciones.

Consciente del peligro que enfrentaba, Hipólito Mora sabía que su vida estaba en riesgo debido a las críticas que dirigía hacia los gobiernos estatal y federal, así como hacia el grupo conocido como «Los Viagras», que actualmente controla el territorio de Tierra Caliente.

Lamentablemente, esta entrevista resultó ser una de las últimas, ya que el 29 de junio un comando armado atacó su camioneta blindada con granadas, balas y fuego. El vehículo en el que Hipólito Mora perdió la vida fue objeto de más de mil balazos y finalmente fue incendiado.

La valentía y determinación de Hipólito Mora para enfrentar a la delincuencia y defender a su comunidad dejaron una huella imborrable. Su trágico asesinato es un recordatorio escalofriante de los peligros que enfrentan aquellos que luchan por la justicia y la seguridad en nuestro país.

La extradición de Rafael Caro Quintero, conocido como el «narco de narcos» y previamente uno de los narcotraficantes más buscados por la DEA, ha sido utilizada por México como una herramienta de negociación en materia de seguridad con Estados Unidos, según expertos. A pesar de haber sido detenido por segunda vez en la sierra de Sinaloa hace un año, Caro Quintero se encuentra a la espera de ser entregado a la justicia estadounidense.

Sin embargo, analistas plantean que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador estaría alargando el proceso de extradición con el objetivo de ejercer presión sobre Estados Unidos en temas relacionados con el tráfico de armas y fentanilo. Según David Saucedo, especialista en seguridad pública, parece ser que el gobierno mexicano está permitiendo que Caro Quintero agote todos los recursos disponibles para retrasar su extradición hasta llegar a una negociación.

Aunque la extradición del narcotraficante podría formar parte de un amplio paquete de medidas de seguridad entre ambos países, Javier Oliva, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sostiene que no resolverá asuntos específicos, descartando la posibilidad de un acuerdo relacionado con el fentanilo, pero considerando una opción viable dentro de un acuerdo más amplio.

El prolongado proceso de extradición de Caro Quintero refleja las complejidades y los intereses en juego en las negociaciones de seguridad entre México y Estados Unidos, y se espera que esta situación continúe generando debate y especulaciones en el futuro cercano.

Aunque la ley prohíbe las campañas anticipadas que algunos políticos han iniciado, como los aspirantes de Morena y del Frente Amplio por México, expertos en derecho electoral han afirmado que ninguno de ellos perdería el registro como candidato presidencial debido a la permisibilidad de la ley electoral para estos casos.

Jorge Aljovín Navarro, experto en temas electorales y constitucionales, junto con Eric Guerrero Luna, abogado especializado en derecho electoral, han explicado que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece sanciones, como la pérdida de registro, para los aspirantes que cometan actos anticipados de precampaña, obtengan ventajas indebidas, realicen llamados al voto, encabecen reuniones públicas, aparezcan en espectaculares o promocionales en radio y televisión, o reciban apoyo de grupos fuera de los tiempos estipulados por la ley. Sin embargo, ambos expertos coinciden en que estas sanciones no se aplican en la práctica.

Eric Guerrero advierte enfáticamente que, a pesar de las violaciones evidentes a la ley al realizar giras o asambleas informativas, ninguno de los aspirantes presidenciales perdería su registro en caso de convertirse en candidatos de sus coaliciones para la presidencia. Argumenta que el derecho a ser votado es un derecho humano y no puede ser eliminado si está expresamente garantizado por la ley.

Otro motivo que señala es que, aunque la ley exige que los partidos y precandidatos presenten un informe de gastos de campaña ante el Instituto Nacional Electoral (INE), este informe puede presentarse en ceros, incluso si se han realizado gastos.

En conclusión, los aspirantes que resulten elegidos como candidatos presidenciales de sus respectivos partidos podrían enfrentar sanciones económicas o amonestaciones, pero no perderían su registro como candidatos. Esta situación plantea un debate en torno a la aplicación efectiva de las sanciones establecidas por la ley electoral.