La Secretaría de Obra Pública de Guanajuato y la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas del Congreso del Estado han determinado que la propuesta del Movimiento Ciudadano para establecer un fondo destinado al transporte público urbano y suburbano no es viable, tanto por razones económicas como jurídicas. La iniciativa fue presentada por el diputado Rodrigo González Zaragoza el 19 de febrero pasado, con el objetivo de subsidiar las tarifas del transporte público.
El fondo, parte de una reforma a la Ley de Movilidad del Estado, busca compensar incrementos tarifarios y garantizar tarifas accesibles. Enrique Orozco, representante de la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas, destacó que del total del Presupuesto de Egresos del Estado, de 140 mil 300 millones de pesos, todos los recursos tienen un destino específico. Además, indicó que los recursos federales disponibles están destinados a los municipios, lo que limita la posibilidad de financiar el fondo propuesto.
Desde la Secretaría de Obra Pública se señaló que, conforme a la Constitución Política del Estado, es responsabilidad de los municipios regular el transporte público. La propuesta de creación de este fondo requeriría un estudio de factibilidad y una fuente de financiamiento clara, lo cual complicaría su implementación. La legisladora Sandra Alicia Pedroza Orozco planteó la necesidad de reconfigurar el transporte para que funcione de manera conjunta entre el Estado y las municipalidades, asegurando un modelo más accesible y menos dependiente de aumentos tarifarios.
María José Espinoza Ortega, de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, afirmó que la iniciativa carece de viabilidad jurídica, al contradecir lo estipulado en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 117 de la Constitución local. Asimismo, se destacó que modificar la asignación de competencias municipales en la Constitución y en la Ley de Movilidad no resultaría coherente.