Nicaragua, bajo el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha experimentado un notable retroceso en su democracia, marcado por la reciente decisión del Ejecutivo de renunciar a la celebración de elecciones y la exclusión de la oposición mediante una reforma electoral impulsada por la Asamblea Nacional. En una reunión extraordinaria en Washington, los 32 países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) expresaron su preocupación por el deterioro de la democracia en el país centroamericano, enfatizando la necesidad de un diálogo inmediato con las autoridades para abordar la crisis política.
Los miembros de la OEA instaron a Nicaragua a cumplir con las obligaciones establecidas en la Carta Democrática Interamericana y a respetar los derechos humanos, a pesar de su decisión de abandonar la organización en noviembre de 2023. El comunicado final subrayó que la retirada no exime al gobierno nicaragüense de sus responsabilidades internacionales. Durante la sesión, el vicesecretario de Estado de EE. UU., Christopher Landau, advirtió que la situación podría amenazar la paz y la seguridad regional, revelando la intención de Washington de seguir aplicando sanciones contra los líderes nicaragüenses y sus allegados.
La OEA ha resaltado la falta de un marco para la aplicación de sanciones colectivas, pero esto no impide que los Estados miembros continúen vigentes en sus advertencias. Además, se acordó establecer un grupo de negociación con un plazo de 60 días para presentar conclusiones sobre el estado del diálogo y la situación política en Nicaragua. Estas acciones ocurren en un contexto geopolítico complejo, donde las relaciones bilaterales en la región están en constante evolución, marcadas por un giro hacia la derecha en varios países y un enfoque proactivo de Estados Unidos en sus intereses hemisféricos.