Banquetas obstruidas, rampas peligrosas y edificios sin accesibilidad complican la vida cotidiana de personas con discapacidad en Guanajuato. Mientras el Congreso analiza iniciativas de inclusión y pensiones, ciudadanos exigen soluciones que realmente respondan a sus necesidades.
GUANAJUATO, GTO.– Caminar por las calles de Guanajuato capital puede convertirse en una carrera de obstáculos para las personas con discapacidad. Escalones irregulares, postes en las banquetas y rampas demasiado inclinadas son parte de las dificultades que enfrentan diariamente quienes utilizan bastones o sillas de ruedas.
Aunque la ciudad es reconocida por su riqueza histórica y turística, sus espacios públicos todavía presentan barreras que impiden que todas las personas puedan desplazarse con autonomía.
El problema fue expuesto durante actividades de consulta y discusión sobre inclusión realizadas en el Congreso del Estado, donde personas con discapacidad también cuestionaron la falta de servicios especializados y una propuesta de pensión que consideran insuficiente.
De acuerdo con una investigación publicada por las periodistas María Espino y Catalina Reyes Colín, del periódico AM, las demandas van más allá de construir rampas: los ciudadanos buscan participar plenamente en la vida social, cultural y económica del estado.
Caminar por Guanajuato puede ser peligroso
Gustavo Valadez, habitante de Guanajuato capital con discapacidad visual, denunció que las condiciones de las calles dificultan sus desplazamientos.
El ciudadano señaló la ausencia de guías podotáctiles, información en braille y adecuaciones que permitan identificar rutas seguras.
En zonas como Tepetapa, explicó que los postes instalados sobre las banquetas y los puestos comerciales reducen los espacios disponibles para caminar.
También cuestionó las condiciones de algunas rampas cercanas al callejón de Angelitos y al Teatro Juárez, debido a su inclinación y superficies resbalosas.
Según su testimonio, las personas con discapacidad han solicitado intervenciones a las autoridades municipales, pero consideran que sus demandas no han recibido una respuesta suficiente.
Restaurantes, hoteles y museos también presentan barreras
La accesibilidad no solamente representa un problema en las calles.
Durante un recorrido por el Centro Histórico, AM documentó que diversos establecimientos comerciales y turísticos cuentan con escalones en sus accesos y carecen de rampas.
Entre las vialidades observadas se encuentran Sopeña, Alonso, Cantarranas, Pocitos y avenida Juárez.
Estas condiciones pueden dificultar el ingreso a restaurantes, bancos, hoteles y museos para personas usuarias de sillas de ruedas o con movilidad reducida.
La situación también afecta a adultos mayores y personas que presentan lesiones temporales.
Congreso plantea un turismo más incluyente
Ante estas dificultades, legisladores del PAN y Morena impulsan una iniciativa relacionada con la accesibilidad turística en Guanajuato.
Durante el Foro de Turismo Incluyente, el diputado Jesús Hernández Hernández reconoció que ciudades como Guanajuato capital enfrentan obstáculos importantes debido a sus características geográficas y urbanas.
El legislador, quien también es atleta paralímpico, propuso fortalecer la accesibilidad en hoteles, restaurantes, museos, centros históricos y otros espacios turísticos.
Entre las medidas planteadas se encuentran la instalación de rampas adecuadas, guías podotáctiles, baños adaptados y señalización accesible.
También se busca incorporar información en braille, pictogramas, mapas táctiles y Lengua de Señas Mexicana.
Otra propuesta consiste en capacitar al personal turístico para atender adecuadamente a personas con diferentes discapacidades.
Además, se planteó la creación de un distintivo denominado Turismo Accesible Guanajuato, con el que se buscaría reconocer a establecimientos que adopten mejores condiciones de inclusión.
Las acciones también podrían extenderse a destinos como León, San Miguel de Allende y Jalpa de Cánovas.
Personas con discapacidad cuestionan propuesta de pensión
La discusión sobre inclusión también llegó a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso estatal.
Durante una consulta, participantes expresaron inconformidades con una iniciativa presentada por legisladores de Morena para establecer una pensión no contributiva destinada a personas con discapacidad.
Christian Mendoza Vázquez, representante del Movimiento de Personas con Discapacidad de la región Celaya, señaló que un apoyo económico debe considerar los gastos adicionales que enfrentan sus beneficiarios.
Explicó que las necesidades pueden incluir medicamentos, dispositivos de apoyo y mantenimiento de sillas de ruedas, entre otros costos.
También cuestionó que la propuesta no establezca con suficiente claridad qué autoridad sería responsable de administrar el programa ni cómo se entregarían los recursos.
Por su parte, Marco Sierra recordó que el reconocimiento de este tipo de pensión ya se encuentra contemplado en la Constitución federal y pidió precisar cómo garantizaría Guanajuato ese derecho.
¿Alcanza una pensión para vivir con discapacidad?
Marco Antonio Marván Cabrera, quien utiliza silla de ruedas a consecuencia de una lesión, compartió algunos de los gastos que enfrenta diariamente.
Explicó que necesita un cojín especializado para prevenir lesiones por presión, cuyo costo puede alcanzar varios miles de pesos.
Su testimonio buscó ejemplificar por qué las necesidades económicas de una persona con discapacidad pueden ser mayores que las de otros ciudadanos con ingresos similares.
Como referencia, la pensión federal para personas con discapacidad es de 3 mil 300 pesos bimestrales durante 2026, según la información presentada en la consulta.
Sin embargo, la iniciativa estatal discutida todavía no establece una cantidad específica.
El diputado de Morena David Martínez Mendizábal defendió la propuesta y recordó que Guanajuato firmó en 2021 un convenio con el Gobierno federal relacionado con estos apoyos.
El legislador sostuvo que dicho compromiso no se ha cumplido en los términos esperados.
También aclaró que establecer una pensión no debe sustituir las obligaciones del Estado en materia de salud, educación y cuidados.
Salud y transporte: otras deudas pendientes
Los participantes también denunciaron dificultades para acceder a servicios médicos especializados.
María Guadalupe Torres, de Celaya, señaló problemas relacionados con la atención a personas con autismo y la falta de claridad sobre las instituciones que deben ofrecer determinados servicios.
Otros asistentes cuestionaron los requisitos para acceder a tratamientos y la disponibilidad de atención adecuada para distintas condiciones.
En materia de movilidad, Marco Antonio Marván denunció que el transporte público del estado presenta importantes limitaciones para personas usuarias de sillas de ruedas.
La falta de unidades accesibles, explicó, restringe la posibilidad de realizar actividades cotidianas sin depender de otras personas.
Estas dificultades no solamente afectan los traslados por motivos de salud o trabajo, sino también el acceso a espacios culturales, recreativos y comerciales.
Exigen resultados, no solamente consultas
Otra preocupación surgió por la falta de seguimiento a ejercicios anteriores de participación ciudadana.
Lilia Franco, originaria de León, cuestionó que las personas que participaron en consultas previas no hayan recibido información suficiente sobre sus resultados.
Su señalamiento abrió una pregunta sobre la utilidad de estos espacios cuando no se informa qué propuestas fueron incorporadas a las decisiones públicas.
La diputada Miriam Reyes Carmona, presidenta de la Comisión de Turismo, destacó la importancia de escuchar directamente a quienes enfrentan barreras para desplazarse y acceder a los servicios.
No obstante, los testimonios evidencian que las personas con discapacidad esperan que las propuestas se traduzcan en cambios verificables.
La inclusión debe sentirse en las calles
Las denuncias reflejan que la accesibilidad continúa siendo una tarea pendiente en Guanajuato.
Una rampa mal diseñada, una banqueta obstruida o un transporte inaccesible pueden representar obstáculos para estudiar, trabajar, acudir a una consulta médica o disfrutar de los espacios públicos.
Mientras el Congreso discute iniciativas relacionadas con turismo y apoyos económicos, los ciudadanos piden que sus necesidades sean consideradas desde el diseño de las políticas públicas.
El reto no consiste únicamente en reconocer los derechos de las personas con discapacidad, sino en garantizar las condiciones para ejercerlos con autonomía, seguridad y dignidad.
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