La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y la alcaldía de Iztapalapa establecieron un acuerdo para implementar la estrategia “Niñas Sí, Madres No”, destinada a combatir la violencia sexual infantil. Este protocolo busca traducir dicha estrategia en acciones concretas orientadas a la protección, detección y atención integral de niñas, así como a la restitución de sus derechos.
El acuerdo incluye medidas que tienen como objetivo prevenir el embarazo infantil y erradicar la violencia sexual. La alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez, subrayó que la respuesta institucional ante el embarazo de una niña debe ir más allá de la atención médica, e incluir protección contra la violencia, acceso a servicios de salud y apoyo para su reintegración escolar.
En el marco de esta iniciativa, la alcaldía ha llevado a cabo 266 talleres sobre salud sexual y reproductiva, beneficiando a 9,310 personas de 10 a 19 años. Además, se han proporcionado 2,248 implantes subdérmicos y métodos de doble protección en la demarcación. La estrategia «De la A a la Z» ha intervenido en 44 escuelas públicas, impactando a 32,700 alumnos, y ha promovido jornadas de salud en diversas instituciones educativas.
SIPINNA, en colaboración con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), implementará este enfoque con atención especial en áreas como Desarrollo Urbano Quetzalcóatl y la Sierra de Santa Catarina, donde se han identificado mayores concentraciones de población adolescente y barreras en el acceso a servicios de salud y educación.
El Manifiesto Nacional, publicado el 26 de septiembre de 2026, reporta que en 2025 hubo 7,887 nacimientos en niñas de entre 10 y 14 años, lo que equivale a 22 por día. Aunque se ha registrado una disminución del 24.9 por ciento entre 2018 y 2025, la magnitud del problema requiere mantener y robustecer la respuesta institucional. Según el mismo documento, el 53.8 por ciento de estas niñas residía en áreas urbanas en 2024, lo que resalta la necesidad de adecuar los servicios de protección, salud, educación y justicia a estos contextos.
La estrategia se implementará en tres fases complementarias: fortalecer la actuación de las autoridades municipales en la protección de derechos, convertir hogares y escuelas en espacios seguros, y promover la apropiación de la protección de derechos entre hombres y líderes comunitarios. Además, se desarrollarán cinco decálogos junto a guías de cumplimiento dirigidas a diversas instancias implicadas en la protección de los derechos de niñas y adolescentes.
