La detención del exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, por acusaciones de traición a la patria, ha desencadenado un intenso debate sobre las implicaciones políticas de este acontecimiento en un contexto electoral. La presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado la idea de que dicha acción sea el resultado de un pacto con la gobernadora Maru Campos, enfatizando que «la justicia está por encima de la política». Esta declaración se produce en un entorno donde la dinámica entre las instituciones y los actores políticos se encuentra en un delicado equilibrio.
El operativo que llevó a la captura de Jáuregui involucró agentes de seguridad estadounidenses sin la autorización del gobierno federal, lo que ha generado una oleada de especulaciones sobre la cooperación entre diferentes niveles de gobierno y la posibilidad de un consenso partidista. Desde el entorno cercano a Jáuregui, afirman que Campos lo «traicionó», a pesar de una relación que se había forjado a lo largo de décadas. Medios como Latinus han comenzado a sugerir que podría haber existido un acuerdo político entre la gobernadora y la presidenta, estableciendo un nexo entre su reciente encuentro en el aeropuerto de Chihuahua y la detención.
Maru Campos se ha pronunciado sobre este incidente, y el silencio que ha seguido a los enfrentamientos verbales previos entre ella y Sheinbaum ha dado lugar a la percepción de que el arresto de Jáuregui ha modificado la narrativa política en el estado. En respuesta a estas alegaciones, la presidenta reiteró que «nosotros no hacemos pactos políticos con la justicia», argumentando que la investigación originó en la fiscalía local y extendiéndose a la fiscalía federal tras el operativo en el que se registraron cuatro muertes.
Sheinbaum ha dejado claro que corresponde a la fiscalía aportar los detalles necesarios respecto a la investigación y reafirmó que Jáuregui habría violado la Ley de Seguridad Nacional, normativa que regula la interacción entre las autoridades estatales y las agencias internacionales. Este caso refleja las complejidades de la política de seguridad en México y la tensión inherente entre las decisiones gubernamentales y las implicaciones que tienen en el aparato democrático.