El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado dos decretos que amplían la definición de los grupos que no pueden acceder a la ciudadanía por nacimiento y prohíben el turismo de maternidad. Esta acción se inscribe en el contexto de su continua estrategia de endurecimiento de las políticas migratorias y tiene implicaciones significativas para las relaciones bilaterales en materia de migración.
La restricción a la ciudadanía por nacimiento ha sido una de las principales prioridades del presidente, que ha buscado modificar este aspecto desde el inicio de su mandato. Anteriormente, una iniciativa sobre este tema fue desestimada por la Corte Suprema de Estados Unidos, lo que llevó a Trump a instar al Congreso a legislar al respecto.
Aunque no existen leyes que prohíban explícitamente el turismo de maternidad, una normativa federal de 2020 ya restringe el uso de visados temporales para quienes busquen obtener la ciudadanía estadounidense para sus hijos a través de este método. Los nuevos decretos podrían permitir que quienes participen en este tipo de prácticas enfrenten cargos por fraude.
Actualmente, no hay cifras oficiales sobre el número de extranjeras que viajan a Estados Unidos con la intención de dar a luz y asegurar la ciudadanía para sus hijos, ni sobre el impacto económico de tales prácticas en los contribuyentes. Sin embargo, estudios independientes han estimado que entre 20,000 y 25,000 mujeres que viajaban por turismo de maternidad lo hicieron entre 2016 y 2017.
En Estados Unidos, en 2025 se registraron 3.6 millones de nacimientos, cifras que podrían ser relevantes en el análisis del impacto de estas nuevas disposiciones normativas. La comunidad internacional está estrechamente atenta a cómo estas medidas influirán en el flujo migratorio y en el diálogo en foros globales sobre política migratoria.