Activistas en Sinaloa reaccionaron con desconfianza a la noticia de que el gobernador Rubén Rocha Moya y nueve de sus colaboradores enfrentan una orden de aprehensión en Estados Unidos por presunta asociación con el Cártel de Sinaloa. La sorpresa radica en la posibilidad de que el gobierno mexicano colabore con las autoridades estadounidenses.
Desde hace más de 20 meses, Sinaloa ha sufrido una crisis de inseguridad, pero el régimen actual ha mantenido su respaldo al gobernador, ignorando las demandas de la sociedad que enfrenta desapariciones, homicidios y extorsiones. Marhta Reyes, presidenta de Coparmex en Sinaloa, indicó que la justicia en el estado ha sido deficiente.
El activista Miguel Taniyama expresó su escepticismo sobre si Rocha Moya se presentará en la Corte de Nueva York para aclarar la situación. Afirmó que la prioridad de Morena es proteger su estatus político ante las elecciones venideras, a pesar de la situación de violencia en el estado.
Ricardo Beltrán, presidente de la Alianza Mexicana de Abogados en Sinaloa, criticó al gobernador por actuar con cinismo, mientras el gobierno federal apoya a los integrantes de su partido. La falta de acción respecto a la denuncia penal presentada por esta organización en febrero contra Rocha Moya por delincuencia organizada ha generado desconfianza.
A través de su cuenta en redes sociales, Rocha Moya criticó las acusaciones, calificándolas de ataques a la cuarta transformación. Los activistas, sin embargo, consideran que estas repercusiones son consecuencia de declaraciones de líderes del cártel que han sido detenidos, sugiriendo una compleja trama en la que la justicia sigue siendo esquiva para los sinaloenses.