El senador Emmanuel Reyes Carmona ha solicitado la reversión de la concesión para la construcción de la autopista Silao-San Miguel de Allende y la operación de la carretera Guanajuato-Silao. Durante una entrevista, expresó que los beneficios de estas vías deben regresar a la comunidad guanajuatense, afirmando que la concesión ha resultado en un mal manejo de los recursos públicos.
Esta posición surge a raíz de que el pasado 25 de septiembre se cumplió un año desde el decreto del exgobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo que otorgó la administración de la carretera Guanajuato-Silao a una empresa privada. La actual administración de la gobernadora Libia García Muñoz Ledo no ha podido iniciar la construcción de la autopista Silao-San Miguel de Allende, cuya obra de 53 kilómetros está vinculada al concesionario Valle de la Independencia, S.A. de C.V.
La obra permanece estancada debido a la falta de permisos federales y a la liberación de 18 hectáreas de las 409.74 hectáreas requeridas para el derecho de vía. Reyes Carmona ha indicado que la situación evidenciaría problemas en la gestión y ha mencionado que no dudará en llevar el asunto hasta la Suprema Corte si es necesario.
El diputado local David Martínez Mendizábal, del partido Morena, ha señalado que la gobernadora presenta un discurso de transparencia, pero el retraso en la obra contradice esa postura. Además, criticó la falta de información del gobierno sobre el avance del proyecto, sugiriendo que el estado no ha sido transparente respecto a los ingresos percibidos por la concesionaria durante el tiempo que ha cobrado peaje sin que la obra se haya ejecutado.
Del lado del Partido Acción Nacional, el diputado federal Diego Rodríguez Barroso hizo un llamado para que se realicen todos los trámites necesarios que permitan dar inicio a la construcción de la autopista, reafirmando la importancia de mejorar la infraestructura de movilidad en el estado.
La situación actual ha llevado a colectivos ciudadanos a exigir la revocación del título de concesión, argumentando que esta beneficia intereses privados en detrimento del patrimonio público. Según autoridades, se estima que las obras podrían comenzar a finales de año, siempre y cuando se obtengan las autorizaciones requeridas. La falta de avance en el proyecto ha generado pérdidas al gobierno estatal, que dejó de percibir aproximadamente 436 millones de pesos por ingresos de peaje.