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Guanajuato: Libia respalda iniciativa contra crimen organizado

Guanajuato: Libia respalda iniciativa contra crimen organizado

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, afirmó que es factible la iniciativa de ley presentada junto al fiscal estatal, Gerardo Vázquez Alatriste, para permitir que las fiscalías estatales investiguen y judicialicen casos de crimen organizado. Esta declaración surge a pesar de que Juan Francisco Vera Ayala, delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Guanajuato, catalogó la propuesta como «improcedente», argumentando que la complejidad de la modificación de la Constitución exige que la competencia recaiga únicamente en autoridades federales.

La gobernadora defendió la iniciativa, alegando que busca transformar los enfoques tradicionales sobre el combate al crimen organizado, sosteniendo que las entidades deben tener un papel activo en esta lucha. Según García Muñoz Ledo, esta propuesta es no solo viable, sino necesaria para enfrentar los desafíos del crimen organizado en la región.

El proceso legislativo de esta iniciativa comenzará en el Congreso del Estado de Guanajuato, donde se someterá a análisis antes de ser enviada al Congreso de la Unión para su discusión federal. La mandataria afirmó que se ha mantenido diálogo con legisladores de distintas fuerzas políticas para buscar la aprobación de la propuesta.

El fiscal Vázquez Alatriste señaló que la necesidad de esta ley surge del hecho de que las fiscalías estatales están más en contacto con las comunidades y las víctimas de delitos. La gobernadora también destacó que, a pesar de que la FGR tiene la competencia exclusiva para investigar el crimen organizado, actualmente existen mecanismos de colaboración entre el Gobierno del Estado y la Fiscalía para llevar a cabo operativos y detenciones.

García Muñoz Ledo subrayó que, aunque la inversión en estas capacidades es importante, lo fundamental es la voluntad política y la capacitación del personal. Además, reiteró que permitir a los estados tener atribuciones constitucionales en esta materia podría amplificar la efectividad en la lucha contra la delincuencia organizada.