Guanajuato.- La reciente aprobación del artículo 403 Bis de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial establece penas de uno a cinco años de prisión y multas de mil a diez mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) para quienes utilicen, reproduzcan o imiten identidades gráficas institucionales a nivel comercial. Esta disposición, ratificada el 30 de septiembre por el Senado de la República, busca combatir fraudes y suplantaciones de instituciones públicas.
La pena asignada podría traducirse, con base en la UMA de 2026, en multas que oscilan entre 117 mil 310 y un millón 173 mil 100 pesos. Esta legislación no se dirige de manera explícita hacia la creación de memes, sátiras o parodias, aunque organizaciones como ARTICLE 19 han expresado su preocupación por la ambigüedad en la redacción, que podría afectar a periodistas y creadores de contenido.
Desde el Gobierno Federal, se argumenta que la reforma está orientada a frenar prácticas fraudulentas, como la creación de sitios web que imitan a dependencias públicas para cometer delitos. La consejera jurídica del Ejecutivo, Luisa María Alcalde, ha aludido a ejemplos de páginas fraudulentas vinculadas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y a la Secretaría de Hacienda.
La efectividad de esta norma descansa en la condición de que se acrediten elementos como engaño, escala comercial y la intención de cometer un ilícito para que se configuren delitos. Aunque los memes como tal no están criminalizados bajo este artículo, las organizaciones civiles advierten que la falta de claridad podría llevar a la censura de contenidos legítimos.
Paralelamente, otra iniciativa legislativa busca modificar la Ley Federal del Derecho de Autor, estableciendo nuevas responsabilidades para los proveedores de servicios de internet. Esto incluye la creación de políticas que permitan sancionar a usuarios considerados infractores reincidentes.
La discusión se centra en si los términos usados para definir conductas fraudulentas son lo suficientemente precisos para no afectar libertades de expresión en el ámbito digital. Legisladores de Morena, como Ernesto Prieto Gallardo y Magdalena Rosales Cruz, han defendido la reforma, descartando su impacto en la creación de memes y enfatizando que su verdadero objetivo es la sanción de fraudes que involucren a la imagen oficial del gobierno.
La reforma aún no ha entrado en vigor, ya que debe ser analizada por la Cámara de Diputados. Si no se modifican los términos aprobados por el Senado, será remitida al Ejecutivo Federal para su promulgación. Mientras tanto, persiste el debate sobre las implicaciones de esta reforma en la libertad de expresión y la crítica pública.