La defensa del depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha solicitado a un tribunal estadounidense desestimar los cargos penales en su contra, invocando el principio de inmunidad soberana. Esta petición, presentada por su abogado, incluye dos mociones: una para que se desestimen todas las acusaciones y otra, en caso de que la primera no prospere, para que se elimine específicamente el cargo de conspiración por narcoterrorismo.
Maduro enfrenta acusaciones que incluyen conspiración para cometer actos de narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión de armas automáticas. Actualmente se encuentra detenido en un penal de Nueva York tras su arresto en Caracas el 3 de enero. En su argumentación, la defensa sostiene que la corte estadounidense carece de jurisdicción para procesar a Maduro debido a su estatus como «jefe de Estado de facto», señalando que los actos asociados a los cargos son atribuibles a sus responsabilidades oficiales.
Según la defensa, el tribunal no tendría potestad sobre Maduro si se reconoce su derecho a la inmunidad soberana, ya sea en virtud de su posición oficial o de la naturaleza de los actos en cuestión. Además, se solicita que el caso se cierre «con perjuicio», lo que impediría la presentación de futuras acusaciones similares.
En una segunda moción, se argumenta que el cargo de narcoterrorismo no está formulado correctamente según la legislación estadounidense, destacando la falta de evidencia que demuestre la intención de causar daño a Estados Unidos, sus ciudadanos o sus intereses. La Fiscalía de EE.UU. tiene hasta el 2 de octubre para responder a estas mociones, mientras que la audiencia para tratar estos asuntos está programada para el 17 de noviembre, previa al juicio, que está previsto para junio de 2027.
Adicionalmente, la defensa de Cilia Flores, esposa de Maduro, ha realizado una solicitud similar, argumentando que ella también tiene derecho a la inmunidad soberana como primera dama de Venezuela, citando casos previos en los que se reconoció esta protección a cónyuges de líderes estatales.