El Departamento de Estado de Estados Unidos ha revocado más de 250,000 visas desde el inicio de la administración del ex presidente Donald Trump. Esta medida forma parte de un esfuerzo sistemático para limitar la inmigración irregular y reforzar los controles de acceso al país. Las cancelaciones han sido motivadas por diversas infracciones, que incluyen el incumplimiento de los términos del visado, delitos, fraude y amenazas a la seguridad nacional.
Entre las visas anuladas se encuentran aproximadamente 2,300 relacionadas con lo que se denomina “turismo de nacimientos”. Este término se refiere a la práctica en la que ciudadanas extranjeras embarazadas ingresan a Estados Unidos con el objetivo de que sus hijos obtengan la ciudadanía estadounidense al nacer. El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, ha afirmado que esta acción refleja el compromiso de proteger al pueblo estadounidense.
En la misma línea, el gobierno estadounidense ha revocado recientemente las visas de 27 funcionarios y exfuncionarios de varios países latinoamericanos, incluidos Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, por acusaciones de corrupción y ha tomado medidas para cancelar hasta 200,000 visas de negocios y turismo emitidas entre 2016 y 2026. Se argumenta que estas visas fueron otorgadas a individuos que posteriormente solicitaron asilo, lo que ha generado preocupaciones sobre posibles abusos en el sistema.
La administración ha enfatizado que una visa estadounidense conlleva un privilegio y no un derecho, subrayando que cualquier violación de sus términos resultará en su cancelación. Cada decisión en este ámbito es considerada una cuestión de seguridad nacional por parte de Washington.