El Gobierno federal implementa un registro obligatorio de líneas telefónicas para combatir la extorsión en el país, pero menos del 40% de las más de 144 millones de líneas activas han cumplido con este requisito. Según datos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), hasta el 5 de junio se registraron aproximadamente 56.7 millones de líneas.
Expertos en seguridad, como Francisco Jiménez Reynoso de la Universidad de Guadalajara, advierten que la baja participación refleja una desconfianza ciudadana hacia las autoridades y la gestión de datos personales. Jiménez señala que la medida ha sido objeto de impugnaciones legales debido a preocupaciones sobre la privacidad y la protección de datos.
Asimismo, el académico subraya que el contexto político y social actual afecta la disposición de la población a participar en el registro. Destaca que un alto porcentaje de llamadas de extorsión provienen de centros penitenciarios y sugiere que el control dentro de las cárceles es fundamental para abordar este problema.
Para mitigar riesgos, recomienda a los ciudadanos no responder llamadas de números desconocidos y exhorta a las autoridades a redirigir recursos hacia el control de los centros penitenciarios y la eliminación de redes criminales que operan con infraestructura telefónica clandestina. Resalta que las condiciones en algunos penales permiten la operación de redes de extorsión, lo que agrava la situación.
La CRT ha comunicado que, a pesar del bajo registro, se descarta el fracaso de la estrategia, argumentando que es habitual que los usuarios realicen el trámite en los últimos días del plazo. La presidenta de la CRT enfatiza que el registro es un paso necesario para abordar delitos como la extorsión y el fraude.
La iniciativa, que busca asociar la clave de identidad (CURP) con líneas telefónicas activas, ha encontrado resistencia en la población, alcanzando solo un 39.3% de líneas registradas. El especialista Fernando Jiménez Sánchez apunta que la falta de confianza en el manejo de datos contribuye a esta baja cifra. La política se lanzó a principios de 2026 con el objetivo de combatir la extorsión y el robo de identidad. Sin embargo, obstáculos como la evasión del registro y la falsificación de documentos complican la implementación.
Las autoridades debenancar esfuerzos en reforzar campañas informativas y mejorar la coordinación con las fiscalías para la investigación de delitos relacionados con la telefonía. Sin embargo, Jiménez Sánchez subraya que un registro nacional podría ser efectivo si se integra en una estrategia más amplia que incluya mecanismos de control adicionales.








![Gobierno de la Gente impulsa igualdad en el fútbol en [nombre del municipio]](https://fueguito.com.mx/wp-content/uploads/2026/06/gobierno-de-la-gente-impulsa-igualdad-en-el-futbol-en.jpg)
