La detención de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, por supuestas actividades ilícitas relacionadas con la evasión fiscal, ha desatado un intenso debate político en el país. La presidenta Claudia Sheinbaum, al responder comentarios de Vicente Fox que defendían a Ruffo, no solo ironizó sobre su defensa, sino que enfatizó el rigor de la investigación realizada por la Fiscalía General de la República (FGR), que ha sido criticada por la oposición como un acto de persecución política.
Durante una conferencia de prensa en Morelos, Sheinbaum abordó las declaraciones de Fox, quien apoyó públicamente a Ruffo afirmando que «metería la mano al fuego» por él. La presidenta destacó que la investigación ha sido exhaustiva y que se ha prolongado durante más de un año, contrarrestando los cuestionamientos de la oposición sobre el proceso.
Según la información proporcionada, existen pruebas que vinculan a Ruffo como principal accionista de la empresa Ingemar, acusada de importar y comercializar combustible ilegalmente. Sheinbaum también subrayó que la FGR continúa su investigación, indicando que Ruffo no es el único implicado, con ocho órdenes de aprehensión adicionales emitidas en este caso.
El contexto de esta situación resalta no solo la controversia en torno a la administración de justicia, sino también las dinámicas de poder entre el gobierno federal y los exmandatarios. La calidad de los procesos judiciales en estos casos puede influir en la percepción pública sobre la imparcialidad del estado de derecho y su aplicación en un entorno político cada vez más polarizado.