La extorsión municipal en México ha tomado un nuevo giro preocupante, con el caso en Guamúchil, Sinaloa, donde el gobierno local, encabezado por la morenista Guadalupe López González, ha intentado imponer multas exorbitantes a empresas de telecomunicaciones. Esta situación se asemeja a los recientes incidentes en Tequila, Jalisco, y plantea serias interrogantes sobre la legalidad y la ética de las prácticas administrativas en el país.
El ayuntamiento busca sancionar a Telmex, Megacable y Totalplay por infraestructuras instaladas sobre la red de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con multas que ascienden a 1,500 millones de pesos. A través de un intermediario, Pedro Molineros Urías, se ha generado un sistema en el que las empresas son presionadas para aceptar «reducciones» de hasta el 70% de estas multas, lo que sugiere un patrón de extorsión característico de organizaciones criminales.
Entre las estrategias más preocupantes, destaca el corte deliberado de cables, dejando a la población sin acceso a servicios esenciales. Esta táctica revela un modelo de extorsión institucional que puede considerarse una violación grave de leyes federales. Aunque funcionarios municipales argumentan tener autoridad para regular las telecomunicaciones, estas afirmaciones son contrarias a la Constitución, que asigna tales facultades exclusivamente al gobierno federal.
Las sanciones impuestas son desproporcionadas, ya que el Reglamento de Construcción establece multas mucho menores por obras ilegales. Esta discrepancia sugiere que se busca no solo sancionar, sino también extorsionar a las empresas. La falta de procedimientos procesales adecuados y la carencia de notificaciones apropiadas amplifican la irregularidad del proceso.
El caso ha captado la atención del Poder Legislativo federal, donde el diputado Mario Zamora ha propuesto un Punto de Acuerdo para solicitar evaluación federal sobre las acciones del ayuntamiento, teniendo en cuenta su impacto en la infraestructura crítica del país. En última instancia, se espera que el litigio se dirima en tribunales federales, donde se han establecido criterios claros sobre los límites de competencia municipal en el ámbito de las telecomunicaciones.
La situación en Sinaloa representa un preocupante uso del poder público para generar un sistema de cobro ilegítimo. Este fenómeno no solo socava la confianza en las instituciones, sino que también refleja un entorno político donde los mecanismos de extorsión se infiltran en el gobierno local, planteando desafíos significativos para el Estado de derecho en México.