La senadora Virginia Magaña Fonseca ha presentado un exhorto en el Senado de la República para exigir transparencia en la asignación de recursos del programa social Tocando Corazones del Gobierno de Guanajuato. El llamado surge tras la publicación de un reportaje que señala la existencia de 22 organizaciones buscando financiamiento por 191 millones de pesos, con vínculos a funcionarios y exfuncionarios del Partido Acción Nacional (PAN).
La Secretaría del Nuevo Comienzo, que gestiona este programa, ha facilitado información donde se indica que en convocatorias anteriores se financiaron proyectos que incluían despensas y otros recursos similares. Según Magaña, hay razones suficientes para demandar explicaciones sobre estos vínculos y la manera en que se asignan los recursos públicos, enfatizando que el artículo 134 de la Constitución prohíbe el uso discrecional de fondos públicos en favor de partidos políticos.
A través de su exhorto, la senadora solicita a la Secretaría del Nuevo Comienzo delinear claramente los criterios de asignación y a la Secretaría de la Honestidad llevar a cabo las investigaciones pertinentes. También se requiere al Congreso local promover una auditoría al programa y a la gobernadora garantizar la protección electoral de estos recursos públicos.
Magaña ha cuestionado la reacción de la administración estatal tras las investigaciones periodísticas, señalando que aunque se anunciaron cambios para el programa en 2027, no se han propuesto medidas específicas para asegurar la transparencia de los recursos disponibles en el presente año.
En otro ámbito, la diputada María Eugenia García Oliveros, de Morena, ha presentado una iniciativa para reformar la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Guanajuato. Su propuesta busca establecer medidas que eviten el uso inadecuado de los programas sociales en procesos electorales, incluyendo la prohibición de operar programas sin reglas claras durante las campañas.
La diputada recordó que en ocasiones anteriores se han utilizado programas sociales de forma electoral, lo que motiva la necesidad de implementar nuevas regulaciones para proteger la integridad del proceso electoral. La iniciativa fue presentada en un contexto de creciente preocupación sobre el manejo de recursos públicos y su posible utilización con fines políticos.
Ambas iniciativas subrayan la urgencia de un debate sobre la transparencia en la administración de recursos sociales en el estado y la vigilancia necesaria para evitar que la asistencia social se convierta en una herramienta electoral.