El Comité contra la Desaparición Forzada (CDF) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoció avances en la búsqueda de personas desaparecidas en México durante una presentación ante la Asamblea General. Sin embargo, el comité advirtió que existen indicios significativos de que las desapariciones forzadas se cometen como crímenes de lesa humanidad, lo cual continúa siendo una preocupación persistente.
El presidente del CDF, Juan Pablo Albán Alencastro, destacó los esfuerzos del Gobierno de México en la localización de 16 mil personas en 2026, en un contexto en el que más de 130 mil ciudadanos permanecen desaparecidos, de acuerdo con cifras oficiales. A pesar de estos avances, Albán Alencastro insistió en la necesidad de mantener los procesos de cooperación internacional con países como España y Alemania, así como con organismos internacionales. En este sentido, solicitó que la situación de las desapariciones en México sea examinada nuevamente por la Asamblea General.
Albán Alencastro indicó que el Comité concluyó que hay pruebas fundadas sobre la comisión de desapariciones forzadas y que esta problemática persiste. La información presentada al comité provino de datos del Estado mexicano, testimonios de víctimas y aportaciones de organizaciones civiles desde 2012. En la sesión, también participó Grazyna Baranowska, presidenta-relatora del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.
Durante el encuentro, la delegación mexicana rechazó la interpretación del CDF sobre el alcance y la aplicación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Albán Alencastro explicó que este artículo proporciona un mecanismo preventivo para movilizar la atención internacional ante situaciones graves.
El presidente del Comité subrayó que la decisión del CDF no implica una determinación de responsabilidad internacional contra México. Se aclaró que no existían indicios de una política federal que favorezca las desapariciones forzadas, pero se reconocieron problemas estructurales que continúan requiriendo atención.
Las autoridades mexicanas afirmaron que la búsqueda de personas desaparecidas es una prioridad nacional. Mencionaron que el delito de desaparición está asociado principalmente a grupos delictivos, aunque se reconoció la implicación de algunas autoridades. Se comunicó que en 2026 se localizaron más de 16 mil personas, mayormente con vida, y se fortalecieron las capacidades de la Comisión Nacional de Búsqueda y otros mecanismos de identificación.
Además, se informó que se conformó, junto al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, un grupo de expertos para analizar el registro nacional de personas desaparecidas.










