La detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, ha generado controversia en el ámbito político, ya que la presidenta Claudia Sheinbaum defendió su legalidad y fundamento tras una investigación de más de un año. Según la mandataria, la aprehensión está respaldada por el aseguramiento de 32 ferrotanques en Coahuila, lo que motivó una acción más intensa por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), presidida por Ernestina Godoy.
En su conferencia matutina en Quintana Roo, Sheinbaum enfatizó que el proceso judicial es transparente y que si Ruffo demuestra su inocencia, corresponde a los jueces decidir en su caso. Esta declaración se produce en un contexto donde se han alzado voces dentro del Partido Acción Nacional (PAN) y otras agrupaciones, acusando a la administración actual de practicar «justicia selectiva».
Felipe Calderón, expresidente y figura relevante de la política nacional, ha calificado la detención como un acto de persecución política. Por su parte, Jorge Romero Herrera, líder del PAN, argumenta que la detención de Ruffo es una estrategia distractora que desvía la atención de otros problemas graves en Baja California.
Adicionalmente, Guadalupe Acosta Naranjo, representante del nuevo partido «Somos México», ha calificado la medida como «una infamia», considerándola arbitraria e ilegal. Ante estas críticas, la presidenta Sheinbaum reafirmó que su administración cuenta con las pruebas necesarias para justificar la orden de aprehensión y aseguró que la fiscalía actuará con imparcialidad en el desarrollo del caso.
Este incidente subraya un escenario de tensión política donde las acusaciones de parte de la oposición generan un debate sobre la legitimidad de las acciones del poder ejecutivo y la independencia del sistema judicial en el país.