Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), confirmó la construcción de seis centros penitenciarios en Sinaloa, Nayarit, Estado de México, Chiapas, Veracruz y Sonora, que proporcionarán un total de 18 mil 480 espacios. La decisión se toma tras los incidentes violentos ocurridos en el penal El Castillo, en Mazatlán, donde la semana pasada se reportaron 12 muertes y varios heridos, atribuidos a conflictos entre organizaciones criminales.
García Harfuch indicó que, bajo las instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum, se iniciará la construcción de un nuevo centro penitenciario en Sinaloa con capacidad para 2 mil 640 internos. Este penal contará con infraestructura moderna y sistemas de vigilancia mejorados, además de condiciones que busquen optimizar su control y operación.
El titular de la SSPC destacó que, mientras avanza el proyecto, el Centro Penitenciario de Mazatlán recibe refuerzos de la Guardia Nacional y personal de la Secretaría de Seguridad y del sistema de prevención y reinserción social. En la conferencia «La Mañanera», García Harfuch mencionó que los nuevos centros tendrán características de alta seguridad, incluyendo tecnología avanzada para monitoreo y clasificación de los reclusos, basadas en su perfil y nivel de riesgo.
Se busca instaurar un control efectivo sobre estos centros para prevenir que las organizaciones criminales operen desde el interior y para contribuir a la reducción de la violencia y la impunidad. El nuevo modelo también se enfoca en mejorar la reinserción social, proporcionando educación, capacitación laboral y atención en salud.
Las condiciones en el penal El Castillo han sido objeto de denuncias por malos tratos y falta de protección a los reclusos, según reportes de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa (CEDH). Este organismo señaló que en 2024 se registraron cuatro quejas y que en los años subsecuentes, hasta la fecha, esta cifra se ha triplicado. Un incidente específico ocurrido el 2 de octubre de 2024 evidenció la omisión de las autoridades en brindar medidas de protección efectivas.