El reciente contrato otorgado por el gobierno de México a un consorcio compuesto por la constructora Regiomontana de Construcción y Servicios (RECSA) y la empresa española COMSA, por un monto de 7,152.1 millones de pesos, marca un hito significativo en la política de infraestructura del país. Este acuerdo, gestionado por la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), está destinado a la construcción de edificios auxiliares para el tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo, cuya ejecución comenzará el 25 de junio y está programada para completarse en un lapso de 920 días naturales.
La decisión de adjudicar el contrato a este consorcio responde a que su propuesta cumplió con los criterios legales, técnicos y económicos establecidos en la convocatoria. La ATTRAPI destacó que RECSA obtuvo el puntaje más alto tras la evaluación de las propuestas, lo que refuerza la transparencia del proceso de adjudicación en un contexto donde los contratos públicos son objeto de escrutinio constante.
El consorcio no es ajeno a la política mexicana; RECSA también fue adjudicataria de un contrato por 3,411.8 millones de pesos en febrero de 2026, relacionado con la construcción de un tramo del tren de pasajeros Querétaro-Irapuato. Esta continuidad en la asignación de contratos plantea interrogantes sobre los lazos entre los empresarios y el poder ejecutivo.
Es importante destacar que RECSA fue fundada por Humberto Armenta, un personaje con vínculos significativos al expresidente Andrés Manuel López Obrador, lo que ha suscitado críticas sobre posibles favoritismos en la asignación de contratos. Durante la actual administración, Armenta también ha beneficiado a su nueva empresa «Ozore Gestión de Agua» con contratos millonarios otorgados por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).
A medida que avanza la construcción de infraestructura en el país, el enfoque en la transparencia y la rendición de cuentas se vuelve más crucial, dado el impacto que estas decisiones tienen en la percepción pública sobre la gobernanza y la eficiencia en el uso de recursos del Estado.