El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha reintegrado sus funciones luego de un periodo de cuatro meses de licencia a raíz de una investigación por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. La Fiscalía General de la República (FGR) determinó que no existen pruebas que lo involucren en las acusaciones, mientras que el Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene señalamientos sobre su supuesta implicación en el tráfico de drogas.

Rocha Moya reiteró su inocencia en un comunicado en la red social X, afirmando que regresaba «con la frente limpia». Durante su licencia, desde el 1 de mayo, se puso a disposición de las autoridades mexicanas. La FGR concluyó que no había elementos de prueba que sustentaran las acusaciones en su contra.

El Departamento de Estado estadounidense había señalado a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios sobre una presunta conspiración para introducir narcóticos en Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos. Los funcionarios acusados también incluyen al senador Enrique Inzunza y a exsecretarios de Seguridad y de Administración y Finanzas en Sinaloa.

Las acusaciones, difundidas el 29 de abril, enfatizan que estos funcionarios habrían protegido operaciones del cártel, permitiendo el transporte de drogas a cambio de sobornos. En su retorno, Rocha Moya expresó su apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum, destacando la defensa de la soberanía y la democracia frente a intereses externos.

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, manifestó el rechazo del gobierno mexicano hacia la práctica de deportación de connacionales a terceros países de Centroamérica por parte de Estados Unidos. Según información oficial, aproximadamente 2,300 migrantes mexicanos han sido enviados a Guatemala en lo que va del año.

Rodríguez planteó esta preocupación durante una reunión con el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, donde solicitó que los migrantes sean repatriados directamente a México, de acuerdo con los mecanismos establecidos. La funcionaria puntualizó que, aunque México respeta las decisiones de otros países en materia migratoria, no está de acuerdo con el traslado a naciones intermedias antes de que estos lleguen a su país.

En el marco de la conferencia matutina encabezada por la secretaria, quien asumió funciones en reemplazo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, Rodríguez subrayó la necesidad de mantener el actual acuerdo que facilita el retorno directo de los migrantes. Esta declaración se produce tras la confirmación por parte del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, sobre el incremento notable en el número de deportaciones, con cifras que reflejan un aumento desde solo 15 casos en 2025.

Los mexicanos deportados llegan a Guatemala en vuelos provenientes de Estados Unidos y, según reportes, permanecen en dicho país por menos de 24 horas antes de continuar su viaje por carretera hacia México. Arévalo ha dejado claro que Guatemala no actúa como un «tercer país seguro» en estos casos, ya que los migrantes se encuentran en tránsito.

Estados Unidos también ha deportado a ciudadanos mexicanos a Honduras, en el contexto de una política de deportaciones que se ha ampliado desde la administración de Donald Trump. Rodríguez, por otro lado, reportó una disminución del 96 por ciento en la migración irregular hacia Estados Unidos, tanto de mexicanos como de extranjeros.

El Gobierno de Sheinbaum ha documentado previamente un descenso del 97.5 por ciento en los encuentros de migrantes en la frontera, pasando de 305,608 en diciembre de 2023 a 5,433 en mayo de 2024. Además, la titular de Gobernación hizo hincapié en la coordinación diaria entre las autoridades de México y Estados Unidos en cuestiones migratorias, de seguridad y comercio, destacando el contacto continuo entre el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) estadounidense. A pesar de las divergencias sobre la política de deportaciones, Rodríguez calificó la relación bilateral como cordial y respetuosa.

Rubén Rocha Moya ha confirmado su regreso al cargo de gobernador de Sinaloa tras 112 días de licencia. La reanudación de sus funciones se dio a conocer a través de su cuenta oficial en la red social X. Durante su ausencia, Rocha Moya solicitó separarse del cargo para atender señalamientos por presuntos vínculos con el crimen organizado, realizados por el gobierno de Estados Unidos.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos había señalado a Rocha Moya, junto con otros nueve funcionarios, por supuestas conexiones con el Cártel de Sinaloa, que ha sido catalogado como grupo terrorista. Se les acusó de haber distribuido grandes cantidades de narcóticos hacia territorio estadounidense.

Durante los días de su licencia, Rocha Moya se presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR), donde colaboró con las investigaciones relacionadas con estas acusaciones. Tras su comparecencia, las autoridades no encontraron evidencia que sustentara los señalamientos en su contra, lo que le permite retomar el control del gobierno de Sinaloa.