Las políticas públicas en México requieren medidas efectivas para reducir el consumo de tabaco, lo que implica una disminución de los daños a la salud y de los recursos utilizados en el tratamiento de enfermedades relacionadas con el tabaquismo. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) indica que el consumo de tabaco es el segundo mayor factor de riesgo a nivel mundial para la muerte prematura y la discapacidad, con más de 8 millones de fallecimientos al año.
La Secretaría de Salud informa que el gasto en atención médica de enfermedades asociadas al tabaquismo representa el 9.3% del total de gastos en salud. Entre estas enfermedades se incluyen el cáncer de pulmón, la neumonía y los accidentes cerebrovasculares. Ante este panorama, algunas empresas en la industria tabacalera han comenzado a desarrollar productos alternativos que no contienen tabaco. Tommaso Di Giovanni, vicepresidente de Comunicación de Philip Morris International (PMI), declaró que su objetivo es eliminar el consumo de cigarros tradicionales.
Durante el Congreso Technovation, se destacó que PMI aspira a avanzar hacia productos que no produzcan humo, como calentadores de tabaco y bolsas de nicotina. También se mencionó que es imperativo que los países implementen regulaciones que desincentiven el uso de cigarros y promuevan el uso de productos menos perjudiciales para la salud.
Las regulaciones pueden dividirse en dos categorías: aquellas que favorecen la transición hacia productos sin tabaco y las que se enfocan en la reducción de daños. Países como Suecia y Japón han aplicado políticas que reducen enfermedades relacionadas con el tabaquismo y disminuyen el gasto en salud. Otras naciones, como Estados Unidos y Reino Unido, han optado por regulaciones diferenciadas.
El director regional de Crime Stoppers, Alejo Campos, destacó que los altos impuestos sobre los cigarros han impulsado el crecimiento de un mercado negro en productos de tabaco. Este fenómeno ha permitido que el crimen organizado intervenga en la fabricación y distribución de estos productos. La ruta logística de esta actividad delictiva es igualmente crítica para comprender su expansión.
Las prohibiciones gubernamentales, como la que afecta a los vapeadores en México, han creado oportunidades para que los grupos criminales comercialicen dichos productos. Carlos Matienzo, director y socio fundador de Dataint, señaló que tales prohibiciones, lejos de ayudar a combatir el crimen, pueden reforzar su operatividad.
Expertos como Juan Francisco Galli, exsubsecretario del Interior de Chile, advirtieron que en otros países, como Brasil, la venta de vapeadores ha estado vinculada a grupos terroristas, utilizando las mismas redes logísticas que el comercio formal.