El desalojo de Maricarmen, una mujer de 87 años que residía en el barrio de Retiro en Madrid durante siete décadas, ha desencadenado una serie de críticas y peticiones de responsabilidad por parte del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Este evento ha llevado a una confrontación entre el ejecutivo central y las administraciones regional y municipal, lideradas por Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida, respectivamente. Sánchez describió la situación como una «tragedia social» y cuestionó la inacción de ambos gobiernos ante lo que considera una demanda social urgente.
El desalojo, que tuvo lugar en el contexto de una disputa judicial prolongada con una empresa inmobiliaria que aumentó el alquiler mensual en un 275%, culminó con la intervención policial para remover a activistas que intentaron impedir la medida. La situación generó protestas significativas, durante las cuales los manifestantes denunciaron el acto como una violación de derechos humanos. Amnistía Internacional España enfatizó que este caso refleja un problema más amplio que afecta a miles de hogares en el país.
El Tribunal Supremo falló a favor de la empresa inmobiliaria, lo que preparó el camino para el desahucio. Maricarmen, incapaz de usar una silla de ruedas, fue evacuada por personal sanitario ante un significativo despliegue policial, mientras manifestantes exigían su liberación. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, reafirmó que el gobierno de izquierda ha buscado legislar en contra de tales desahucios, mientras que Sánchez instó a los grupos parlamentarios a colaborar en la aprobación de una ley que intenta abordar esta problemática.
El acceso a la vivienda ha emergido como un tema crítico en España, donde la oferta no satisface la demanda y los precios continúan aumentando, un fenómeno observado también en otras naciones de la Unión Europea. Maricarmen expresó su descontento con la situación habitacional en Madrid, indicando un cambio en la identidad de la ciudad en detrimento de sus residentes.