El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha anunciado una ofensiva para desmantelar la Corte Penal Internacional (CPI), instando a los aliados de Washington a que reconsideren su participación en el organismo. Este movimiento responde a la acusación de que la CPI socava la soberanía estadounidense al intentar procesar a militares y funcionarios de Estados Unidos en el marco de su labor judicial.

Estados Unidos, que no es parte del Estatuto de Roma que estableció la CPI, ha fundamentado su posición en las investigaciones de crímenes de guerra en Afganistán y otros casos que afectan a aliados clave, como Israel. La administración actual busca adoptar medidas más severas, incluyendo la prohibición de entrada a territorio estadounidense para el personal de la CPI y el incremento de sanciones contra sus miembros y organizaciones asociadas.

La estrategia del Departamento de Estado también incluye aumentar la presión sobre naciones que dependen de la seguridad proporcionada por Estados Unidos para que estas abandonen la CPI. Washington planea convocar a embajadores de diversas naciones para discutir lo que consideran «abusos» de la CPI y solicitar su retirada del organismo.

Marco Rubio ha expresado que la CPI parece intentar convertirse en un «árbitro global sin rendición de cuentas», sustentado por una red de organizaciones no gubernamentales y gobiernos críticos hacia Estados Unidos. La administración busca una colaboración robusta con sus aliados para llevar a cabo esta estrategia, a pesar de las implicaciones geopolíticas que pueda conllevar.

Un reciente informe indica que Marco Rubio, Secretario de Estado de los Estados Unidos, ejerce un control significativo sobre la política y economía de Venezuela desde Washington, tras la captura del expresidente Nicolás Maduro por autoridades estadounidenses. Este desarrollo, que incluye la supervisión de las finanzas públicas y la toma de decisiones del gobierno interino venezolano, posiciona a Rubio como una figura clave en la administración actual, respaldando el gobierno de Delcy Rodríguez.

El análisis se basa en entrevistas con funcionarios de ambos países, que revelan que Rubio mantiene comunicación constante con Rodríguez, quien lidera el gobierno interino con el apoyo de la Casa Blanca. El documento sugiere que esta relación no es equitativa, enfatizando la influencia estadounidense en la política venezolana, y señala el interés del gobierno estadounidense en establecer una «transición de poder segura» que podría prolongarse durante varios años.

Se detalla que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos gestiona los ingresos correspondientes a las exportaciones venezolanas, implementando un sistema que se asemeja a un modelo de «mesada», donde se imponen condiciones sobre el uso de dichos fondos. De acuerdo con declaraciones de un portavoz del Departamento de Estado, existe una perspectiva de colaboración que podría fomentar la prosperidad de Venezuela en el contexto de su riqueza natural y relaciones con Estados Unidos.

El informe también menciona que Rubio ha facilitado la apertura de la industria petrolera a empresas estadounidenses, mientras el gobierno interino ha cooperado con investigaciones judiciales de Estados Unidos, entregando individuos clave y participando en operativos militares. No obstante, recientes desastres naturales en el país, incluidos terremotos que causaron miles de muertes, han complicado los esfuerzos de estabilización y llevaron al despliegue de tropas estadounidenses en la región.

Finalmente, analistas advierten que Rodríguez podría estar buscando postergar procesos institucionales, a la espera de una posible alteración en la administración estadounidense, limitándose a proporcionar plazos vagos para la realización de elecciones libres en el país.