La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha publicado un informe sobre el caso Ayotzinapa que, al afirmar que «no existe evidencia objetiva» de la implicación de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) en la desaparición forzada de normalistas, genera importantes repercusiones en el ámbito de los derechos humanos y la política de justicia en México. Este pronunciamiento se contrasta con las conclusiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), lo que complica el retorno de esta instancia internacional a las investigaciones.
El GIEI ha denunciado la falta de colaboración por parte de la Sedena, así como la ocultación de archivos clave. A diferencia de esto, la CNDH ha defendido a la Sedena, asegurando su disposición para colaborar en la investigación. Este apoyo a la institución militar se presenta en un contexto en el que la relación entre el poder ejecutivo y el ámbito militar ha sido objeto de scrutinio público.
En su reporte, la CNDH reconoce a 92 estudiantes como víctimas de violaciones graves a derechos humanos, lo que representa un incremento desde las 83 víctimas documentadas en su recomendación de 2018. En este nuevo análisis, se identifican 40 casos de desaparición forzada, seis ejecuciones y otras violaciones, como torturas y lesiones.
Un cambio significativo se refiere al caso de Julio César Mondragón. Mientras que la recomendación anterior atribuía las heridas en su rostro a la fauna local tras su muerte, el informe actualizado lo señala como víctima de tortura antes de su ejecución extrajudicial. Este ajuste en la narrativa refleja un giro en la evaluación de la intervención de actores estatales en el caso.
Desde el inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador, ha prevalecido una narrativa que protege al Ejército, lo que ha suscitado críticas sobre la falta de transparencia y un posible sesgo en la justicia. Esta postura también se traduce en la evasión del GIEI, que ha señalado repetidamente la participación activa de la Sedena en los acontecimientos de 2014.
La difusión de este informe plantea interrogantes sobre las estrategias de reconciliación y justicia en México, así como la credibilidad de las instituciones encargadas de salvaguardar los derechos humanos en el país. Las tensiones entre distintas entidades y el manejo político del caso Ayotzinapa continúan siendo un tema central en el debate sobre política de derechos humanos y seguridad en México.