El exjefe del Centro Nacional de Inteligencia, Audomaro Martínez Zapata, enfrenta una investigación por su presunta conexión con una red de tráfico de combustible ilegal. Esta situación se desarrolla en el contexto de las conexiones criminales en León, que podrían impactar la seguridad y la economía local. La indagatoria es liderada por el gobierno de Estados Unidos, el cual lo vincula como un facilitador estratégico para la organización criminal encabezada por Joaquín Israel Arzate Rodríguez.
La reciente averiguación detalla que Martínez, cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador, ocultó su declaración patrimonial hasta 2029. Sin embargo, ha surgido información sobre su familia, quien creó empresas que han recibido contratos federales en medio de vínculos con el tráfico de combustible y el conocido huachicol. Estas empresas, entre ellas Sedregal, han sido objeto de análisis, ya que habrían obtenido importantes condonaciones fiscales durante el gobierno anterior.
A lo largo del sexenio, la familia de Martínez estableció múltiples compañías de comercialización de combustibles que operaron en varios estados, coincidiendo con el aumento del robo de combustible a Pemex. La relación de Martínez con figuras del crimen organizado, como Sergio Carmona, ha sido motivo de scrutinios, especialmente después del asesinato de este último, tras su supuesto financiamiento a campañas políticas.
En April, la Fiscalía General de la República informó sobre la localización de un punto de almacenamiento ilegal en Cadereyta, Nuevo León, donde se aseguraron más de un millón de litros de combustible. Este hallazgo destaca la operación del Cártel de Cadereyta, relacionado con Joaquín Arzate Rodríguez, quien también tiene conexiones con empresas que facilitan el tráfico de combustible.
La investigación revela que la red operante puede estar vinculada a una empresa de logística, que emplea documentación falsa para el traslado de combustible ilegal. Diversas compañías fachada han sido identificadas, implicadas en el blanqueo de capitales a través de actividades de adquisición inmobiliaria y facturación simulada.
Entre las muchas empresas mencionadas está la constructora ligada a Emilio Pérez Ojeda, un detenido por delitos relacionados con la salud y considerado operante dentro del cártel. Los operativos de la red abarcan Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, abasteciendo gasolineras en zonas críticas del país.
Las investigaciones siguen su curso y podrían llevar a detectar a aquellos que, beneficándose de esta red, ocasionan un impacto en la seguridad y el orden público, resaltando cómo figuras como el general Martínez podrían estar involucradas a niveles alarmantes en estas actividades ilícitas.