El Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato (TEEG) determinó que no existe evidencia de violencia política contra la mujer en el caso de la regidora de Purísima del Rincón, Dora Delia Fonseca Muñoz. La resolución se refiere a la denuncia presentada por la regidora el 20 de abril de 2026, donde se señalaba a los ediles Héctor Raúl Pérez Guzmán y Mónica Guadalupe López Hernández, así como publicaciones en redes sociales que cuestionaban su desempeño.
El expediente TEEG-PES-19/2026, concluido el 28 de octubre de 2026, señaló que no se encontraron elementos que demuestran que las críticas estaban motivadas por razones de género o que afectaran los derechos político-electorales de la funcionaria por su condición de mujer. El Tribunal analizó actas y grabaciones de sesiones municipales, así como publicaciones de Facebook donde se manifestaron cuestionamientos sobre su parentesco con el tesorero municipal, Héctor Muñoz Porras, y se discutieron presuntos conflictos de interés.
Entre las publicaciones examinadas se incluyó una del 12 de noviembre de 2025 que hacía alusión a irregularidades en la administración municipal, la cual había sido objeto de una medida cautelar por parte de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Sin embargo, el TEEG concluyó que las expresiones contenidas en dicha publicación no configuraban violencia política de género, al no encontrar elementos suficientes que indicaran que las críticas se dirigían a ella exclusivamente por ser mujer.
El Tribunal aclaró que las críticas hacia una funcionaria no son constitutivas de violencia política de género a menos que se demuestre que se dirigen de manera diferenciada hacia ella por su condición de mujer. Las detalladas críticas en este caso fueron consideradas parte del escrutinio público al desempeño de la regidora y no se evaluó que representaran un impacto desproporcionado ni reprodujeran estereotipos de género.
La regidora no ha informado si impugnará la resolución, aunque tiene la opción de hacerlo conforme a la legislación electoral vigente, que contempla medios de impugnación para estos casos estipulando requisitos y plazos específicos.