En Guanajuato, representantes de la Coordinación Jurídica del Gobierno estatal y de las alcaldías de León, Celaya e Irapuato manifestaron la inviabilidad de la iniciativa presentada por diputados del Movimiento Ciudadano. Esta propuesta busca transferir la regulación del transporte público a nivel estatal, en lugar de continuar bajo la competencia municipal.
La iniciativa también contempla modificar la Constitución Política del Estado de Guanajuato para proteger la economía de los usuarios del transporte público mediante la vinculación de tarifas a criterios sociales y subsidios, con el objetivo de garantizar accesibilidad y equidad. Durante la sesión de la Comisión de Gobernación, se expuso que la propuesta contraviene el marco constitucional y significaría un retroceso en el fortalecimiento del Municipio Libre.
Los representantes del Gobierno del Estado señalaron que la gestión estatal del transporte rompería con el esquema de competencias establecido en las constituciones estatal y federal, que otorgan a los municipios la responsabilidad de prestar este servicio. Recordaron que cualquier transferencia de funciones del municipio al estado requiere la aprobación de las dos terceras partes del cabildo, por lo que una acción unilateral vulneraría la autonomía local.
Adicionalmente, se indicó que implementar este cambio estructural podría acarrear repercusiones sociales negativas, afectando tanto la continuidad del servicio como compromisos legales existentes. Las autoridades de León, Celaya e Irapuato, junto con Jaral del Progreso, expresaron su rechazo a la iniciativa.
Alcaldías como Jerécuaro han propuesto mantener las atribuciones municipales, complementadas con subsidios estatales. La propuesta, según el diputado Rodrigo González Zaragoza, busca avanzar hacia un modelo de tarifas que permita mayor transparencia y accesibilidad para grupos vulnerables como estudiantes y personas con discapacidad.
La legisladora Sandra Pedroza Orozco señaló la necesidad de eliminar obstáculos normativos que limitan reformas en la Comisión de Movilidad, enfatizando que Guanajuato es una de las pocas entidades que asigna exclusivamente a los municipios la operación del transporte público.
Por otro lado, el presidente de Transportistas Coordinados de León, Daniel Villaseñor, respaldó la idea de que las concesiones de transporte sean nuevamente facultad estatal, argumentando que el modelo actual está obsoleto y no responde a las limitaciones presupuestarias de los municipios. Villaseñor representa entre el 75% y 80% de los transportistas del estado, lo que equivale a aproximadamente 5 mil concesiones.