En Guanajuato, la audiencia sobre el caso de Mario de Alba, excoordinador de Comunicación Social de la Secretaría de Salud, concluyó con una disculpa pública y un acuerdo de reparación del daño. La medida se enmarca en el proceso penal que enfrentaba por amenazas a dos exfuncionarios que denunciaron acoso sexual y laboral en la dependencia estatal durante el sexenio pasado. Este hecho resalta la problemática del acoso dentro del ámbito laboral gubernamental.
Desde 2018 hasta septiembre de 2025, al menos 288 trabajadores de la Secretaría de Salud, la mayoría mujeres, presentaron denuncias ante el Comité para Prevenir y Atender la Violencia Laboral y el Acoso Sexual, una situación que no resultó en sanciones efectivas. Entre los denunciantes se encuentran Daniel Cortés Rayas y su esposa Aurora Saori Sugita Verver, quienes manifestaron haber recibido amenazas tras sus denuncias.
La Fiscalia General del Estado abrió una investigación tras la recepción de un correo amenazante hacia Cortés Rayas, identificando que este mensaje estaba vinculado a la cuenta de correo de Mario de Alba. La Fiscalía utilizó expertos en informática forense en la investigación, incluso solicitando datos a Google para rastrear el origen del correo.
El proceso legal, que se extendió por 18 meses, culminó con la audiencia realizada en los Juzgados de Oralidad Penal en León. Durante dicha audiencia, se negociaron varios términos, incluyendo una disculpa pública, la cual se consideró un requisito esencial para aceptar la suspensión condicional del proceso. Mario de Alba reconoció su responsabilidad e incluso se comprometió a no repetir tales conductas.
El acuerdo también incluyó una compensación económica de 30,400 pesos para los ofendidos por tratamiento psicológico, así como una orden de no acercamiento y sometimiento a terapia de violencia de género. El incumplimiento de estos términos podría reactivar el proceso penal.
La disculpa se realizó en un espacio accesible al público, contribuyendo así a su carácter de confesión pública. Los afectados resignaron cualquier acción civil y expresaron su deseo de que otras víctimas encuentren en su testimonio motivos para continuar luchando por la justicia.
A raíz de los hechos, Mario de Alba presentó su renuncia y recibió un finiquito total de 1,157,625 pesos. La Secretaría de Salud justificó esta indemnización como parte de las disposiciones administrativas vigentes, a pesar de la naturaleza del despido.
Los denunciantes siguen enfrentando sus propios desafíos, pues a dos años de sus despidos aún no han recibido sus liquidaciones. Estos acontecimientos ponen de manifiesto la necesidad de abordar con seriedad y eficacia los casos de acoso laboral y sexual en el entorno gubernamental, así como la urgencia de justicia para las víctimas.