La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en colaboración con el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), ha impuesto sanciones a 55 servidores públicos y a una empresa, que incluyen destituciones, inhabilitaciones de hasta diez años y multas económicas que suman un total de 102 millones de pesos por diversas infracciones administrativas. Los procedimientos de investigación fueron conducidos por las Unidades de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, así como por los Órganos Internos de Control de varias dependencias gubernamentales, como la Secretaría de Cultura y el Servicio de Administración Tributaria.
El TFJA determinó las sanciones basándose en los hallazgos documentados que establecieron la existencia de faltas graves en el ejercicio de funciones públicas. Las autoridades indicaron que estas sanciones se aplicaron en conformidad con la ley, valorando la proporcionalidad y gravedad de las infracciones cometidas. Las personas afectadas tienen también la opción de impugnar las resoluciones, procedimiento que será defendido por la Secretaría en apego a la legalidad, sustentado en la evidencia recopilada.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier irregularidad que contravenga principios de legalidad y ética a través de su plataforma digital oficial. Esta Secretaría reafirmó su compromiso con la lucha contra la corrupción y la promoción de principios de integridad pública en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.
Conforme a lo estipulado por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Secretaría está facultada para investigar y sancionar únicamente faltas administrativas no graves. En contraposición, en el caso de faltas graves, su responsabilidad se limita a la remisión de los casos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para la imposición de sanciones. Si las acciones son consideradas delitos, se procederá con las denuncias ante la Fiscalía General de la República.
Los casos más destacados incluyen sanciones a servidores públicos de distintas dependencias. Entre ellos, Massiel «H», del Hospital Central del Sur, quien incurrió en fraude en el cobro de gasolina, resultando en una inhabilitación de diez años y una multa de 677 mil pesos. Otro ejemplo es Martha «E», del Área de Ductos del Estado de México, sancionada por una falta similar, con resultantes similares. Braulio «M», de la Subdirección de Proyectos Industriales en la Ciudad de México, fue inhabilitado por diez años y multado por 600 mil pesos debido a contravenciones administrativas relacionadas con el ingreso inapropiado de personal.
Las sanciones reflejan el esfuerzo de las autoridades para mantener la responsabilidad y la ética en el sector público, buscando fortalecer la confianza ciudadana en la gestión gubernamental.