La diputada local Sandra Pedroza Orozco, del partido Movimiento Ciudadano, ha solicitado formalmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la emisión de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 16/2025, en relación al Código Penal de Guanajuato que penaliza el aborto voluntario. Esta acción se da tras el vencimiento del plazo de 90 días otorgado al Congreso del Estado para modificar o derogar las disposiciones consideradas inconstitucionales, el cual concluyó el 30 de septiembre.
En un comunicado, Pedroza hizo mención del amparo en revisión 525/2024, en el que la Primera Sala de la Suprema Corte declaró que el sistema jurídico de Guanajuato, específicamente los artículos 159, 160 y 163, así como una porción del artículo 162 del Código Penal, son inconstitucionales al tipificar el aborto voluntario como delito. A pesar de este fallo, el Congreso del Estado no realizó modificaciones a las normativas en el tiempo establecido.
Ante esta omisión, la diputada ha solicitado que se continúe con el procedimiento necesario para la derogación de estas normas. Además, en su escrito, Pedroza enfatiza que esta situación impacta de manera significativa a mujeres, niñas y adolescentes en la región.
En el documento, se indica que en Guanajuato se registraron 194 nacimientos de madres de entre 10 y 14 años en 2020, cifra que se incrementó a 257 en 2024, junto con un aumento en la tasa de nacimientos en mujeres de 10 a 17 años. También se destaca que el 53% de las menores que dieron a luz en 2024 abandonaron la escuela antes de terminar la secundaria.
De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado, entre enero de 2022 y julio de 2024 se abrieron 17 investigaciones en contra de mujeres por presuntamente haber inducido o consentido su propio aborto. La diputada considera que estos datos reflejan que la criminalización del aborto no solo permanece en la ley, sino que tiene repercusiones concretas en la vida de las mujeres en el estado.
A través de esta solicitud, Sandra Pedroza busca defender el derecho de las mujeres a decidir y solicita al máximo tribunal del país que su criterio constitucional produzca efectos concretos en Guanajuato mediante la declaración solicitada. La legisadora ha sido reconocida como una de las principales defensores del derecho de las mujeres a decidir en el Congreso del Estado.
