El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha rechazado la solicitud de la organización Viva México para bloquear la investigación del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre el financiamiento de la candidatura independiente de Eduardo Verástegui a la Presidencia de la República en 2024. Esta decisión subraya la relevancia de la transparencia electoral y el origen de los fondos en los procesos democráticos.
A pesar de que Verástegui alegó que los recursos provienen de cuentas personales en el extranjero, el INE había perdonado previamente una multa de 1,381,000 pesos por irregularidades en la recolección de firmas, argumentando que el actor no contaba con la capacidad económica necesaria. Esto derivó en una sanción reducida de 144,000 pesos.
No obstante, el INE ha iniciado un procedimiento oficial por recibir contribuciones sospechosas que ascienden a 390,000 dólares provenientes de una consultora política con sede en Miami, llamada Partner 305 LLC, dirigida por el consultor costarricense Danny Quirós. Esta firma ha estado implicada en procesos democráticos en América Latina, incluyendo el plebiscito en Chile y campañas en Argentina.
La Unidad Técnica de Fiscalización reveló que Verástegui recibió 75,000 dólares de esta consultora y luego canalizó 50,000 dólares a la organización que impulsa su candidatura. Además, se identificaron otros 340,000 dólares destinados a su asociación. Ante estas irregularidades, el INE ha notificado al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para su análisis.
Verástegui ha acusado al INE de omisión y de que el procedimiento ha caducado. Sin embargo, los magistrados del Tribunal Electoral han defendido que la investigación ha sido continua desde su inicio en abril de 2024, desestimando los reclamos del candidato. “Los agravios relacionados con la omisión y la caducidad son infundados, ya que se han realizado diversas diligencias de investigación”, señaló el INE, enfatizando la importancia del cumplimiento normativo en el financiamiento electoral.