Este viernes, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno hizo pública la información patrimonial y de intereses de 69 militares activos y nueve exfuncionarios de la Secretaría de Marina, incluyendo al exsecretario José Rafael Ojeda Durán. Esta acción surge en un contexto de creciente demanda de transparencia dentro del servicio público, revelando cómo los empleados del Estado deben rendir cuentas a la ciudadanía.
La divulgación se realizó tras una solicitud formal de desclasificación presentada por la Unidad de Transparencia de la Marina el 16 de septiembre. Los documentos, ahora disponibles en su versión pública a través de Declaranet, son parte de una estrategia más amplia para promover la transparencia y la participación ciudadana en el ámbito gubernamental.
En un comunicado, la secretaría, liderada por Raquel Buenrostro Sánchez, subrayó que la publicación de estas declaraciones refuerza los principios de transparencia y acceso a la información pública. La rendición de cuentas es crucial para fortalecer la confianza cívica en las instituciones.
La Secretaría de Marina respondió a estas revelaciones al aclarar que Ojeda Durán no ejerce funciones operativas en la actualidad. Además, se fundamentó su situación en un decreto presidencial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de julio de 1988, que permite a los almirantes que han ocupado la titularidad de la dependencia continuar activos para asesorar a sus sucesores.
Durante la conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum refutó alegaciones sobre la legalidad de la situación del almirante, reiterando que Ojeda Durán «no está escondido» ni enfrenta cargos criminales, según lo confirmado por la fiscal general, Ernestina Godoy. Esta aclaración busca disipar preocupaciones sobre la legalidad de sus operaciones y el manejo de recursos públicos.
Es relevante mencionar que el almirante retirado, que percibe un sueldo de 150,000 pesos, ha sido llamado a declarar en relación al caso de huachicol fiscal, implicando a sus sobrinos, Manuel Roberto y Fernando Faría Laguna. La fiscalía está evaluando esta solicitud, lo que añade una capa compleja a la narrativa de corrupción y transparencia que actualmente rodea a las instituciones del país.
Con estas acciones y declaraciones, el país avanza en un entorno político marcado por la exigencia de transparencia y el control ciudadano sobre la esfera pública, en un momento crítico para la reputación de las instituciones y la confianza del pueblo en sus gobernantes.