León.- La reciente modificación al Reglamento de Adquisiciones del Municipio de León busca incrementar la transparencia y el control sobre los proveedores, de acuerdo con lo declarado por los síndicos Román Cifuentes Negrete y Ma. Esther Santos de Anda. Estos cambios, aprobados en la Sesión de Ayuntamiento del 8 de octubre, tienen un impacto directo en la forma en que se gestionan los contratos y servicios en la ciudad, lo que podría afectar tanto la economía local como los procedimientos de licitación.
La reforma incluye la identificación del beneficiario controlador, es decir, de las personas que operan las empresas, y exige la georreferenciación de las direcciones de los proveedores. También establece la necesidad de llevar a cabo verificaciones físicas de las instalaciones y del personal dado de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). La intención es evitar la creación de empresas fachada que no cumplen sus obligaciones fiscales y que son utilizadas para simular operaciones comerciales.
Los síndicos explicaron que estas medidas están alineadas con la legislación federal que se ha implementado para evitar la evasión fiscal mediante empresas fantasma. Santos de Anda agregó que estos controles permitirán asegurar que las empresas que contraten con el municipio realmente cumplan con los estándares requeridos y tengan la infraestructura adecuada para prestar sus servicios.
Las nuevas exigencias también incluyen la verificación del pago del impuesto de nómina, lo que permitirá mayor claridad y certeza sobre la situación fiscal de los proveedores. Esta normativa, sin embargo, no contempla la asignación de un presupuesto específico para realizar las verificaciones que puedan llevarse a cabo fuera de León.
Cifuentes Negrete subrayó la importancia de que se asignen recursos presupuestales para las verificaciones, a fin de poder confirmar la existencia y capacidad de los proveedores en el lugar donde se les contrate. Esto es un paso esencial para prevenir irregularidades en el uso de recursos públicos.
Adicionalmente, se ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por presuntos delitos relacionados con empresas fachada que obtuvieron contratos del municipio, tras investigaciones que revelaron el uso de identidades de personas vulnerables para la creación de estas entidades.
Los casos más destacados incluyen a Office and Publicity MDF S. de R.L. de C.V., con contratos por más de 7 millones de pesos, y Centro Publicitario y de Marketing TLGR SAPI de C.V., con contratos que superan los 11.9 millones de pesos.
La clave de estas reformas es la garantía de que las empresas que trabajan con el municipio existan físicamente y puedan cumplir con sus obligaciones. Cifuentes Negrete y Santos de Anda esperan una resolución efectiva de las investigaciones a cargo de la contraloría municipal y la Fiscalía, en un esfuerzo por asegurar la rendición de cuentas y la ética en la administración pública.