Los promotores de la Guía Nacional Indígena Originaria de Guanajuato (GNIO) han impugnado la negativa del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) a su solicitud de registro como partido político local. La impugnación fue presentada ante el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato el 21 de agosto, luego de que el IEEG rechazara su solicitud el 13 de agosto, al considerar que no cumplió con varios requisitos en las asambleas municipales y estatal. Rafael Ornelas Ramos, presidente del Consejo Nacional Mexicano de Pueblos Originarios, expresó confianza en que el tribunal fallará a su favor, citando victorias anteriores en casos similares.
El IEEG argumentó que en los municipios de Santa Catarina y San Luis de la Paz no se demostró que los documentos fundamentales—declaración de principios, programa de acción y estatutos—se hubieran discutido y aprobado adecuadamente. En Santa Catarina, no se acreditó la difusión de estos documentos entre los asistentes, y en San Luis de la Paz se mencionaron, pero no se confirmaron las aprobaciones por la asamblea.
Los problemas también se evidenciaron en la asamblea estatal del 7 de junio, donde solo se registraron representantes de cuatro de los nueve municipios necesarios, al no alcanzar el mínimo requerido de cinco. Además, se reportaron irregularidades en la asamblea de Valle de Santiago, donde se denunció la entrega de despensas, por lo que el IEEG abrió una investigación.
Rafael Ornelas afirmó que en todas las asambleas se cumplió con los requisitos establecidos. En relación con las acusaciones sobre la falta de conocimiento de los documentos, mencionó que se instalaron códigos QR para facilitar su consulta y que los delegados firmaron documentos que confirmaban su aceptación.
En una ronda de preguntas, Ornelas acusó a integrantes del partido Morena y al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) de intentar interrumpir las asambleas. Cuestionó los requisitos del IEEG, sugiriendo que se cambiaron a última hora.
Ornelas anunció su intención de presentar una denuncia penal contra personas del INPI por su supuesta intervención en las asambleas y por presuntos actos de malversación de recursos públicos en relación con el programa federal FAISPIAM, que tiene como objetivo el apoyo a los pueblos indígenas. También criticó a la diputada indígena Plácida Calzada Velázquez, señalando que no representa a la comunidad indígena de San Miguel de Allende.
En respuesta, la diputada Calzada defendió su trayectoria y afirmó que Ornelas no es un representante auténtico de la región. Insistió en que en asambleas de la GNIO hubo intentos de manipulación hacia la población, alegando que se ofrecieron despensas y otros beneficios que no se concretaron.