Inés Gómez Mont ha solicitado un amparo ante la justicia federal de Estados Unidos con el fin de obtener su liberación. La expresentadora permanece detenida en el Broward Transitional Center, en Florida, desde la semana pasada. Su defensa busca dejar sin efecto la medida de custodia mientras enfrenta múltiples acusaciones por parte del Gobierno de México, que incluyen evasión de impuestos, desvío de recursos públicos, delincuencia organizada y lavado de dinero, con un monto presunto de fraude que asciende a alrededor de 3 mil millones de pesos.
El caso ha captado la atención pública debido a los antecedentes judiciales de la conductora. Gómez Mont se encuentra en un proceso migratorio tras haber estado prófuga de la justicia mexicana desde 2021. Su defensa ha presentado este recurso legal para que un tribunal federal revise las condiciones de su encierro y determine la posibilidad de su liberación en el corto plazo.
Según la base de datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), su ingreso al centro migratorio tuvo lugar el pasado sábado. Las autoridades estadounidenses no han proporcionado información adicional sobre su situación migratoria en la actualidad. Su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, también se encuentra bajo custodia en Miami desde septiembre de 2025, enfrentando un procedimiento migratorio con una audiencia programada para noviembre.
La Fiscalía General de la República (FGR) de México mantiene una solicitud de detención provisional con fines de extradición contra Gómez Mont. Las autoridades mexicanas están llevando a cabo los trámites para formalizar esta petición ante la justicia de Estados Unidos. En una declaración realizada en septiembre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó a la pareja como «factureros reconocidos», aludiendo a su supuesta implicación en la venta de facturas falsas para evadir impuestos.
La retirada de las fichas rojas de Interpol contra ambos en 2021 generó malestar en el Gobierno de México, que ha iniciado acciones para reactivar estas alertas y facilitar su captura. El futuro legal de Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga dependerá del resultado de las resoluciones de las autoridades estadounidenses, lo que determinará si enfrentarán cargos en México. La evolución de este caso continúa siendo objeto de interés público en el país.