La Corte Penal Internacional (CPI) ha confirmado los cargos de crímenes de lesa humanidad contra el expresidente filipino Rodrigo Roa Duterte por su rol en la “guerra contra las drogas”. La decisión, que ordena la apertura de un juicio en su contra, se centra en asesinatos y tentativas de asesinato entre 2011 y 2019 en Filipinas.
Según la Corte, los crímenes se cometieron como parte de un ataque «generalizado y sistemático» contra la población civil, dirigido a individuos considerados sospechosos de delitos relacionados con drogas. La Fiscalía ha presentado indicios suficientes para sostener que Duterte estuvo en la cima de una estructura responsable de miles de asesinatos, tanto como alcalde de Dávao como presidente del país.
El caso incluye tres cargos por crímenes de lesa humanidad, abarcando asesinatos en Dávao, ejecuciones de “objetivos de alto valor” y muertes en operaciones policiales. Aunque se registran al menos 76 asesinatos y dos intentos, se estima que la cifra real podría ser significativamente mayor.
Se argumenta que Duterte diseñó la política de «neutralización» de presuntos delincuentes, traducida en ejecuciones, y garantizó impunidad a los perpetradores. La causa avanza a una Sala de Primera Instancia, que establecerá el calendario del juicio.
La Fiscalía de la CPI destacó que esta decisión es un hito en la búsqueda de justicia por las ejecuciones extrajudiciales. Human Rights Watch también se pronunció, considerando que el juicio representa una oportunidad para las familias de las víctimas y un recordatorio de que nadie está por encima de la ley. La campaña contra las drogas de Duterte fue objeto de críticas por el uso excesivo de la fuerza y la falta de rendición de cuentas.