Un terremoto de magnitud 7.4 ha devastado varias ciudades capitales en Colombia, resultando en un balance preliminar de 169 personas fallecidas y 668 heridas, según reportes de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales. Este incidente natural ha desatado una respuesta de emergencia que involucra a múltiples niveles de gobierno y organizaciones humanitarias, destacando la gravedad de la situación.

La ciudad de Cali es la que ha registrado el mayor número de víctimas fatales, con 85 fallecidos, seguida por Pereira, con 66, y otros informes indican muertes en Quibdó y Manizales. En conjunto, estas ciudades agrupan una alta proporción de las víctimas confirmadas. Las autoridades han identificado 165 edificaciones colapsadas en estas citadas áreas, complicando esfuerzos de rescate.

Las operaciones continúan mientras los equipos de emergencia llevan a cabo labores de búsqueda y evaluación de daños. Los reportes incluyen daños significativos en infraestructura hospitalaria, vial y sistemas de transporte público, lo que ha dificultado las labores de atención a las víctimas. El aeropuerto de Matecaña y distintos servicios básicos también han sido afectados, lo que impacta negativamente en la logística de respuesta.

Quibdó ha reportado daños en viviendas y en infraestructura educativa, con un balance preliminar de nueve fallecidos. Por su parte, Manizales ha identificado daños estructurales en importantes edificaciones, incluidos la Catedral Basílica Metropolitana y la Universidad Nacional, además de cinco muertes confirmadas.

La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales ha estado en contacto con las administraciones locales para evaluar las necesidades prioritarias y coordinar la respuesta institucional ante esta crisis. Se ha declarado oficialmente una situación de desastre nacional y se han activado centros de acopio en varias capitales para facilitar la ayuda humanitaria destinada a los afectados.

Las cifras actuales son preliminares y están sujetas a cambios a medida que las operaciones avanzan y se obtienen más datos de los equipos de atención de emergencias. La magnitud de esta tragedia subraya la vulnerabilidad estructural y la necesidad de una atención efectiva y coordinada ante desastres naturales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha promulgado una Orden que modifica el esquema de vacunación infantil, instando a los estados a inmunizar a los niños contra 11 enfermedades, lo cual representa una disminución de siete vacunas en relación con las recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Esta decisión podría tener implicaciones significativas en la salud pública y en la percepción de las autoridades sanitarias, tanto a nivel nacional como internacional.

El texto legal presentado por la Administración Trump establece que estas nuevas recomendaciones se basan en la evidencia científica y buscan maximizar las opciones disponibles para los padres en cuanto a la inmunización de sus hijos. Las vacunas que ahora se sugieren para todos los menores incluyen aquellas contra el sarampión, paperas, rubéola, difteria, tétanos, tos ferina, poliomielitis, Haemophilus influenzae tipo B, enfermedad neumocócica, virus del papiloma humano (VPH) y varicela. A su vez, se proponen vacunas adicionales para ciertos grupos vulnerables, como aquellos con riesgo elevado de hepatitis A y B, meningococo y dengue.

Además, la nueva directriz introduce un enfoque de «decisiones clínicas compartidas», permitiendo que los padres tomen decisiones informadas sobre otras vacunas, como las de hepatitis A, hepatitis B, rotavirus, gripe y COVID-19. En particular, se sugiere dividir la vacuna combinada contra el sarampión, las paperas y la rubéola en tres dosis individuales. Esto se realiza en un intento de ofrecer mayor flexibilidad en la administración de vacunas.

La Orden también respeta el derecho de los padres a establecer exenciones por razones religiosas y médicas, lo que podría influir en la aceptación de las vacunas en diversas comunidades. Sin embargo, se establece la necesidad de presentar planes para mejorar la investigación sobre vacunas, evaluando continuamente sus perfiles de riesgo y beneficio con datos tanto nacionales como internacionales.

Desde el punto de vista político, esta modificación responde a un contexto más amplio en el que se busca ajustar las recomendaciones de vacunación a lo que la Administración considera un exceso comparado con las normativas de otros países desarrollados. Los datos históricos indican que el número de dosis recomendadas ha aumentado significativamente desde 1980, lo que ha llevado a un debate en torno a la efectividad y necesidad de tantas vacunas en el calendario infantil estadounidense.

En resumen, esta decisión de la Administración Trump se alinea con un enfoque que promueve la supuesta libertad de elección de los padres, al mismo tiempo que busca optimizar las prácticas de vacunación en el país. El impacto de estas medidas en la salud pública y la confianza en el sistema sanitario será objeto de análisis y discusión en los próximos meses.

Un tribunal en Siria ha emitido una sentencia a muerte en ausencia contra el expresidente Bashar al Assad y otros ocho individuos, en respuesta a acusaciones de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Este fallo se produce en el contexto de un conflicto prolongado que ha tenido un impacto significativo en la comunidad internacional y en la dinámica regional en Oriente Medio.

Bashar al Assad, quien se exilió en Moscú en diciembre de 2024, ha sido declarado culpable de múltiples delitos, incluidos asesinato premeditado y tortura, según información proporcionada por la agencia oficial de noticias de Siria. La sentencia también afecta a Atef Nayib, antiguo jefe de seguridad de la provincia de Derá, quien es el único de los acusados que permanece bajo custodia, y ha sido señalado como responsable de supervisar las torturas durante las protestas en 2011, que formaron parte de la ola de la Primavera Árabe.

Las acciones del Ejército sirio en Derá marcaron un momento crítico en la historia del país, que culminó en un levantamiento que dejó un saldo trágico: se estima que aproximadamente 224 civiles, incluidos menores, perdieron la vida, así como 81 militares que se resistieron a reprimir estas revueltas. Esta brutal represión se considera un catalizador importante para el estallido de la guerra civil siria, conflicto que concluyó con la desestabilización del régimen de al Assad en diciembre de 2024, tras una ofensiva por parte de grupos armados, entre ellos la organización yihadista Hayat Tahrir al Sham (HTS).

La sentencia también contempla a otros líderes militares y funcionarios del régimen, como Maher Hafez al Assad, hermano del expresidente, y Fahd Jassim al Freij, exministro de Defensa. Con la fuga de estos altos mandos, el juicio plantea interrogantes sobre la capacidad de la comunidad internacional para abordar la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos en Siria y sobre futuras relaciones bilaterales en la región. El impacto de este veredicto y las acciones subsiguientes del tribunal se seguirán de cerca a medida que la situación en Siria y su entorno continúen evolucionando.