Los diputados del partido Morena en Guanajuato han señalado que el vencimiento del plazo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para modificar las normas que penalizan el aborto en el estado refleja una falta de claridad por parte del Partido Acción Nacional (PAN) en cuanto a la defensa de los derechos de las mujeres. La discusión se centra en la necesidad de modificar los artículos 159, 160, 162 y 163 del Código Penal local, que forman parte del marco legal que penaliza el aborto voluntario. La SCJN declaró inconstitucional la totalidad de los artículos 159 y 160, así como una porción del artículo 162 y el artículo 163 en su totalidad.
Luego de que el Congreso del Estado de Guanajuato no atendiera este requerimiento en el plazo estipulado, se admitió la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 16/2025 por parte de la SCJN, la cual notifica al Congreso para que modifique las disposiciones legales que la Corte ha señalado como inconstitucionales. En un comunicado, los legisladores de Morena manifestaron su desaprobación hacia la aparente inacción del PAN, argumentando que su negativa a legislar sobre los derechos reproductivos ha permitido que la SCJN asuma un rol legislativo en la materia.
Por su parte, la diputada Susana Bermúdez Cano del PAN reiteró el compromiso de su partido con iniciativas que apoyan la vida y el bienestar de las mujeres, como la Ley de Jefas de Familia y propuestas contra la violencia digital. El diputado Rolando Alcántar Rojas defendió la postura de su partido, afirmando que las decisiones legislativas deben basarse en el respeto a las leyes y los alcances específicos de las resoluciones de los órganos jurisdiccionales.
Con la omisión del Congreso para actuar, se abre la posibilidad de que la SCJN elimine las disposiciones que criminalizan la interrupción voluntaria del embarazo. Los legisladores de Morena sostuvieron que este cambio jurídico es fundamental para avanzar en el reconocimiento del derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos. La atención se mantiene sobre el desarrollo de esta situación legal y su impacto en la política pública del estado.