Aproximadamente solo el 1% de las más de 2.3 millones de personas trabajadoras del hogar en México posee un contrato de trabajo por escrito. Este dato resalta que el 96.6% del sector continúa en la informalidad, a pesar de los progresos legislativos de los últimos años.
El informe titulado «Sosteniendo el cambio: Por un trabajo justo para las trabajadoras del hogar en México», presentado por la red civil Unidas, indica que entre 2018 y 2023 se declaró inconstitucional la exclusión de este grupo del Seguro Social, y se instauró la obligatoriedad de afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Sin embargo, estos cambios no se han traducido en mejoras significativas en las condiciones laborales.
En el contexto nacional, se estima que de las 2.3 millones de trabajadoras del hogar, aproximadamente 90% son mujeres, representando el 10% de la fuerza laboral femenina del país. Néstor Genis, coordinador de Inclusión en la organización Ethos y autor del informe, señala la disparidad entre las reformas legales y la realidad cotidiana de estas trabajadoras.
Genis destacó que la afiliación obligatoria al IMSS abarca a apenas 60,000 personas, lo que representa menos del 3% del total del sector. La falta de cumplimiento en las cuotas patronales al IMSS conlleva una pérdida anual aproximada de 56,671 millones de pesos, lo que se considera un «subsidio institucional» en beneficio de los empleadores en detrimento de las trabajadoras.
El informe también critica el esquema de aseguramiento «por día», el cual limita el acceso a atención médica solo a los días que las trabajadoras prestan sus servicios, generando una protección fragmentada. María de la Luz Padua, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar, cuestiona las limitaciones institucionales sobre la salud de quienes desempeñan esta labor.
Los datos revelan una brecha salarial de género del 34.8% en el sector, donde los hombres suelen ocupar posiciones mejor remuneradas. Además, la tasa de contratación escrita es del 9% para hombres y del 1% para mujeres.
Entre las recomendaciones del informe se incluyen subsidios, mayor vigilancia a los empleadores y la implementación de sanciones a aquellos que evadan impuestos. A pesar de los avances legales desde 2018, tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la reforma a la Ley Federal del Trabajo en 2019, más de dos millones de familias en México siguen afectadas por esta brecha.