La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó ante el Congreso de la Ciudad la iniciativa de Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles. Este proyecto de ley establece que el aumento anual de las rentas no podrá exceder el índice inflacionario reportado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y plantea un marco de sanciones para quienes incumplan esta normativa.
De ser aprobada, la legislación definirá derechos y obligaciones para arrendatarios y arrendadores. Los propietarios deberán garantizar que el incremento anual en el precio de la renta, independientemente del cambio de arrendatario, no supere la inflación correspondiente al año anterior, según lo indicado por el Inegi.
En caso de violaciones a esta disposición, el texto estipula multas que oscilan entre 100 y 400 veces las Unidades de Medida y Actualización (UMA) vigentes. La iniciativa también establece procedimientos para arrendatarios que reciban propuestas de renovación con montos no autorizados.
Si al término del contrato el propietario exige una suma superior a la permitida, el inquilino tendrá la opción de pagar la última renta más el incremento permitido según la inflación. Esta acción llevará a la prórroga automática del contrato por un año adicional.
La propuesta incluye mecanismos de restitución para los arrendatarios que hayan pagado rentes superiores a lo permitido, permitiendo la exigencia de reembolso por cantidades pagadas que excedan el aumento anual autorizado.
Además, los propietarios deberán establecer un precio único de renta, excluyendo costos de mantenimiento y servicios previamente pactados. También tendrán que inscribir los contratos en un nuevo Registro Digital de Contratos de Arrendamiento Habitacional, administrado por la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP). Este registro documentará información básica sobre el contrato, incluyendo ubicación del inmueble y condiciones de renta.
La iniciativa incluye la creación de la Defensoría de las Relaciones Inquilinarias, que estará adscrita a la Procuraduría Social. Este organismo se encargará de asesorar, sancionar y asegurar el cumplimiento de la ley entre contratos de arrendamiento.
Finalmente, se contempla la formación del Gabinete de Acompañamiento Social ante Desalojos, liderado por el Secretario de Gobierno. Este gabinete se encargará de identificar casos de riesgo social relacionados con desalojos y coordinará acciones institucionales para ofrecer vías de conciliación antes de llevar a cabo cualquier desalojo.